Introducción
El para el gobierno y administración política del país, el territorio nacional esta divido en 19 entidades territoriales: 17 comunidades autónomas, y 2 ciudades autónomas. Las comunidades autónomas se subdividen en 38 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales (País Vasco), 4 consejos insulares(Islas Baleares), 7 cabildos insulares (Islas canarias), y un Consejo General (Cataluña).
1.-Diputación de Albacete
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| Albacete |
2.-Diputación de Alicante
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| Alicante |
3.-Diputación de Almería
4.-Diputación de Ávila
5.-Diputación de Badajoz
6.-Diputación de Barcelona
7.-Diputación de Burgos
8.-Diputación de Cádiz
9.-Diputación de Cáceres
10.-Diputación de Castellón
11.-Diputación de Ciudad Real
12.-Diputación de Córdoba
13.-Diputación de La Coruña
14.-Diputación de Lugo
15.-Diputación de Cuenca
16.-Diputación de Gerona
17.-Diputación de Granada
18.-Diputación de Guadalajara
19.-Diputación de Huelva
20.-Diputación de Huesca
21.-Diputación de Jaén
22.-Diputación de León
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| leon |
23.-Diputación de Lérida
24.-Diputación de Málaga
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| malaga |
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| Orense |
26.-Diputación de Palencia
27.-Diputación de Pontevedra
28.-Diputación de Salamanca
29.-Diputación de Segovia
30.-Diputación de Sevilla
31.-Diputación de Soria
32.-Diputación de Tarragona
33.-Diputación de Teruel
34.-Diputación de Toledo
35.-Diputación de Valencia
36.-Diputación de Valladolid
37.-Diputación de Zamora
38.-Diputación de Zaragoza
Provincias. La actual división territorial de provincias permanece prácticamente intacta desde que, en 1833, fue decretado por gobierno. «El mapa general de la Península nos presenta cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas en las extremidades de los partidos, intendencias extensísimas y otras muy pequeñas, obispados de cuatro leguas y obispados de 70, tribunales cuya jurisdicción apenas se extienden más allá de los muros de una ciudad y otros que abrazan dos o tres reinos; en fin, todo aquello que debe traer consigo el desorden y la confusión». Así describía el famoso poeta y pensador valenciano León de Arroyal la división territorial de España a finales del siglo XVIII. «El mapa de la Península nos presenta cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras» No era para menos. Con todo este «caos», al Gobierno central le resultaba muy complicado hacer llegar sus órdenes y providencias a la gran cantidad de pueblos y regiones históricas que tenía la Monarquía. Había jurisdicciones inferiores, intendencias, partidos, corregimientos, alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares, realengos, órdenes, abadengos o señoríos que convertían a España, a diferencia de otros países de Europa, en un lugar «abigarrado, complejo, confuso y caótico», según calificaba Aurelio Guaita, catedrático de Derecho Administrativo, en «La división provincial y sus modificaciones». Será a finales de octubre de 1833, poco después de morir Fernando VII, cuando la regente Maria Cristina inicie un ambicioso plan de reformas políticas y administrativas, la más importante de las cuales se le encargaría al ministro de Fomento Javier de Burgos: una división racionalizada del territorio español. El objetivo no era otro que uniformar y centralizar el Estado, a fin de facilitar, de manera más rápida y eficaz, la labor de Gobierno central sobre el conjunto de España. Mas de un siglo y medio de vigencia. Apenas un mes después de ser elegido De Burgos para tamaña empresa, el 30 de noviembre de 1833, se aprobaba el decreto por el que quedó dividido el país en 49 provincias. Una obra de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que estas han permanecido intactas al cabo de un siglo y medio, con la aparición tan solo de una más en la antigua provincia canaria. Y todas ellas tomarían el nombre de sus capitales, excepto las provincias de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que aún conservan sus denominaciones. «Era un medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos»La «nueva» España dibujada por Burgos tenía, además de las 49 provincias, 14 regiones y, a partir de abril de 1834, 463 núcleos de población con juzgado de primera instancia. Estos últimos eran los «partidos judiciales», cuyas características permitieron establecer fácilmente las «cabezas» de los mismos, que, hoy en día, se han reducido bastante en número. Toda esta organización era «un medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos», podía leerse en el Real Decreto publicado en la prensa de la época, con un Burgos que definía a las provincias como «el Centro de donde partiese el impulso para regularizar el movimiento de una máquina administrativa». Sin embargo, la nueva estructura de De Burgos no siguió, a diferencia del modelo francés, que era más racionalizado, un criterio meramente geográfico, sino también un carácter histórico, respetando las divisiones de los antiguos Reinos, y teniendo en cuenta al mismo la distancia y el número de habitantes de cada núcleo de población. La oposición No fue fácil llegar hasta aquí. Costó tiempo y paciencia dividir el territorio español tal y como lo conocemos hoy en día. En 1785 se le había encargado al conde de Floridablanca una espacie de ordenación y catalogación de las provincias existentes, enumerando los núcleos de población que pertenecían a cada una de ellas e indicando su situación jurídica. En 1810, José Bonaparte, siguiendo el modelo francés, lo dividió en 38 prefecturas y 111 subprefecturas. Pero estas tampoco funcionaron, ya que los afrancesados nunca llegaron a tener el control de todos los reinos. Y luego fracasaron también las Cortes de Cádiz de 1812, que tampoco supieron aplicar la racionalidad geométrica a la Península Ibérica. Tras Javier de Burgos, la reforma fue continuada por los moderados a lo largo de todo el reinado de Isabel II, pero sufriendo los constantes ataques de la oposición. Estos comprendía, sobre todo, a los progresistas, y eran especialmente críticos en la cuestión del reparto de los municipios. Y más tarde serían los republicanos federales, quienes se opondrían al proyecto por su «excesivo centralismo». Pero el tren puesto en marcha en 1833 ya no se detendría en el siguiente siglo y medio, y, salvo pequeñas cambios puntuales, España quedará fijada bajo el trazo dibujado por Javier de Burgos. |
Geografía de las Provincias
No es noticia que muchos españoles preferirían ver las líneas del mapa político del país repartidas de otra manera. A las históricas demandas de los nacionalistas vascos o catalanes por la independencia se unen también otras por la interdependencia, como la voluntad de algunos ciudadanos de León por volver a conformar una región propia y desvinculada de Castilla.
Lo que ni ellos ni los partidos independentistas ponen nunca sobre la mesa es, curiosamente, la división provincial, que seguiría siendo exactamente igual en sus futuros escenarios. Frente a quienes aspiran a modificar la Constitución de 1978 por haberse quedado obsoleta tenemos aquí un trabajo intelectual, el de la división del territorio, con casi 200 años de historia y que sigue funcionando.
Por eso nadie —con pequeños matices que mencionaremos más adelante— ha manifestado querer alterar los límites de su provincia.
Recientemente, el geólogo Jorge Ginés compartió este interesante experimento resultante de dividir la península en regiones de Voronoi. Esto significa tomar unos puntos cualesquiera (en este caso las capitales de provincia) y aplicar el diagrama ideado por el matemático ruso Georgy Voronoi, que consiste en crear tantas regiones como puntos existan asignando a cada región todo aquel territorio que esté más cerca de ese punto que de ningún otro. La matemática Clara Grima explica aquí cómo funcionan estos diagramas y cómo se han utilizado para muchas cosas más aparte de la cartografía.
Las provincias de España son casi coincidentes con regiones de Voronoi (los bordes de cada polígono son equidistantes a dos capitales, o de otro modo, cada punto está más cercano a su capital que a otras).
No es sorprendente que los actuales límites provinciales sean casi coincidentes a las líneas de un diagrama de Voronoi. Nuestras actuales provincias son hijas del racionalismo. Lo que no está tan claro es quién es el otro progenitor.
En 1810, durante la invasión napoleónica, José Bonaparte encomienda a José Lanz, ingeniero nacido en México (por entonces Nueva España) y nacionalizado francés, la división de un territorio en el que nunca había vivido y del que fue desterrado. Quizá por eso, Lanz prescindió de reivindicaciones históricas y tiró de pragmatismo y accidentes geográficos para delimitar el territorio en 'departamentos', que los franceses renombraron como 'prefecturas'.
Pese a que el trabajo de Lanz (aquí una buena semblanza del sujeto) no pasó de la provisionalidad, algunas de sus provincias nombradas en base a los ríos ya prefiguraban lo que estaba por venir. Por ejemplo el Zújar, afluente del Guadiana, serviría para delimitar el límite de las provincias de Córdoba y Badajoz, por entonces Mérida. Y así sucesivamente, cuenca a cuenca.
Sin embargo, muchas de esas prefecturas resultaron demasiado amplias para ser abarcadas. Al mismo tiempo, habría más de cien subprefecturas con las que interlocutar. Por eso el encargo realizado a Javier de Burgos en 1833 tenía, principalmente, un ánimo centralizador: poder coordinar la organización periférica del Estado a través de las diputaciones y hacer tábula rasa de los anteriores modelos de reinos y regiones.
De Burgos, que fue periodista, traductor de Horacio y, a la postre, Secretario de Estado de Fomento, se apoyó en una propuesta de 1822 que no llegó a entrar en vigor pero dibuja las provincias actuales casi al dedillo, con la salvedad de que incluía tres más: Calatayud, Játiva y Vierzo.
En el decreto de las Cortes donde se exponía el plan provisional, sus señorías cifraban "todas las almas" del país en 11.661.980 personas. Aquella España era un lugar muy distinto. La provincia de Madrid, con 290.490 habitantes, no estaba entre las más pobladas. Concretamente estaba por detrás de Zaragoza, Oviedo, Barcelona, Córdoba, Coruña, Granada, Vigo, Sevilla y Valencia. La nueva división provincial calculaba un ahorro para el país de 1.046.100 reales con respecto al modelo anterior.
Once años después, el geógrafo acabó integrando a las tres provincias extra en Zaragoza, Valencia y León (además de cambiar Chinchilla por Albacete) para dar con un mapa clavado al actual.
En estos modelos se introdujo un doble criterio de eficiencia: las provincias tenían que tener entre 100.000 y 400.000 habitantes y que todos sus municipios estuvieran ubicados a menos de una jornada a caballo de su capital de provincia. Incluso visto con los ojos del presente, teniendo en cuenta las vías de comunicación actuales, el plan de 1833 se demostró bastante preciso, como muestran estas visualizaciones realizadas por @Apariciovich.
Cada zona representan los municipios más cercanos a una capital de provincia. Esta cercanía se ha calculado en tiempo hasta dicha ciudad sin tener en cuenta atascos. Algunas provincias siguen prácticamente iguales y otras cambian bastante.
"Se ha mantenido que la provincia española era una invención de Javier de Burgos, basada en el modelo de los departamentos franceses y que se realizó la división territorial poco menos que con un mapa y un compás", escribe Enrique García Catalán en su 'Urbanismo de Salamanca en el siglo XIX', que considera además "que esta afirmación es incierta y que debe romperse de una vez por todas con un tópico... pues la provincia es una figura con amplios antecedentes en la historia de España".
Expone además que el proceso de división en provincias apareció ya en el siglo XVIII y en 1813 comenzó a reiniciarse el interés, tras el repliegue de las tropas francesas.
Qué curioso. El polifacético Fermín Caballero también criticó la organización territorial de Lanz en 1810 usando una expresión similar; decía que estaba hecha "con el compás y la punta del sable, sin consideración alguna del orden existente". Por ello la de 1833, para la que Caballero realizó la propuesta final como miembro de la Comisión Mixta de División Territorial y Rectificación de Límites Provinciales, incorporaba sutilezas regionales que los proyectos anteriores no tuvieron en cuenta. Fue un proceso de dos décadas en los que todo el país logró alcanzar un 'pacto provincial', como lo describe Jesús Burgueño en su libro 'La Invención de las Provincias'.
Desde 1833 los cambios al dibujo de Javier de Burgos han sido menores, afectando exclusivamente a municipios limítrofes.
En 1927, la que por entonces era la provincia de Canarias se dividió en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Salvo éste el resto de cambios al modelo decimonónico han sido menores, afectando exclusivamente a municipios limítrofes entre dos provincias. Por ejemplo una pedanía que se separaba de un ayuntamiento para irse con el de otra provincia. Se sospechaba en muchos casos —el de Villena y Sax, incorporados a Alicante desde Albacete y Murcia en 1836— de injerencias políticas y diputados afines, pero al fin y al cabo así se escribe también la historia. El último caso fue el de Gátova, que en 1995 pasó de Castellón a Valencia aduciendo razones económicas y sentimentales.
Este municipio de 400 habitantes expuso que se había demostrado "la existencia de una tendencia natural de los vecinos a desplazarse a Valencia salvo para asuntos oficiales, dada su mayor proximidad geográfica y accesibilidad. Por último cabe resaltar el factor humano y sociológico que de modo natural produce un mayor acercamiento a la provincia de Valencia que a la de Castellón de la Plana".
Ante esas razones no hay racionalismo que pueda aplicarse y así provocó el último retoque al mapa de las provincias, un dibujo que ha pasado de provisional a bicentenario.
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