|
 Introducción. Los Presidentes o Ministros de Corte son tribunales unipersonales y accidentales que ejercen sus facultades conociendo, en primera instancia, de los asuntos que las leyes les encomienda. |
|
Naturaleza. Son designados nominativamente por la ley y unidos al cargo que se desempeña (en el caso del Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Presidente de la Corte Suprema), o según un turno (en el caso del Ministro de la Corte de Apelaciones y del Ministro de la Corte Suprema). Su territorio jurisdiccional coincide con el de la Corte a la que pertenecen. Estos tribunales existen, pese a que la ley ha otorgado la plenitud de la competencia en primera instancia a los Jueces de Letras, sólo por consideraciones que dicen relación con la naturaleza de ciertos asuntos (fuero real), o con la calidad o estado de las personas que figuran como partes o tienen interés en determinados asuntos (fuero personal). |
Clases. 1.-El Presidente de la Corte Suprema: conoce de las causas sobre amovilidad de los ministros de la Corte de Apelaciones; de las demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros o fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones; y de las causas de presas y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho internacional. 2.-El Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago: conoce de las causas sobre amovilidad de los Ministros de la Corte Suprema); y de las demandas civiles que se entablan contra uno o más miembros de la Corte Suprema) o contra su fiscal judicial para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones. 3.-Un Ministro de la Corte Suprema: conoce de las causas que se promovieren entre la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo (COVENSA) y las empresas adheridas a ella; de los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos, cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado; y de la extradición pasiva. 4.-Un Ministro de Corte de Apelaciones: conoce de las causas civiles en que sean parte o tengan interés ciertas autoridades políticas, y diplomáticas; y de las demandas civiles que se entablen en contra de los jueces de letras para hacer efectiva la responsabilidad civil resultante del ejercicio de las funciones ministeriales. |
En la actualidad los Ministros de Corte de Apelaciones en visita extraordinaria, en los Juzgado de Letras, todavía están conocimiento y juzgando en primera instancia las causas sobre violaciones a los Derechos Humanos para el periodo del Gobierno Militar de Fuerzas Armadas y Carabineros, se tramitan bajo el antiguo régimen procesal, regido con el Código de Procedimiento Penal. |
En la actualidad los Ministros de Corte de Apelaciones en visita extraordinaria en los Juzgados del Crimen. |
Un balance más general. En cuatro décadas desde 11 de Septiembre del 73, apenas el 23,2% de las causas de personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuenta con sentencia definitiva ejecutoriada, y solo en 140 casos, de 1.169 víctimas de desaparición forzada, se ha establecido el destino final e identificado sus restos. Otras 1.459 causas por violaciones a los derechos humanos continúan en tramitación por la antigua justicia, a través de ministros en visita. Por eso, cada vez que alguien alabe los “avances” de la justicia transicional en Chile, hay que volver a recordar esta realidad omitida, hay que volver a señalar los obstáculos conservados o impuestos al inicio de la transición, y desde entonces presentados como el marco inamovible de “lo posible”. Por ejemplo Herminia Antequera Latrille, quien murió el 30 de octubre de 2020 a los 90 años de edad. La mitad de su vida la pasó exigiendo justicia y saber sobre sus hijos Jorge Elías y Juan Carlos Andrónico, desaparecidos durante el gobierno militar. La mitad de una vida. Un mes después de su muerte, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, hizo retroceder, aún más, la limitada justicia alcanzada hasta ahora, absolviendo a 61 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenados en primera instancia por el ministro Hernán Crisosto, y rebajando las condenas a los demás hasta el punto que ninguno de ellos irá a la cárcel por este proceso. De la suerte corrida por los dos hijos de Herminia y las otras 14 víctimas, los tribunales no aportaron nada sustantivo que ya no supiéramos. En suma, para las víctimas no ha habido ni justicia. La historia judicial seguramente reconocerá esta sentencia como una de las más aberrantes y vergonzosas de gobierno concertación. Hay que recordar los nombres de sus autores: Juan Cristóbal Mera, Mireya López y Jaime Guerrero Pavez. Pero esa vergüenza, si es que pudieran experimentarla, debería alcanzar también a todos quienes han practicado diversas formas de complicidad y proporcionado protección y encubrimiento a los agentes del Estado responsables de los crímenes, civiles y militares. Después de la feroz represión de los últimos meses de 1973, 1974 fue el periodo en el cual la dictadura secuestró e hizo desaparecer al mayor número de personas. En ese momento se agudizó el rechazo y la presión internacional ante las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Ello, sumado a la inminente visita a Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, empujó a la DINA a buscar formas de negar esos hechos y neutralizar la presión. La Operación Colombo. La Operación Colombo consistió en la publicación, en julio de 1975, de dos listas, una en una revista argentina y la otra en un periódico brasileño, que incluían los nombres de 119 personas chilenas que habían muerto en el extranjero producto de disputas internas o en enfrentamientos con las fuerzas policiales de diversos países. El plan de la DINA era difundir nuevas listas, pero se frustró por las denuncias que se hicieron públicas a los pocos días, poniendo en evidencia que se trataba de una vasta y compleja operación de inteligencia. La prensa nacional tuvo un rol protagónico como caja de resonancia de la información falsa generada desde la DINA. Por esa complicidad, en 2006, el Colegio de Periodistas condenó las faltas a la ética profesional de El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias y La Tercera. La respuesta fue un complejo montaje comunicacional conocido después como Operación Colombo, según la jerga de la DINA. Esta consistió en la publicación, en julio de 1975, de dos listas, una en una revista argentina y la otra en un periódico brasileño, que incluían los nombres de 119 personas de nacionalidad chilena que, según las publicaciones periodísticas, habían muerto en el extranjero producto de disputas internas o en enfrentamientos con las fuerzas policiales de diversos países. El número 119 correspondía, aproximadamente, a la mitad del total de personas detenidas desaparecidas, entre mayo de 1974 y febrero de 1975, por quienes se había presentado un recurso de amparo colectivo, entre otras acciones judiciales. El plan de la DINA era difundir nuevas listas, pero este se frustró debido a las denuncias que se hicieron públicas a los pocos días, poniendo en evidencia que se trataba de una vasta y compleja operación de inteligencia iniciada en febrero de 1975 y finalizada en julio con la publicación de las listas. Esta no fue la única operación de este tipo, pero sí la más masiva, que provocó más reacciones nacionales e internacionales, y que movilizó más personal y recursos represivos en Chile, involucrando también a funcionarios civiles. En el exterior, la DINA contó con la colaboración activa de las representaciones diplomáticas chilenas, así como de las autoridades y servicios represivos de Argentina y Brasil. La prensa nacional tuvo un rol protagónico como caja de resonancia de la información falsa generada desde la DINA. Por esa complicidad, en 2006, el Colegio de Periodistas de Chile condenó las numerosas faltas a la ética profesional de los diarios El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias y La Tercera. Numerosos detenidos que habían permanecido con las personas nombradas en las listas, en recintos de detención y tortura como Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venda Sexy, entregaron entonces su testimonio ante la justicia. Y lo siguieron haciendo hasta ahora. Incluso, cien prisioneros del campo de detenidos Melinka de Puchuncaví iniciaron una huelga de hambre exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de la situación de los 119. No obstante los numerosos testimonios entregados en la época, en la inmensa mayoría de los casos, los tribunales no investigaron y sobreseyeron, amnistiaron o traspasaron las causas a la justicia militar. Salvo excepciones, tampoco avanzaron significativamente en las investigaciones durante los años siguientes, cuando muchas causas pudieron ser reabiertas gracias a la porfía de los familiares y abogados, y a la coyuntura abierta por la detención de Pinochet en Londres. Esta causa comenzó en 1998, agrupó a 60 de los casos de la lista de los 119, y tuvo una larga y azarosa historia, a cargo de sucesivos ministros investigadores que emitieron fallos por grupos de víctimas. La labor más relevante fue la desarrollada por el ministro Víctor Montiglio, quien, en 2008, llevó a cabo un masivo procesamiento nunca antes visto, con 98 agentes acusados, incluyendo por primera vez no solo a oficiales sino también a guardias y funcionarios civiles. Esta decisión fue sustentada en la necesidad y pertinencia de investigar a “todos quienes habían tenido participación en los cuarteles de la DINA”, según sus propias palabras. El objetivo era dar cuenta de todo el aparato de terror que operó para el exterminio de la oposición a la dictadura. Para ello, fueron decisivos los numerosos testimonios que permitieron establecer que entre quienes detenían, torturaban y abusaban sexualmente como forma de violencia política, también había guardias o personal subordinado que, durante largo tiempo, habían aparecido como desprovistos de toda responsabilidad en los crímenes. Con Montiglio pareció terminar el tiempo de la investigación y sanción siempre reducida a los cuatro o cinco acusados de siempre, pertenecientes a la plana mayor de la DINA. Debido al fallecimiento de Montiglio en 2011, asumió la causa el ministro Hernán Crisosto, quien falló en forma separada algunos de los casos de los 119, quedando este grupo de 16 víctimas en el llamado “Cuaderno principal” del proceso. Por el secuestro de estas víctimas, en 2017, Crisosto condenó a 106 ex-agentes de la DINA, los mismos que ahora la Octava Sala absolvió o redujo sus penas. El delito perseguido ha sido el secuestro porque en Chile, en 30 años de democracia, aún no se ha tipificado la desaparición forzada como delito autónomo, a pesar de las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, y de la prolongada tramitación en el Congreso de un proyecto de ley relacionado. Esto da cuenta de la nula prioridad asignada al tema e, incluso, de una cierta forma de negacionismo. El relato de los hechos en el fallo de la Corte de Apelaciones define el periodo en que estos acontecieron como “un contexto histórico de gobierno autoritario de corte militar”, rebuscada y obscena fórmula utilizada solo para evitar definir a la dictadura como dictadura, precaución que revela el lugar desde el cual hablan estos jueces. El fallo es notable también por la perversidad de la argumentación. Algunos de los párrafos pretenden ser elevadas reflexiones: “El transcurrir del tiempo nunca es indiferente al derecho y ciertamente tampoco al derecho penal, incluso en ilícitos de esta naturaleza, pues jamás será lo mismo juzgar un hecho ocurrido en el presente a unos sucedidos hace más de cuarenta y cinco años, como los de la especie”. Pero la conclusión, en lugar de reconocer que toda justicia tardía es injusta, sobre todo si tarda más de cuatro décadas, es una burda justificación de la impunidad, puesto que se afirma que el paso del tiempo puede ser una circunstancia atenuante de crímenes de lesa humanidad, omitiendo, por lo demás, que dicha tardanza ha sido producto de la propia desidia de la justicia. Asimismo, la Octava Sala reitera el argumento de una “irreprochable conducta anterior” de agentes del Estado que cometieron sistemática y reiteradamente crímenes que provocan espanto, por los que muchos de ellos han sido condenados, crueles torturas con frecuente connotación sexual, especialmente contra las mujeres, asesinatos, desapariciones, destrucción de los cuerpos o lanzamiento de ellos al mar. A pesar de todo esto, los jueces afirman en el fallo que “todos los acusados gozan de irreprochable conducta anterior, pues sus respectivos extractos de filiación y antecedentes, a la época de comisión de los ilícitos de autos, carecían de anotaciones”. ¿Podrían haber tenido anotaciones si siempre actuaron bajo el amparo del Estado, siguiendo instrucciones de las más altas autoridades del país, tal como lo han establecido los propios tribunales? Contradiciendo el criterio del juez Montiglio, los actuales ministros de la Octava Sala han exigido unos estándares de autoría y complicidad sorprendentes. Según ellos, los guardias y oficiales que cumplieron funciones en varios recintos habilitados para detener, torturar y desaparecer, que estaban en permanente contacto con las personas detenidas, registraban los ingresos y traslados, conducían a las víctimas a los interrogatorios y, en ocasiones, les llevaban comida, no pueden ser calificados ni siquiera como cómplices. Estas funciones no implican para los jueces responsabilidad penal y argumentan así:
|
17-abril-2021 |
 Mario Rolando Carroza Espinosa (Santiago, 14 de abril de 1951) es un profesor y abogado chileno. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de Chile, siendo además ministro en visita de diversas causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Desde el 31 de diciembre de 2020 es ministro de la Corte Suprema de Chile. Biografía Carroza creció en una familia de comerciantes de la Vega Central, en el sector norte de Santiago. Sus primeros estudios los hizo en Filosofía en el Instituto Pedagógico de Valparaíso, y luego se matriculó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, recibiéndose de profesor de filosofía. Paralelamente, comenzó a estudiar derecho en la noche, en la misma universidad. Ingresó al Poder Judicial el año 1977 y, desde entonces, ha ejercido diversos cargos, entre los que destacan su labor de juez del segundo Juzgado de Letras de Puente Alto en 1984; relator de la Corte de Apelaciones de San Miguel en 1987; juez del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, del Sexto Juzgado Civil de Santiago y del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago entre la década de 1990 y de 2000; fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2002; y ministro de la misma desde 2007. En 2010, el expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz lo nombró ministro en visita extraordinario para esclarecer casos de violaciones a los derechos humanos, investigando causas emblemáticas como el caso Caravana de la Muerte (donde procesó en calidad de cómplice al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre), el caso Pisagua, el caso Quemados, la Operación Cóndor en Chile y las adopciones ilegales ocurridas en dictadura; así como la muerte de Salvador Allende, de Pablo Neruda, de Alberto Bachelet y de Eduardo Frei Montalva. El magistrado Carroza, además está encargado de investigar los delitos perpetrados por grupos subversivos en la primera mitad de la década de 1990, incluyendo la investigación del asesinato de Jaime Guzmán, por lo cual pidió la extradición a Chile desde Brasil de Mauricio Hernández Norambuena. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Magistrados durante dos periodos: entre los años 2000 y 2002, y entre los años 2006 y 2008. En el plano académico, Carroza ha ejercido la docencia como profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Escuela de Carabineros y se ha desempeñado como director académico y consejero del Instituto de Estudios Judiciales "Hernán Correa de la Cerda"; además de haber sido profesor en la Academia Judicial de Chile y monitor de clínicas judiciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tras haber sido nominado como integrante para la Corte Suprema en diversas oportunidades, finalmente fue confirmado por el Senado para acceder a la máxima magistratura como ministro en 2020 en reemplazo de Lamberto Cisternas, jurando en el cargo el 31 de diciembre de ese año. |
Ministro Mario Carroza realiza balance de casos de DDHH: “Tenemos alrededor de 1400 causas vigentes” Enero 9, 2023 El ministro de la Corte Suprema y coordinador de causas de derechos humanos, Mario Carroza Espinosa, aseguró que la Corte Suprema tiene el compromiso de seguir hasta el final con todas las causas que investigan violaciones de derechos humanos. La autoridad hizo un balance del año 2022 y reiteró la postura del máximo tribunal del país y de todo el Poder Judicial:
El ministro de la Corte Suprema y coordinador de causas de derechos humanos, Mario Carroza Espinosa, aseguró que la Corte Suprema tiene el compromiso de seguir hasta el final con todas las causas que investigan violaciones de derechos humanos en el período de 1973-1990. La autoridad hizo un balance del año 2022 y reiteró la postura del máximo tribunal del país y de todo el Poder Judicial: “Nosotros estamos con un compromiso, intensificar esto que se ha ido perfeccionando en el tiempo con ministros muy comprometidos, viendo la forma como se puede hacer más eficiente la investigación, conversando con las entidades que están vinculadas, establecer dónde pueden estar también los retrasos en investigaciones, pero que nosotros vamos a seguir hasta el final”. “Hay un compromiso de la Corte Suprema, de toda la Corte Suprema en el sentido de que este es un proceso que no se detiene, las personas pueden pasar, pueden continuar, pueden insertarse en ello, pero el proceso se mantiene hasta que se resuelva y pueda realizarse toda la labor que en alguna manera debiésemos haber comenzado hace muchos años atrás y que estamos como poco tarde, pero que no por eso no lo podemos llegar a concretarla”, estableció. El Ministro Carroza informó que actualmente existen 17 ministros de cortes de Apelaciones de todo el país investigando causas por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 con un total de 1.463 procesos por delitos, tales como secuestros calificado, homicidios, aplicación de tormentos, entre otros. En las Cortes de Apelaciones existen pendientes de revisión un total de 34 causas, ya sea por apelaciones de sentencias definitivas o consultas de sobreseimientos de causas. “Nosotros tenemos alrededor de 1400 causas vigentes y que siguen ingresando, donde fundamentalmente ya los casos de desapariciones están prácticamente fallados. Hay algunos elementos que considerar, como las inhumación, exhumación y que estamos trabajando en ese sentido y eso ha generado otro proceso, pero en el fondo ya estamos en el periodo de terminar las causas por los ejecutados que comenzaron en el 2010, 2011”, explicó.
El ministro Carroza recordó que la Corte Suprema, en específico la Segunda Sala, tomó medidas para para poder acelerar la lista de causas en espera, lo que ha tenido buenos resultados este año. En la Corte Suprema hay pendientes un total de 151 causas por violaciones a los derechos humanos. De ellas 15 se encuentran en acuerdo o fase de redacción de sentencia; 31 en tabla y con relator designado; 101 con autos en relación y sin relator designado; 1 recurso desistido con relator designado; y 3 para dar cuenta de admisibilidad. Vinculación con la comunidad Una de las características del trabajo en derechos humanos del Poder Judicial ha sido la difusión, la vinculación y la explicación a la comunidad. Es así como se transmiten las audiencias por el canal de Televisión del Poder Judicial y el ministro Carroza y los ministros en visita realizan permanentemente reuniones con la comunidad organizada. “Tenemos que estar en contacto con ellos, pero además también con la opinión pública, dando a conocer qué es lo que se está haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué forma lo estamos haciendo y en qué estamos. Podríamos fallando de tal manera que también ellos son los críticos de nosotros, que podría decir bueno, esto se está tardando demasiado, o como ocurrió con lo de la segunda sala”. Plan Nacional de Derechos Humanos El Poder Judicial ha tenido una activa participación en Plan Nacional de Derechos Humanos. El ministro Carroza destacó la firma del protocolo para los procedimientos de hallazgos de osamentas y diferentes actividades de difusión y vinculación. “Dentro de la etapa que este plan de objetivos, nosotros estamos considerados, involucrados. Nosotros tenemos los elementos, la parte, lo básico, tenemos el elemento original, que son los procesos y nos permite entonces poder llevar adelante todo este tipo de actividades”. Por último, y resaltó que la institución avanza en la creación de una secretaría de derechos humanos del Poder Judicial “En ese sentido estamos elaborando proyectos con el propósito de dar vida a lo que fue en algún momento una estructura que se creó de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte Suprema y con eso entonces iniciar un proceso y una elaboración aparte de más activa de estas acciones” |
 José Cánovas Robles (San Rosendo, 14 de agosto de 1913-Santiago, 22 de febrero de 1992), fue un juez y ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En 1985 fue designado como ministro en visita del caso degollado llevando a proceso a 13 carabineros. Biografía. Hijo de José Cánovas Osorio y Margarita Robles Delgado. Nació en una familia de 8 hermanos. Muy pronto se dedicó a la lectura. Entró a estudiar en la facultad de derecho en la Universidad de Chile de la cual se graduó de abogado. Ingresa como juez de Angol, en 1942. Se desempeñó con esmero hasta su designación como ministro de la corte de apelaciones de Concepción en 1965. Posterior a ello, llevó una labor prístina en su judicatura, por cuanto la corte suprema lo designa en 1972 ministro en la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago. En abril de 1985, la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile, lo designó Ministro en visita para llevar adelante la investigación y posterior procesamiento de 13 agentes de carabineros. Todo ello acontecido en el triple secuestro y homicidio de profesionales afines a la izquierda. Aquel caso que lo haría reconocido entre sus pares por su prístino sumario. Fue denominado "Caso degollados". En agosto de 1985 cuando llevó a proceso entre ellos a dos coroneles de la institución de carabineros, desencadeno un revuelo mediático que obligó al director general Cesar Mendoza Duran pasar a retiro. En su cargo se designó en la Junta militar como reemplazante al Gral. Rodolfo Stange. En 1987 la Corte Suprema traspaso la competencia jurisdiccional del caso degollados a la justicia miliar, por lo cual el ministro Canovas, dejaría el caso y posterior a ello se retiraría del poder judicial. Se retiró del ejercicio en 1987, cuando se declaró incompetente ante la justicia militar, que tomó el caso rol 118.284 a su judicatura. Formalmente se despidió del poder judicial en 1989, en una ceremonia donde lanzó su libro “Memorias de un magistrado: 47 años al servicio de la justicia”- Vivió alejado de toda controversia hasta su muerte en febrero de 1992, a la edad de 78 años. |
El rol de José Cánovas. Cuando asumió como ministro en visita del caso Degollados, muy pronto centró sus pesquisas en Carabineros. Como representante de las familias de las víctimas, el abogado Héctor Contreras fue un testigo privilegiado de su trabajo. En esta columna de opinión, afirma que aunque no era un gran investigador, el juez José Cánovas fue tenaz y puso toda su autoridad en el proceso. Además, contó con la colaboración de la Vicaría y, sin desearlo, con la de la CNI. Ningún otro magistrado había tenido tanta información para aclarar un caso de derechos humanos. En Cánovas se inspira, en parte, el juez Eduardo Varela, uno de los personajes clave de la segunda temporada de Los archivos del cardenal. En los últimos meses, la televisión y la radio, así como algunas películas, han logrado traer a la memoria acontecimientos ocurridos durante la dictadura militar, lo que ha permitido valorar a las personas e instituciones que lucharon contra ella, en defensa de los derechos humanos. Uno de los casos más impactantes de los años 80 es, sin duda, el triple degollamiento de José Manuel Parada Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende, los tres militantes comunistas asesinados por la Dicomcar en marzo de 1985. El descaro de los secuestradores –que en el caso de Parada y Guerrero actuaron a plena luz del día, en las puertas de un colegio-, la forma en que los tres fueron ejecutados y la manera en que abandonaron sus cuerpos –en un lugar concurrido, para que los descubrieran rápido- dejaban en evidencia un nuevo escenario: la desesperación del régimen, el desplome moral de los agentes represivos y la existencia de graves fisuras en la conducción centralizada de la represión. Varios antecedentes se habían acumulado en esa línea. Uno de ellos eran las crecientes jornadas de protesta nacional, iniciadas en 1983 y que el régimen no lograba aplacar, ni siquiera sacando 18.000 hombres del Ejército a la calle. En ese contexto Andrés Valenzuela, un ex agente de una de las agrupaciones antisubversivas que operaron contra el Partido Comunista, entregó en agosto de 1984 su testimonio a la Vicaría de la Solidaridad. Estando en servicio activo en la FACH, Valenzuela desertó y reveló valiosa información sobre la muerte y desaparición de decenas de personas, además de datos sobre sus victimarios, antes de ser sacado del país para proteger su vida. Un “recado” para el PC Dos episodios hicieron creer a los aparatos represivos que el Partido Comunista estaba detrás de la deserción de Valenzuela, que sin duda fue un duro golpe para ellos. El primero es que parte del testimonio inédito del agente se filtró y salió a la luz en un periódico de Caracas, en diciembre de 1984. Varios años antes, los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet habían detectado en esa ciudad a una base del PC que facilitaba a sus militantes el ingreso y salida de Chile como clandestinos. El segundo hecho es el secuestro del arquitecto comunista Ramón Arriagada Escalante, ocurrido un mes antes del de Guerrero, Parada y Nattino, en febrero de 1985. Bajo tortura, Arriagada afirmó que José Manuel Parada y Manuel Guerrero estaban analizando el testimonio de un ex agente represivo. En estos meses, además, la Vicaría de la Solidaridad ya había registrado y documentado el procedimiento de un nuevo grupo antisubversivo en la policía uniformada: la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Algunos de sus mandos estaban individualizados, así como identificado su recinto secreto de tortura, en calle Dieciocho, en el ex edificio del diario Clarín. Era el mismo cuartel que durante 1976, bajo el nombre de “La Firma”, había alojado a la agrupación antisubversiva conocida como el Comando Conjunto. La publicación del testimonio de Valenzuela en Caracas, el testimonio bajo tortura de Arriagada Escalante y el descubrimiento de la Dicomcar por parte de la Vicaría. Estos tres antecedentes motivaron a los mandos superiores de Carabineros, apoyados por ex agentes del Comando Conjunto, a realizar una acción: mandar “un recado” al PC, como forma de vengar su osadía. Para ello eligieron a tres militantes comunistas que ya habían estado en la mira de la DINA y el Comando Conjunto entre 1975 y 1976. Santiago Nattino había sido intensamente buscado por el Comando Conjunto a fines de 1975. No llegaron a saber entonces su identidad, pero sí que era quien proveía de documentación falsa a los militantes y ayudistas del PC que salían e ingresaban al país. Manuel Guerrero estuvo secuestrado por el Comando Conjunto en 1975, pero en su captura resultó herido a bala, por lo que debió ser trasladado a los hospitales de la Armada y de Carabineros. Tuvo que ser liberado gracias a la presión internacional. José Manuel Parada también había sido detectado en 1976, tras la captura de compañeros suyos de las Juventudes Comunistas. Cánovas en escena El 1° de abril de 1985, dos días después del hallazgo del brutal triple degollamiento, la Corte Suprema nombró como ministro en visita al juez José Cánovas Robles, para que investigara el caso. En los primeros meses de su investigación, a mí y al colega Luis Hermosilla nos tocó actuar como abogados de las familias de las víctimas. Ambos éramos trabajadores de la Vicaría, por lo que también representábamos el interés de la Iglesia Católica por esclarecer, a través de ese organismo, el horrendo crimen. En ese momento la Vicaría pudo poner a disposición del ministro en visita antecedentes que, hasta entonces, ningún otro juez había podido tener para aclarar un caso de violaciones a los derechos humanos: nombres de agentes de la Dicomcar, su lugar de reclusión y los métodos de tortura e interrogatorios, además de la descripción de vehículos. Cánovas era un ministro adusto, serio, reservado, parco. Una figura respetada. Recibía nuestros antecedentes y datos. Escuchaba nuestras hipótesis de trabajo como abogados querellantes. Casi todas sus diligencias demostraban que le otorgaba mucha credibilidad a la información que le hacía llegar la Vicaría. Además, puso toda su autoridad como juez al servicio del proceso. Sin embargo, no era un buen investigador. Mi opinión personal es que no tenía las habilidades investigativas de magistrados como Tomás Dahm, Hernán Correa de la Cerda, Carlos Cerda Fernández, Dobra Lusic y Milton Juica, entre otros. Todos estos han sido jueces dotados de una gran habilidad para construir hipótesis, seguir pistas y dirigir a los organismos policiales y auxiliares de la justicia, además de interrogar con pautas previamente definidas. Pero Cánovas y su prestancia suplían esta carencia con voluntad y mucha dedicación. Debo decir que también con humildad. Nos preguntaba sin tapujos una y otra vez por los antecedentes que le entregábamos. Además, nos permitió desde el principio conocer su investigación y aceptaba nuestras sugerencias y a veces nuestras correcciones. Me acuerdo que en el curso de la investigación le hicimos ver que la hoja de Ruta del helicóptero de Carabineros que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, en el mismo momento en que Parada y Guerrero eran apresados, había sido alterada: la hora del sobrevuelo estaba groseramente corregida. Le advertimos que ese detalle era una hebra para obtener información sobre los autores del secuestro. No creíamos que los pilotos de la aeronave hubiesen tenido participación en el plagio, tal como se demostraría posteriormente. Pero su retiro de la escena del crimen era una clara evidencia de que conocían a los responsables y que estos seguramente pertenecían a Carabineros. Además, en los interrogatorios los pilotos entregaban versiones contradictorias, sin que Cánovas pareciera darse cuenta. Pese a esto, los pilotos serían los únicos sometidos a proceso como autores en la primera encargatoria de reo dictada por Cánovas, antes de declararse incompetente. Los golpes del ministro Pero el juez logró suplir esa debilidad en materia investigativa. No sólo con el apoyo de la Vicaría, sino también con el Informe de la CNI sobre la organización que podía estar tras estos crímenes. La CNI prácticamente le entregó en bandeja a los autores, en un informe donde los identificó como miembros de Carabineros, exculpando al régimen militar de la responsabilidad de estos crímenes. “Se trata de personas irracionales y que con esta actitud han comprometido gravemente la estabilidad e imagen del Supremo Gobierno”, decía el escrito. Enseguida, la CNI le entregó nombres de los “posibles” responsables, y agregó esta sorpresiva frase en una de sus conclusiones: “Los indicativos señalados en el análisis son de fácil acceso para cualquier entidad que se dedique a este caso, es así como es factible deducir que los mismos antecedentes ya señalados, en mayor o menor grado, los tenga en su poder la Vicaría de la Solidaridad, el Arzobispado de Santiago, y por ende el ministro en visita”. El ministro Cánovas dio entonces su primer golpe: sometió a proceso a los dos pilotos del helicóptero, y dictó arraigo contra otros 12 miembros de Carabineros, entre ellos el jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Sin embargo, ante nuestra sorpresa enseguida se declaró incompetente, remitiendo el expediente a la justicia militar. Toda la estrategia jurídica de la Vicaría de la Solidaridad era lograr que los casos permanecieran en la justicia ordinaria, pues sistemáticamente la justicia militar acababa archivando todo proceso que comprometiera a los agentes de los aparatos represivos del régimen. Pero lo que vino después fue también una sorpresa: el juez militar no aceptó la competencia, argumentando que los hechos no constituían actos de servicio. Se apartaba así, de un golpe, de la doctrina mantenida por los tribunales militares hasta la fecha, que establecía que los miembros de las fuerzas armadas estaban permanentemente en actos de servicio. El segundo golpe del ministro Cánovas, una vez que el caso volvió a su competencia, fue encargar reos a diez efectivos de Carabineros, incluyendo a Fontaine, jefe de la Dicomcar. Además, interrogó al ex general director de Carabineros, César Mendoza, y ordenó detener al civil Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex comunista que colaboraba con los servicios de seguridad. La labor de Cánovas solo se detuvo cuando quedó sin piso para seguir avanzando: en enero de 1986 la Corte Suprema revocó sus procesamientos. Entonces, el ministro en visita desistió de seguir investigando y sobreseyó temporalmente la causa, que archivó en el Sexto Juzgado del Crimen. Milton Juica Durante el tiempo en que el proceso estuvo en el Juzgado del Crimen, el juez Juan Muñoz Pardo sigilosamente siguió investigando un delito conexo: el secuestro de los funcionarios de la AGECH. Mediante pericias logró acreditar que una de las vendas con que los detenidos fueron amarrados, era de la misma tela de las camisas de Carabineros. Casi cinco años después, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, reinició el proceso. Dotado de una aguda capacidad investigativa y de una acuciosidad en los interrogatorios, logró quebrar la conspiración del silencio. Así, encargó reo como cómplice al general Mendoza, pero el procesamiento fue revocado por la Corte Suprema. Juica no se amilanó y en definitiva condenó a 11 miembros de Carabineros, además de “el Fanta”. Salvo cambios menores, la Corte Suprema confirmó el fallo. Por primera vez, una asociación ilícita terrorista integrada por agentes del Estado, había sido desbaratada y los criminales condenados. El llamado caso Degollados fue un caso criminal famoso de la historia de Chile. |
Nelson Caucoto, confesiones de medio siglo en labor en DDHH 2 diciembre 2023 Nelson Caucoto Pereira, abogado, 72 años, ha estado al frente de decenas de procesos por violaciones a los derechos durante el Gobierno Militar. No se había titulado de abogado y se acercó, primero, al Comité por la Paz en Concepción, con la idea de ayudar, pero finalmente terminó trabajando en la Vicaría de la Solidaridad en Santiago en 1976, y no paró por casi ya medio siglo. Eran años de la más terrible represión: “Llegué ahí y me sentí muy albergado y eso contagia la mística interior y el miedo queda en segundo lugar”, asevera. Nara de sus inicios: “Estudié derecho en la Universidad de Concepción, llegué el año 1969, era militante de la Democracia Cristiana y de ahí salté a la Izquierda Cristiana en 1971 y no me moví más, sigo siendo de la IC. Entré a una universidad donde el progresismo era notorio, con gran contenido político, la derecha no existía, el MIR era muy potente, y también la Unidad Popular, donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Mapu, la IC”. Abunda: “Vino el golpe de Estado, estaba en quinto año de la carrera de Derecho, y con un compañero de curso fuimos a ofrecernos al Comité por la Paz que se había abierto, pero nos dijeron que no había cupo, que estaba llena la planta. Nosotros les dijimos que íbamos ad honorem, pero nos agradecieron y nos dijeron que ya no se podía. Yo quedé con el bichito de cooperar, de ayudar en algo, y a través del contacto de una Asistente Social que trabajaba en el comité en Santiago, supe que se iba a formar la Vicaría de la Solidaridad, en enero del ’76, y ella me dijo que me presentara. Llegué, me presenté, y me pusieron en contacto con la abogada Fabiola Letelier. Diría que ella fue la que me abrió las puertas, fue la gran responsable de que yo haya ingresado a la Vicaría, me ayudó mucho, me cobijó, yo era un tipo de provincia, no conocía a nadie, y mi único interés era ayudar”. ¿Usted es originario de Iquique? Soy natural de la pampa, al interior de Iquique, soy de la salitrera Alianza. ¿Y cuándo llegó a la Vicaría, ya estaba titulado de abogado? No, yo había egresado, estaba haciendo la práctica en Santiago, pero no era abogado. Me recibí de abogado estando dentro de la Vicaría, en junio de 1976. ¿Qué lleva a un joven abogado, recién titulado, con opciones de que le vaya bien como abogado, a ese compromiso con víctimas de violaciones a los derechos humanos? Estamos hablando más que de tiempos difíciles, de tiempos peligrosos, terribles. En la Universidad de Concepción era casi un eslogan el decir que uno tenía que devolver a la sociedad lo que la sociedad había hecho por uno. Le debo mucho a mis padres por el esfuerzo que hicieron, pero sabía que la sociedad en su conjunto aportaba para que los jóvenes universitarios se desarrollaran y la manera de devolver la mano a la sociedad era poniéndose al servicio de la gente. Ese mensaje era muy fuerte, siempre me marcó y siento que es parte de lo que se denomina como el bien común. A través de esa ayuda puedes trascender en una profesión, con tus obras, pero tienes que devolver lo que la sociedad hizo por ti, esa es la motivación para mi trabajo en derechos humanos y para servir en un momento que, como decías, era peligroso, pero uno era útil para apoyar a tanta gente que estaba afligida, que estaba siendo vulnerada en sus derechos, que era perseguida, que estaban ultimando y haciendo desaparecer. Frente a eso no podía quedar indiferente. ¿A usted le sorprendió el nivel de atrocidades que se cometían? Por supuesto. Nadie puede no conmoverse con el nivel de atrocidades que se cometían, era espantoso, una cuestión inhumana. La cercanía con los familiares de las víctimas viene desde ahí, y uno se fue haciendo parte de esa gran familia. Se produjo un tema humano muy profundo. ¿En algún momento sintió miedo? Mentiría se dijera que sentí miedo, no sentí miedo. Siempre me sentí muy estimulado porque la Vicaría era una institución de Iglesia y yo sabía que tenía un gran poder en Chile. Era otra Iglesia, comprometida, capaz de alzar la voz frente a la dictadura, y lo hizo, y me sentía protegido. Soy cristiano y siempre me he sentido protegido por una imagen de San Francisco de Asís que estaba a la entrada de la Vicaría, y donde decía “bienaventurados los que luchan por la justicia”. El interior de la Vicaría era pura fraternidad, solidaridad, fue una casa de acogida inmensa, para los funcionarios y para los familiares. Llegué ahí y me sentí muy albergado y eso contagia la mística interior y el miedo queda en segundo lugar. Había un contraste. Porque como abogados tenían que ir a los Tribunales, ver a los jueves, a los gendarmes, meterse en el ambiente del Poder Judicial en plena dictadura. Era complicado por la nula recepción que teníamos. Los Tribunales era un espacio cerrado, no teníamos ninguna llegada, ninguna amabilidad, y te vas acostumbrando a litigar a pérdida, todo lo que hacíamos era pérdida, no recuerdo un triunfo en esa época. Me negaban amparos, defendía a presos políticos sin logro alguno, hacíamos todo lo relacionado con violaciones a los derechos humanos y no recuerdo haber tenido algún éxito judicial. Era espantoso. Te acostumbrabas a saber que debías tener constancia, vivir bajo la lógica de que mañana será distinto, que alguna vez cambiará la situación, que no podía ser siempre así, que no podemos vivir así. Al final, claro, te percatas que las cosas no son eternas, los países cambian, los jueces cambian, las circunstancias cambian. ¿Y usted de que vivía? En esos años hubo abogados que ganaron mucho dinero. Pero usted, como otros, estaba dedicado a defender casos de derechos humanos, no a ganar dinero. Antes de entrar a la Vicaría, llegué a la oficina de unos abogados, trabajé de secretario de esos abogados, atendía al público. Después llegué a la Vicaría y pagaban bien, y hay que entender que la Vicaría no habría existido como existió si no es por la solidaridad internacional, por eso es que este país tiene que cultivar la solidaridad internacional. Estaba el Consejo Mundial de Iglesias, la Comunidad Económica Europea, muchas instituciones. Era destacable que el abogado más importante de la Vicaría, ganaba casi lo mismo que el joven que era portero, no había gran diferencia en los sueldos. ¿En esos años hizo su vida, se casó, tuvo hijas, hijos? Me casé, tuve cuatro hijos, seguí en la labor de derechos humanos, la vida transcurrió. De repente me sentí atrapado en el tema, pero atrapado con entusiasmo. Fuimos abriendo un camino incluso para decirles a los jóvenes que uno puedo vivir si trabaja en derechos humanos, se abren espacios, los derechos humanos están en todas partes, en todos lados, y lo miro como una tabla de salvación para la Humanidad. Si no somos capaces de convivir en un margen de convivencia consensuada entre todas las personas, la vida será imposible. “No tiene sentido vivir en una democracia donde se violan los derechos humanos” Es recurrente a ir al tema de derechos humanos en relación a la dictadura. ¿Hay que hacer un esfuerzo por instalar el tema ahora, que sea mejor asimilado por la sociedad chilena? Puede existir una tentación de dejarlo algo de lado ahora que estamos en una democracia formal. Parto de la base de que la democracia, el sistema democrático, que es un sistema que hay que profundizar y ampliar en todos sus aspectos, se basa en un sustento moral que es el respeto, el reconocimiento, la promoción y la garantía de los derechos humanos. O sea, ése es el elemento moral que fortalece la democracia, es el elemento fundacional de la democracia. No tiene sentido vivir en una democracia donde se violan los derechos humanos todos los días, eso es anti ético, algo absolutamente contradictorio. El fundamento moral de la democracia son los derechos humanos. Tienes razón en que hay que comenzar a profundizar en el tema y su actualidad. Hace unos días unos militares presos en Punta Peuco sacaron una declaración hablando de la responsabilidad de los altos mandos, que los responsables no son los subordinados, y dijeron algo muy destacable, y es que sus actuaciones fueron porque las instituciones los formaron así, en el amor a la Patria, descuidando el amor, el afecto, la cercanía que hay que tener por las personas. Se les educó diciendo que esa persona que estaba al frente era un enemigo y por tanto había que aniquilarlo. Tú no puedes, ahora, desarrollar el amor a la Patria sino desarrollas el amor a la gente que vive dentro de esa Patria. No se puede formar a la gente y menos de las instituciones armadas en función de ejecutar o violentar a enemigos, que es gente de la misma Patria. Los civiles no somos enemigos de los militares y los militares no tienen que ser enemigos nuestros. Ahí hay una clave, y es la falta de educación, en todas las instituciones, sobre derechos humanos. Claro que yo predico que los derechos humanos no sólo se deben enseñar o abordar sólo dentro de las Fuerzas Armadas o policiales, también en las universidades, en la educación básica y media, hasta en la educación pre-escolar. Así vas cambiando a la sociedad y vas a tener una democracia y una sociedad más amplia y más vivible. ¿Cuál ha sido el caso más difícil, más dramático, que le tocó abordar en materia de violaciones a los derechos humanos en estos casi cincuenta años? Todos los casos son inmensamente conmovedores. Cómo no conmoverse con el caso de las víctimas de Paine, fue espantoso lo que pasó ahí. El caso de La Moneda, esa gente que se mantuvo leal junto al Presidente Salvador Allende, la actitud digna de Allende y sus colaboradores, la gente no entiende lo que fue estar dentro de La Moneda bombardeada, incendiada, llena de humo, atacada, estar ahí y mantenerse. Después a muchos los matan impunemente, desarmados. Cómo no me voy a conmover con el menor (Carlos) Fariña, un niño de 13 años que estuvo desaparecido más de 20 años y lo encontraron muerto en Américo Vespucio con San Pablo, que fue rociado con bencina y lo quemaron, cómo no va a ser espantoso. El caso de Lonquén, fue dramático, se gastó la mayor cantidad de prensa en ese caso y cuando lo terminamos, hace tres o cuatro años, no se publicó prácticamente nada, que se entregaron los cuerpos y se condenó a los sujetos responsables, que se trago alguna conformidad a esas familias. Cómo no conmoverse con las víctimas del Comando Conjunto, de la Dina, lo que sufrieron las víctimas en Londres 38, en Villa Grimaldi, en la casa de José Domingo Cañas. Lo que pasó con los campesinos de Liquiñe, el caso del asesinato de Víctor Jara, lo que ocurrió con José Tohá, Bautista Van Schouwen. Usted hace referencia a la información. ¿Cómo ve en la actualidad el papel de la prensa y los derechos humanos? Creo que hoy no han cambiado los parámetros. Una noticia de derechos humanos no es noticia en los medios tradicionales. No es noticia en El Mercurio, La Tercera, La Segunda, en la televisión, muchas radios, no es noticia lo que ocurra en derechos humanos. Mira, en esto del negacionismo, el negacionismo es alimentado por los medios de comunicación. En agosto de este año, 54 agentes del Estado fueron condenados a cárcel, en un mes. ¿Eso no es noticia? En cualquier parte del mundo eso es noticia, aquí no. Los matinales de la televisión están para meterles miedo a las personas, que la gente no salga, que están asaltando en todas partes, que los portonazos, que los migrantes, es puro miedo lo que transmite la televisión casi todo el día. Pero esos noticias de derechos humanos, donde precisamente se condena a personas que cometieron delitos violentos, no sale. Por eso le encuentro razón al Presidente (Gabriel) Boric cuando dice que en los diarios salen puras noticias malas, que no están las noticias buenas. Si te niegas a publicar informaciones de este tipo, que con importantes para la sociedad, entras en una afectación. En la desinformación de los medios hay un alimento enorme para el negacionismo. Afortunadamente existe esta prensa alternativa, digital, electrónica, que nos permite salir con informaciones sobre derecho humanos. Vivimos un mundo distinto con lo que publica la prensa tradicional y lo que publica la prensa alternativa. Esa prensa alternativa, por cierto, debiera tener el apoyo estatal, y el contrario, el Estado fortalece económicamente a la empresa privada, empresarial, que oculta tema como el de los derechos humanos. Hay que apoyar a los medios alternativos de distintas maneras. Usted lleva 47 años dedicados al tema de derechos humanos, defendiendo a víctimas, buscando a los responsables y que sean procesados, es crítico respecto a temas en esta materia, sigue bregando por aclarar hechos, ¿siente que el sistema lo quiere sacar a un lado, siente que es incómodo para la institucionalidad, que lo quieren marginar, que no le dan espacios? Hay algo de eso, sin lugar a dudas. Uno se acostumbra. En ese sentido, esto no es distinto al tiempo de la dictadura. Mira, fíjate lo que te voy a decir. En tiempo de dictadura nos prodigábamos espacios en la prensa tradicional, empresarial. Salían noticias de lo que hacíamos en La Cuarta, en La Tercera, en Las Últimas Noticias, en El Mercurio. También en algunas radios y algunos canales de televisión. Porque te familiarizabas con los periodistas en la sala de prensa de Tribunales, por la vía del conocimiento público e incluso de un favor, salía algo de información, algo de lo que les informábamos a esos periodistas, y si no era por esa vía, nadie habría sabido nada de lo que pasaba en el tema de derechos humanos. Creo que se sabía más en dictadura en materia de derechos humanos, de lo que está pasando hoy, en los medios tradicionales. Había periodistas dedicados a eso, sensibilizados con eso. Claro, había periodistas que sabían perfectamente de qué se trataba lo de derechos humanos, los procesos, estaban al tanto e informaban. Eran personas avezadas en el tema, conocían lo que ocurría, y tenían un compromiso con la verdad. Eso era importante. Me parece que teníamos más prensa en los diarios tradicionales en la época de la dictadura que ahora. Y quiero insistir en el papel de los medios alternativos, incluso en dictadura, que siempre informaron todo lo de derechos humanos. ¿Usted está de acuerdo en que hay que cerrar Punta Peuco como cárcel especial para violadores de derechos humanos? La verdad que a estas alturas ni me he puesto a pensar. Siempre he dicho que Punta Peuco es el punto culminante de la gran desigualdad que existe en Chile en materia penitenciaria, es como un monumento a la desigualdad. Desde esa perspectiva, indudablemente que no me gusta Punta Peuco. Es cosa de ir a la Penitenciaría o a Santiago 1 y ver cómo viven los internos ahí, que han cometido delitos menos graves que esos militares, delitos menos repudiables que los cometidos por los que están en Punta Peuco, y hay que ver cómo viven los de Punta Peuco, llenos de privilegios que no tiene los que están en la Penitenciaría u otras cárceles. ¿Está optimista o reticente con el Plan Nacional de Búsqueda? Soy por naturaleza optimista. Hay que valorar ese plan porque es serio, compromete a todo el Estado en una tarea tan noble como es encontrar a los desaparecidos, y eso hay que alimentarlo con optimismo. Hay formas de llegar a determinada información, la información sobre los detenidos desaparecidos está diseminada a lo largo y ancho del país. Hay mucha gente que tiene información y no la ha entregado. El Estado tiene que ir a los agentes que están presos, que están libres, y hacer esa búsqueda. Las Fuerzas Armadas y Carabineros dicen que no hay más información. No, no, no. Creo en un tema humano, y un tema humano es cuando la gente entra en una edad y avizora el final de sus días, está dispuesto a revelar secretos, a contar. Mira, los secretos familiares ¿cuándo se develan?, cuando la persona está en el lecho de muerte. Me parece que eso puede pasar con esa gente, que hay información que poseen y que la pueden entregar con el transcurso del tiempo. Quizá hay quienes quisieran terminar bien, en paz con su consciencia, no seguir haciéndole daño a los familiares de los desaparecidos y entregar cierta información. Creo en ese aspecto humano. Además están las pericias, las técnicas. ¿Entonces cree que de los más de mil detenidos desaparecidos hay posibilidades de saber qué ocurrió con ellas y con ellos? De algunos, no creo que todos. Cómo vamos a saber qué pasó con la gente que tiraron al mar. El Ejército reconoció que había lanzado 200 personas al mar, cómo las vamos a encontrar. Pero puede haber noticias respecto de algunas personas. Tengo algo de optimismo, pienso que si se hacen bien las cosas, se pueden llegar a buenos resultados. Hay que aportar a eso. ¿Cuál en su percepción sobre las y los familiares de las víctimas, qué le deja la convivencia de todos estos años con ellas y ellos? Tengo un tremendo cariño hacia ellos, de esos cariños profundos que se van alimentando con el paso de los años. De los familiares destaco una cualidad que me conmueve, y he estado pensando en eso este último tiempo. La lealtad. Hay gente que acompañé desde 1976 y les sigo acompañando hasta el día de hoy. No se cansaron de mi, siguieron conmigo, y eso es muy emocionante. Esos son sentimientos puros, sinceros, son cosas que uno va labrando a lo largo de la vida. Sin el movimiento de derechos humanos, sin los familiares de las víctimas, no habría existido todo el avance que hubo. En ellos descansa toda esta lucha por justicia. Descansa también todo el sentido que le he dado a mi profesión. En todos estos años, con todo lo que le tocó conocer y litigar, ¿guarda secretos, guarda información que es mejor no contarla? Sí. Hay algo que se debe guardar para no herir a los familiares de las víctimas. Uno es reservado. He tratado de cuidar que no aparezca por ningún lado una pista de algo que es mejor resguardar. Hay pocos, pero existen secretos. |
Abogado Nelson Caucoto: Sería bueno que los fiscales entendieran que no se puede investigar una violación de Derechos Humanos como se investiga un robo. Autor: Absalón Opazo Absalón Opazo 22/10/2022 En entrevista con el programa Radioanálisis (Radio U. de Chile), el abogado Nelson Caucoto, se refirió a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto de la revuelta social, a tres años de desencadenadas las masivas protestas. «De 5 mil 800 denuncias hay solo 75 personas formalizadas. Ni siquiera alcanzan a ser formalizados todos aquellos funcionarios públicos que privaron de la visión a tantos chilenos», afirmó el abogado. «¿Qué investigó entonces el Ministerio Público? ¿Qué han investigado las policías? ¿A qué resultado se ha llegado? Eso es decepcionante», agregó Caucoto, recalcando que esta escasa formalización judicial de policías no da pie para que se niegue «que existió la violencia sexual, que existieron las muertes, que existieron las lesiones, que existieron un conjunto de agresiones al ciudadano común y corriente que se manifestaba en las calles». «Sería bueno que el Ministerio Público, que los fiscales entendieran que no se puede investigar una violación de derechos humanos como se investiga un robo, un hurto, o la acción de un ratero (…) Al tema de derechos humanos tienen que darle la máxima importancia porque es el Estado el que está involucrado, el Estado a través de sus funcionarios, es el Estado el que tiene que instruir», manifestó el abogado. |
Ministerio Público decide no perseverar en 1509 causas del estallido social y enfrenta críticas de organizaciones de DD. HH. Mario Vergara 31/03/2025 - El fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a las críticas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de la Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales, quienes cuestionaron la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019. La respuesta de Valencia fue enviada mediante una carta firmada por su jefa de gabinete, Catalina Wildner Zambra, dirigida a la presidenta de la AFEP, Alicia Lira Matus, quien había acusado que la medida era “un acto flagrante de denegación de justicia”. En una carta entregada al jefe del Ministerio Público el 28 de febrero pasado, las organizaciones manifestaron su rechazo a la decisión de no perseverar en más de 1.500 causas asociadas a violaciones de derechos humanos durante la crisis social de 2019. Según señalaron, esta determinación reflejaría “una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, atribuyendo estas acciones a funcionarios públicos de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, publica La Tercera. Además, las agrupaciones afirmaron que esta medida “deslegitima y estigmatiza el derecho humano a la movilización social”, lo que fue considerado como un retroceso en el reconocimiento de los derechos de quienes participaron en las protestas sociales. Fiscalía Nacional: “No se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación” En su respuesta, el Ministerio Público defendió su decisión, argumentando que “esta forma de término corresponde al ejercicio de la facultad legal del Ministerio Público en aquellos casos en que no se han reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”. Asimismo, precisaron que las 1.509 causas en cuestión fueron cerradas de manera “progresiva desde 2020 a la fecha”, conforme a los resultados obtenidos en las investigaciones. Limitaciones en la obtención de pruebas y rol de instituciones auxiliares. La carta de la Fiscalía también resaltó que “los resultados de las investigaciones no dependen únicamente del actuar del Ministerio Público, sino también de la labor que realizan instituciones auxiliares” y de “la disponibilidad de evidencia que permita acreditar la existencia del delito y la participación de uno o más imputados, conforme al estándar de convicción más allá de toda duda razonable”. En ese contexto, el ente persecutor subrayó que, pese a las medidas adoptadas para garantizar la debida diligencia en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos durante la crisis social, los resultados no siempre han permitido avanzar hacia acusaciones formales. Creación de unidad especializada en derechos humanos En su respuesta, la Fiscalía Nacional destacó que, al asumir su mandato, Ángel Valencia instruyó la creación de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, como una unidad independiente dentro de la estructura jerárquica de la institución. El objetivo de esta unidad es “fortalecer la capacidad técnica en este ámbito investigativo”, asegurando que el cumplimiento de la debida diligencia en la investigación de casos de derechos humanos sigue siendo “un tema prioritario” para el Ministerio Público. Pese a la respuesta de la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos han manifestado su disconformidad con la falta de avances en las causas vinculadas al estallido social y han reiterado su llamado para que se esclarezcan los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante ese período. Hasta ahora, las agrupaciones insisten en que es necesario garantizar justicia para las víctimas y sancionar a los responsables de los hechos investigados, evitando que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro. |
La administración local es la rama de la administración pública de carácter territorial que forman los órganos administrativos, entidades y empresas públicas de una demarcación administrativa inferior a estado, como son los municipios u otra unidad administrativa, y la gestiona un gobierno local independiente y autonoma.. |
ESTADOS UNIDOS.  |
Special districts también conocidos como distritos de servicios especiales, gobiernos de distritos especiales o entidades de propósito limitado ( special service districts, special district governments, or limited purpose entities ) son unidades gubernamentales independientes con fines específicos que existen separadas de los gobiernos locales, como los gobiernos de county, municipal, and township , con una considerable independencia administrativa y fiscal. Se forman para desempeñar una sola función o un conjunto de funciones relacionadas. El término «gobiernos de distritos especiales» , según la definición de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, excluye a los distritos escolares. En 2017, Estados Unidos contaba con más de 51.296 gobiernos de distritos especiales. Definición del censo. El Censo de los Estados Unidos contabiliza las unidades gubernamentales en todos los estados. Esto incluye los "distritos especiales". Para contabilizarlos, el Censo debe definirlos de forma que abarque todas las entidades gubernamentales de este tipo en el amplio espectro de definiciones e interpretaciones de los 50 estados. La definición completa del Censo es:
Características. Los distritos especiales atienden áreas limitadas y tienen juntas directivas que cumplen funciones asignadas legislativamente utilizando fondos públicos . Órgano rector. Cada distrito está gobernado por una junta directiva , comisionados , una junta de supervisores ( board of directors, commissioners, board of supervisors ) o similar. Estas juntas pueden ser nombradas por funcionarios públicos, entidades privadas, por elección popular o por ciudadanos beneficiarios (normalmente, propietarios ). En ocasiones, uno o más funcionarios públicos actúan como miembros ex officio de la junta. La junta de un distrito especial actúa principalmente como junta directiva y, a menudo, nombra a un director ejecutivo para las operaciones diarias, la toma de decisiones y la implementación de políticas. En los estados de Nueva Inglaterra los distritos especiales suelen gestionarse con el mismo criterio que otros gobiernos locales. La mayoría de los distritos tienen empleados , pero algunos existen únicamente para recaudar fondos mediante la emisión de bonos o la financiación del incremento de impuestos . Funciones. Los distritos especiales realizan muchas funciones, incluidos aeropuertos, puertos, autopistas, transporte público, estacionamientos, Bomberos, bibliotecas, parques, cementerios, hospitales, irrigación , conservación , alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desechos sólidos , sistemas de fibra óptica, estadios, suministro de agua , energía eléctrica y servicio de gas natural. Base legal Los distritos especiales están autorizados por la ley estatal y deben tener fundación pública , cargo civil y responsabilidad pública . Ley del Estado. En Estados Unidos, los distritos especiales son fundados por algún nivel de gobierno de conformidad con la ley estatal (ya sea una enmienda constitucional, una ley general o leyes especiales) y existen en todos los estados. Los distritos especiales son entidades legalmente independientes con al menos algunas facultades corporativas. Los distritos se crean mediante acción legislativa, acción judicial o referéndum público . Los procedimientos para crear un distrito especial pueden incluir peticiones, audiencias, aprobación de votantes o propietarios, o aprobación gubernamental. Fundación pública Los distritos especiales, como todas las entidades públicas, tienen una fundación pública. Oficina civil Los distritos especiales poseen algún tipo de cargo civil , es decir, la junta ha recibido una delegación de poder soberano del estado. Algunas juntas pueden ser nombradas únicamente por propietarios. Las entidades privadas pueden nombrar a algunos o todos los miembros de un distrito especial; sin embargo, debe haber evidencia de cargo civil. Además de los distritos especiales con juntas designadas privadamente, un distrito especial puede tener una junta fundada privadamente; sin embargo, a dicha junta no se le podría otorgar la facultad de establecer un impuesto. Responsabilidad Existe una relación de rendición de cuentas fiscal entre los ciudadanos y el gobierno . Para mantener la rendición de cuentas de los distritos especiales, los estados deben mantener el control final (el poder de revocar la ley que los autoriza en cualquier momento). Debido a la fundación pública y, por ende, al control final, el estado puede delegar libremente el poder soberano (como el poder de imponer impuestos) a los distritos especiales y puede permitirles actuar de manera autónoma con poca supervisión. Historia. Hay poca información disponible sobre los primeros distritos especiales en Estados Unidos. Se sabe que los distritos de parques existían en el siglo XVIII. Las corporaciones de autopistas de peaje y canales existían en el siglo XIX. El primer estatuto general que autorizaba los distritos de riego fue adoptado por California en 1887. La Oficina del Censo de los Estados Unidos comenzó a identificar y recopilar datos sobre distritos especiales en 1942. Costumbre inglesa. Los distritos especiales en Estados Unidos siguen la costumbre inglesa. La primera ley general conocida en Inglaterra que autorizaba autoridades con fines específicos fue el Estatuto de Alcantarillado de 1532. En esa época también existían autoridades con fines específicos creadas por estatutos individuales. Sin embargo, las primeras autoridades eran temporales y no estaban vinculadas a la estructura del gobierno local. Tendencias. El estado de Illinois lidera la nación en cuanto a número de distritos especiales, seguido de cerca por California. Ejemplo: Northeast Ohio Regional Sewer District.  El Distrito Regional de Alcantarillado del Noreste de Ohio , abreviado NEORSD, es un distrito de servicios públicos que presta servicio a la mayor parte del condado de Cuyahoga y a una parte de los condados de Summit y Lorain en el estado estadounidense de Ohio. El distrito gestiona tres plantas de tratamiento de aguas residuales y todos los alcantarillados interceptores en el área de servicio. También es responsable de mantener la calidad del agua que se vierte a las vías fluviales públicas, como el lago Erie y el río Cuyahoga , tanto de escorrentía pluvial como de aguas residuales sanitarias . |
 Un distrito escolar es el territorio que cubren una o varias escuelas públicas administradas por un consejo escolar responsable de uno o varios de estos territorios, que puede ser uno o varios municipios enteros o solo parte de uno. El distrito escolar es la forma que adopta la administración educativa en países como los Estados Unidos de América, Canadá, etc. Es un cuerpo político único, equivalente al de una ciudad o al de un condado, ya que tienen poderes variables, como el de cobrar impuestos, por ejemplo. Los distritos escolares tienen un cuerpo normativo, llamado consejo escolar, consejo de trustees o comité escolar, cuyos miembros son elegidos mediante elecciones internas o generales. Estos miembros, por su parte, tienen la responsabilidad de elegir a un superintendente (supervisor), generalmente un profesor altamente cualificado, para actuar como jefe ejecutivo del consejo, responsable también de tomar decisiones y poner en marcha las políticas. En ocasiones, el distrito puede actuar como judicatura, aplicando sanciones a los empleados o estudiantes. Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene más de 14.000 distritos escolares, que gestionan escuelas públicas, contratan a maestros, generan fondos para las escuelas, establecen las políticas locales hacen cumplir las leyes y políticas de sus estados estadounidenses. Juntas escolares, que constará de los residentes locales, gestionan los distritos escolares. En Estados Unidos, no todos los sistemas de enseñanza pública constituyen distritos escolares como órganos distintos. En algunos Estados, tales como Maryland, todos los sistemas escolares están subordinados por el gobierno estatal. Otros estados, como Nueva York, poseen distritos escolares controlados por órganos públicos y sistemas escolares independientes, subordinados a un condado o a una ciudad. Distritos escolares del Medio Oeste y el Oeste del país a menudo tienen límites que cruzan los límites de las ciudades, municipios, y áreas no incorporadas. Distritos escolares del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra a menudo tienen límites que coinciden con los límites de las ciudades, los municipios, y/o los condados. A partir de 2023, en la mayoría de los estados de EE. UU., los distritos escolares públicos pueden recaudar impuestos para financiar sus operaciones. En otros, como Maine , algunos distritos escolares pueden recaudar impuestos y otros no. |
Gobiernos locales en Estados Unidos: un desglose por número y tipo. Local Governments in the U.S.: A Breakdown by Number and Type. 14 de marzo de 2024 Por Amy Smaldone y Mark LJ Wright |
Desde su fundación, Estados Unidos de América ha sido prácticamente sinónimo del concepto de gobierno limitado. 1 Resulta sorprendente, por tanto, descubrir que existe una gran cantidad de gobiernos en Estados Unidos: el Censo de Gobiernos de EE. UU. estima que hay más de 90 000. En consecuencia, algunos ciudadanos podrían estar sujetos a la autoridad de muchas entidades gubernamentales independientes. Esto plantea la cuestión práctica de cómo las personas pueden mantenerse informadas sobre las acciones de todos estos gobiernos y, por lo tanto, exigirles responsabilidades. En este artículo, describimos la definición censal de gobierno y documentamos cómo han evolucionado el número y los tipos de gobiernos en EE. UU. a lo largo del tiempo. También mostramos los estados con mayor número de gobiernos, tanto en términos absolutos como per cápita. ¿Qué es un gobierno? La Oficina del Censo de los Estados Unidos realiza el Censo de Gobiernos cada cinco años. La Oficina clasifica una entidad como gobierno si posee cada una de las siguientes características:
Las entidades que tienen el poder de imponer impuestos a la propiedad, emitir deuda con intereses exenta de impuestos federales y desempeñar una función comúnmente considerada como gubernamental se consideran gobiernos. ¿Cuántos gobiernos hay en Estados Unidos? Al aplicar esta definición, el censo reconoce al gobierno federal, a los gobiernos de los 50 estados de EE. UU. y al gobierno del Distrito de Columbia como unidades gubernamentales. Además, el censo reconoce varios tipos de gobiernos locales, incluyendo los gobiernos de condado, municipio y municipio, así como gobiernos locales con fines específicos, como distritos escolares y otros distritos especiales, como distritos de parques y autoridades de suministro de agua .2 En el Censo de Gobiernos más reciente, que se realizó en 2022, la Oficina del Censo contó 90.837 gobiernos en los EE. UU. Además del gobierno federal, los 50 gobiernos estatales y el gobierno de Washington, DC, había 3.031 gobiernos de condado, 35.705 gobiernos municipales y de municipios (township and municipal governments), 12.546 distritos escolares independientes y 39.555 otros gobiernos locales con fines especiales. La figura a continuación representa el número total de gobiernos locales contabilizados en cada censo desde 1942. Muestra que el número total de gobiernos locales en EE. UU. ha disminuido significativamente desde los 155.067 contabilizados ese año. 3 Una notable disminución en el número de distritos escolares independientes (de 108.579 en 1942 a 12.546 en la actualidad) impulsó esta disminución, que fue parcialmente compensada por un aumento en el número de otros gobiernos locales con fines específicos. El número de gobiernos locales con fines generales (es decir, county, township and municipal governments ) se mantuvo relativamente estable durante este período. |
Number of Local Governments in the U.S., 1942-2022
FUENTE: Censo de Gobiernos de Estados Unidos.
NOTA: No se realizó ningún censo de gobiernos en 1947.
Qué estados de EE.UU. tienen más gobiernos? El número y la distribución de los gobiernos locales en EE. UU. varían considerablemente según el estado. La siguiente tabla muestra los gobiernos locales por tipo en los cinco estados con mayor número de gobiernos en 2022 y en los cinco estados con menor número de gobiernos. En general, los estados con mayor población tenían la mayor cantidad de gobiernos, mientras que aquellos con menor población tenían la menor. Sin embargo, la relación dista mucho de ser lineal: Illinois tenía 6930 gobiernos locales, más de 1,5 veces más que California, a pesar de tener menos de un tercio de sus habitantes. En el otro extremo del espectro, Hawái tenía solo 21 gobiernos locales, aproximadamente una sexta parte de los que tenía Rhode Island, a pesar de tener una población mayor. Para examinar la relación entre el número de gobiernos estatales y su población, la tabla también indica el número de gobiernos locales por cada 100,000 habitantes. Por ejemplo, Illinois, que tenía el mayor número de gobiernos locales en 2022, ocupaba el puesto 14 en cuanto a la cantidad de gobiernos por habitante. Más sorprendente aún, California ocupó el cuarto lugar en cuanto a número de gobiernos locales, pero el puesto 43 en cuanto a gobiernos por habitante. Los dos estados con mayor número de gobiernos per cápita en 2022 fueron Dakota del Norte y Dakota del Sur, con 330 y 209 gobiernos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Fueron los únicos dos estados con más de 200 gobiernos por cada 100.000 habitantes. Si bien Dakota del Norte y Dakota del Sur contaban con relativamente pocos gobiernos locales en general (2.570 y 1.900, respectivamente), sus poblaciones son mucho menores en comparación con otros estados. La clasificación de los estados según el número de gobiernos locales ha cambiado con el tiempo. El Censo de Gobiernos de 1972, que utilizó definiciones de gobierno similares a las del censo de 2022, muestra que Illinois (con 6385 gobiernos locales) y Hawái (con 19 gobiernos locales) seguían siendo los estados con mayor y menor número de gobiernos, respectivamente. Sin embargo, otras clasificaciones han cambiado de forma más notable. Por ejemplo, en 2022, Texas ocupó el segundo lugar en cuanto a gobiernos locales, con 5533, frente al quinto puesto que ocupaba en 1972, con 3624. La distribución por tipo de gobierno también varía significativamente entre estados. Por ejemplo, en 2022, California contaba con 1006 distritos escolares y 2949 gobiernos locales con fines específicos: 492 y 1237 entidades más, respectivamente, que Pensilvania, que ocupaba el primer puesto. Pensilvania tenía más gobiernos en general debido a su gran número de gobiernos de subcondados. Conclusión La fundación de Estados Unidos se basó en la preferencia por un gobierno limitado. Debido a esto, el poder gubernamental se divide verticalmente entre los niveles federal, estatal y local, y horizontalmente entre las ramas de gobierno y diferentes entidades gubernamentales de propósito general y específico. El resultado es una vasta combinación de más de 90,000 gobiernos diferentes. Como advirtió el presidente Franklin D. Roosevelt: “El único baluarte seguro de la libertad continua es un gobierno lo suficientemente fuerte como para proteger los intereses del pueblo, y un pueblo lo suficientemente fuerte y lo suficientemente bien informado como para mantener su control soberano sobre su gobierno”. 4 Sería irónico si, en un intento por limitar el gobierno, Estados Unidos produjera tantos gobiernos que se volviera impráctico para el pueblo permanecer lo suficientemente informado como para mantener su control sobre los muchos gobiernos que lo sirven. Notas
|
| NOTA: El subcondado incluye municipios y distritos. (Subcounty includes townships and municipalities.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario