Apuntes Personales y de Derecho de las Universidades Bernardo O Higgins y Santo Tomas.


1).-APUNTES SOBRE NUMISMÁTICA.

2).- ORDEN DEL TOISÓN DE ORO.

3).-LA ORATORIA.

4).-APUNTES DE DERECHO POLÍTICO.

5).-HERÁLDICA.

6).-LA VEXILOLOGÍA.

7).-EDUCACIÓN SUPERIOR.

8).-DEMÁS MATERIAS DE DERECHO.

9).-MISCELÁNEO


viernes, 19 de junio de 2015

212.-La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.-a

Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma; Paula Flores Vargas; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; 



I. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

II. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

III. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

IV. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.

V. La ley sólo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.

VI. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.

VII. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.

VIII. La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.

IX. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley.

X. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

XI. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

XII. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada.

XIII. Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de administración, una contribución común, ésta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades.

XIV. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración.

XV. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

XVI. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.

XVII. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa.

211.-Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932.-a

Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; 

El Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932, también conocido como Estatuto de Nuria, fue una ley española aprobada durante el primer bienio de la Segunda República Española que otorgaba a Cataluña por primera vez un Estatuto de Autonomía que le permitía tener un gobierno y un parlamento propios, y ejercer determinadas competencias. De esta forma Cataluña conseguía lo que no obtuvo durante la campaña autonomista catalana de 1918-1919 durante la cual se llegó a presentar en las Cortes de la Monarquía de Alfonso XIII un proyecto de Estatuto que no se llegó ni siquiera a discutir.

Texto

Art. 1.º Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español. Su territorio es el de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona en el momento de aprobarse este Estatuto.

Art. 2.º El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano.

Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada.

Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República.

A todo escrito o documento judicial que se presente ante los Tribunales de Justicia redactado en lengua catalana, deberá acompañarse su correspondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes.

Los documentos públicos autorizados por los fedatarios en Cataluña podrán redactarse indistintamente en castellano o en catalán, y obligadamente en una u otra lengua, a petición de parte interesada. En todos los casos, los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán.

Art. 3.º Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Estos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos que los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República.

Art. 4.º A los efectos del régimen autónomo de este Estatuto, gozarán de la condición de catalanes; primero, los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera de Cataluña, y segundo, los demás españoles que hayan ganado vecindad dentro de Cataluña.

Art. 5.º De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.º de la Constitución, la Generalidad ejecutará la legislación del Estado en las siguientes materias:

1.ª Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
2.ª Pesas y medidas.
3.ª Régimen menor y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecta a la defensa de la riqueza y la coordinación de la economía nacional.
4.ª Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que sean de interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión de la policía de ferrocarriles y de los teléfonos y la ejecución directa, que puede reservarse de todos estos servicios.
5.ª Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
6.ª Régimen de seguros generales y sociales, sometidos estos últimos a la inspección que precetúa el artículo 6.º.
7.ª Aguas, caza y pesca fluvial sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. Las Mancomunidades Hidrográficas, cuyo radio de acción se extiende a territorio situado fuera de Cataluña, mientras conserven la vecindad y autonomía actuales, dependerán exclusivamente del Estado.
8.ª Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
9.ª Tierras de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.
10. Socialización de riquezas naturales y Empresas, delimitándose para la legislación de la propiedad las facultades del Estado y de las regiones autónomas.
11. Servicios de Aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del Estado a coordinar los medios de comunicaciones en todo el país.
El Estado podrá instalar servicios propios de radiodifusión y ejercerá la inspección de los que funcionen por concesión de la Generalidad.

Art. 6.º La Generalidad organizará todos los servicios que la legislación social del Estado haya establecido o establezca para la ejecución de sus preceptos.

La aplicación de las leyes sociales estará sometida a la inspección del Gobierno para garantizar directamente su estricto cumplimiento y el de los Tribunales internacionales que afecten a la materia.

En relación con las facultades atribuídas por el artículo anterior, el Estado podrá designar en cualquier momento los delegados que estime necesarios para velar por la ejecución de las leyes. La Generalidad está obligada a subsanar, a requerimientos del Gobierno de la República, las deficiencias que se observen en la ejecución de aquellas leyes; pero si la Generalidad estimase injusticada la reclamación, será sometida la divergencia al fallo del Tribunal de Garantías constitucionales, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución. El Tribunal de Garantías constitucionales, si lo estima preciso, podrá suspender la ejecución de los actos o acuerdos a que se refiera la discrepancia, en tanto se resuelve definitivamente.

Art. 7.º La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los centros de enseñanza en todos los grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad, dotada por este Estatuto.

La Generalidad se encargará de los servicios de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, conservación de monumentos y archivos, salvo el de la Corona de Aragón.

Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad de Barcelona un régimen de autonomía. En tal caso, éste se organizará como Universidad única, regida por un Patronato, que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y catalana las garantías recíprocas de convivencia y de igualdad de derechos para profesores y alumnos.

Las pruebas y requisitos que, con arreglo al artículo 49 de la Constitución, establezca el Estado para la expedición de títulos, regirán con carácter general para todos los alumnos procedentes de los establecimientos del Estado y de la Generalidad.

Art. 8.º En materia de orden público, quedan reservados al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los números 4, 10 y 16 del artículo 14 de la Constitución, todos los servicios de seguridad púbica en Cataluña, en cuanto sean de carácter extrarregional o suprarregional; la policía de fronteras, inmigración, emigración, extranjería y régimen de extradición y expulsión.

Corresponden a la Generalidad todos los servicios de policía y orden interior de Cataluña.

Para la coordinación permanente de ambas clases de servicios mutuos, auxilio, ayuda e información y traspaso de los que correspondan a la Generalidad, se creará en Cataluña, habida cuenta de lo ordenado en el artículo 20 de la Constitución, una Junta de Seguridad, formada por representantes del Gobierno de la República y de la Generalidad y por las autoridades superiores que, dependientes de una y otra, presten servicio en el territorio regional, la cual entenderá en todas las cuestiones de regulación de servicios, alojamientos de fuerzas y nombramiento y separación de personal.

Esta Junta, cuyo reglamento ordenará su organización y funcionamiento, de acuerdo con lo contenido en este artículo, tendrá una función informativa, pero la Generalidad no podrá proceder contra sus dictámenes en cuanto tengan relación con los servicios coordinados.

En cuanto al personal de los servicios de policía y orden interior de Cataluña atribuídos a la Generalidad, las propuestas de los nombramientos las hará su representación en la Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art.9.º El Gobierno de la República, en uso de su facultad y en ejercicio de sus funciones constitucionales, podrá asumir la dirección de los servicios comprendidos en el artículo anterior, en el mantenimiento del orden interior en Cataluña, en los siguientes casos:

Primero. A requerimiento de la Generalidad.
Segundo. Por propia iniciativa, cuando estime comprometido el interés general del Estado o su seguridad.
En ambos casos será oída la Junta de Seguridad de Cataluña para dar por terminada la intervención del Gobierno de la República.

Para la declaración del estado de guerra, así como para el mantenimiento, suspensión o restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, se aplicará la ley de Orden público, que regirá en Cataluña como en todo el territorio de la República.

También regirán en Cataluña las disposiciones del Estado español sobre fabricación, venta, tenencia y uso de armas y explosivos.

Art. 10. Corresponderá a la Generalidad de Cataluña la legislación sobre el régimen local, que reconocerá a los Ayuntamientos y demás corporaciones que cree plena administración en el gobierno y dirección de los intereses peculiares y les concederá recursos propios para atender los servicios de su competencia.

Esta legislación no podrá reducir la autonomía municipal a límites menores que los que señale la ley general del Estado.

Para el cumplimiento de sus fines, la Generalidad podrá establecer, dentro de Cataluña, las demarcaciones territoriales que estime convenientes.

Art. 11. Corresponden a la Generalidad de Cataluña la legislación exclusiva y la ejecución y dirección de las funciones siguientes:

A) Carreteras, ferrocarriles, canales, puertos y todas las obras públicas de Cataluña, salvo lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución.
B) Servicios forestales, agrónomicos y pecuarios, Sindicatos Agronómicos y Asociaciones y Sociedades agrarias, salvo lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 15 de la Constitución y salvo las leyes sociales designadas en el número 1 de dicho artículo.
C) Beneficiencia.
D) Sanidad interior, salvo lo dispuesto en el número séptimo del artículo 15 de la Constitución.
E) Establecimiento y ordenación de los servicios de contratación de mercancías y similares, conforme a las ormas generales del Código de Comercio.
F) Cooperativas, Mutualidades y Pósitos, con la salvedad, respecto a las leyes sociales, hecha en el párrafo primero del artículo 11 de la Constitución.
Art. 12. Corresponde a la Generalidad la legislación exclusiva en materia civil, salvo lo dispuesto en el artículo 14, número primero, de la Constitución, y la administrativa que le esté plenamente atribuída por este Estatuto.

La Generalidad organizará la administración de Justicia en todas las jurisdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada, conforme a los preceptos de la Constitución y a las leyes procesales y orgánicas del Estado.

La Generalidad nombrará los jueces y magistrados con jurisdicción en Cataluña mediante concurso entre los comprendidos en el escalafón general del Estado. El nombramiento de magistrados del Tribunal de Casación de Cataluña corresponderá a la Generalidad, conforme a las normas que su Parlamento determine. La organización y funcionamiento del ministerio fiscal corresponde íntegramente al Estado, de acuerdo con las leyes generales. Los funcionarios de la justicia municipal serán designados por la Generalidad, según el régimen que establezca. Los nombramientos de secretarios judiciales y de personal auxiliar de la administración de justicia se harán por la Generalidad con arreglo a las leyes del Estado.

El Tribunal de Casación de Cataluña tendrá jurisdicción propia sobre las materias civiles y administrativas cuya legislación exclusiva esté atribuída a la Generalidad.

Conocerá, además, el Tribunal de Casación de Cataluña de los recursos sobre calificación de documentos referentes al Derecho privativo catalán que deban motivar inscripción en los Registros de la Propiedad. Asimismo resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción entre las autoridades judiciales de Cataluña. En las demás materias se podrá interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la República o el procedente, según las leyes del Estado. El Tribunal Supremo de la República resolverá asimismo los conflictos de competencia y de jurisdicción entre los Tribunales de Cataluña y los demás de España.

Los registradores de la propiedad serán nombrados por el Estado.

Los notarios los designará la Generalidad mediante oposición o concurso, que convocará ella misma, con arreglo a las leyes del Estado. Cuando, conforme a éstas, deban proveerse las notarías vacantes por concurso o por oposición entre notarios, deberán admitirse con iguales derechos los notarios del Estado y los de la Generalidad.

En cuantos concursos convoque la Generalidad serán condiciones preferentes el conocimiento de la lengua y del Derecho catalanes, sin que en ningún caso pueda establecerse la excepción de naturaleza o vecindad. Los fiscales registradores designados para Cataluña deberán conocer la lengua y el Derecho catalán.

Art. 13. La Generalidad de Cataluña tomará las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados y convenios que versan sobre materias atribuídas total o parcialmente a la competencia regional en el presente Estatuto.

Si no lo hiciera en tiempo oportuno, corresponderá adoptar dichas medidas al Gobierno de la República, que, por tener a su cargo la totalidad de las relaciones exteriores, ejercerá siempre la alta inspección para el cumplimento de los referidos Tratados y convenios y para la observación de los principios del Derecho de gentes.

Todos los asuntos que revistan este carácter, como la participación oficial en exposiciones y Congresos internacionales y las relaciones de los españoles residentes en el extranjero o cualquiera otras análogas, serán de la exclusiva competencia del Estado.

Art. 14. La Generalidad estará integrada por el Parlamento, el presidente de la Generalidad y el Consejo ejecutivo.

Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de este organismo, de acuerdo con el Estatuto y con la Constitución.

El Parlamento, que ejercerá funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de cinco años, por sufragio universal directo, igual y secreto.

Los diputados del Parlamento de Cataluña serán inviolables por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.

El presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimiso representa a esta región en sus relaciones con la República y con el Estado y en las funciones cuya ejecución directa le estén reservadas al Poder central.

El presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña y podrá delegar temporalmente su función ejecutiva, mas no la de representación, en uno de sus consejeros.

El presidente y los consejeros de la Generalidad ejercerán las funciones ejecutivas y deberán dimitir de sus cargos en el caso de que el parlamento les negase de modo explícito la confianza.

Uno y otros son individualmente responsables ante el Tribunal de Garantías en el orden civil y criminal del Estatuto y de las leyes.

Art. 15. Todas las cuestiones de competencia que se susciten entre las autoridades de la República y de la Generalidad o entre las jurisdicciones de sus respectivos organismos serán resueltas por el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendrá, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución, la misma extensión de competencia en Cataluña que en el resto de la República.

Art. 16. La Hacienda de la Generalidad de la Cataluña se constituye:

a) Con el producto de los impuestos que el Estado cede a la Generalidad.
b) Con un tanto por ciento en determinados impuestos de los no cedidos por el Estado.
c) Con los impuestos, derechos y tasas de las antiguas Diputaciones provinciales de Cataluña y con los que establezca la Generalidad.

Los recursos de la Hacienda de la Generalidad se cifrarán con sujeción a las siguientes reglas:

Primera. Un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior por razón de los gastos imputables a servicios que transfieran y que, teniendo consignación en el presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Cataluña o los que produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.
Segunda. Una suma igual al coeficiente de aumento que experimenten en lo sucesivo los gastos de los presupuestos futuros de la República en los servicios correspondientes a los que se transfiera a la Generalidad de Cataluña.
Para cubrir las cuantías que resulten de aplicar las reglas anteriores, según el cálculo que realizará la Comisión mixta creada en el artículo 19 de este Estatuto, y que se someterá a la aprobación del Consejo de ministros, el Estado cede a la Generalidad:

I. La contribución territorial, rústica y urbana con los recargos establecidos sobre la misma, debiendo abonar a los Ayuntamientos las participaciones que les correspondan.
II. El impuesto sobre los derechos reales, las personas jurídicas y las transmisiones de bienes con sus recargos y con la obligación de aplicar los mismos tipos contributivos establecidos en las leyes del Estado.
III. El 20 por 100 de propios, el 10 por 100 de pesas y medidas, el 10 por 100 de aprovechamientos forestales, el producto del canon de superficie y el impuesto sobre las explotaciones mineras.
IV. Una participación en las sumas que produzcan en Cataluña las contribuciones industrial y de utilidades, igual a la diferencia entre la cuantía de las contribuciones con sus recargos que se ceden en virtud de las tres reglas anteriores y el coste total de los servicios que el Estado transfiere a la región autónoma, todo ello referido al momento de la transmisión. Si con una participación del 20 por 100 no se cubriere dicha diferencia, se abonará el resto de la misma en forma de participación en el impuesto de Timbre en la proporción necesaria.
Cada cinco años se procederá por una comisión de técnicos nombrados por el ministro de Hacienda de la República y por la Generalidad a la revisión de las concesiones hechas en este artículo. Tanto los impuestos cedidos como los servicios traspasados a la Generalidad serán calculados con un aumento o con una rebaja igual a la que hayan experimentado unos y otros en la Hacienda de la República. La propuesta de esta Comisión será elevada a la aprobación del Consejo de ministros.

En cualquier momento el ministro de Hacienda de la República podrá hacer una revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente título, de común acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuera posible, deberá someterse la reforma a la aprobación de las Cortes, siendo preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Art. 17. La Hacienda de la República respetará los actuales ingresos de las haciendas locales de Cataluña, sin gravar con nuevas contribuciones las bases de contribución de aquéllas.

La Generalidad podrá crear nuevas contribuciones que no se apliquen a las mismas materias que ya tributan en Cataluña a la República, y podrá dar una nueva ordenación a sus ingresos.

Los nuevos tributos que establezca la Generalidad no podrán ser obstáculo a las nuevas imposiciones que con carácter general cree el Estado, y en caso de incompatibilidad aquellos tributos quedarán absorbidos por los del Estado, con la compensación que corresponda.

En ningún caso la Ordenación tributaria de la Generalidad podrá dificultar el desarrollo del impuesto sobre la renta, que será tributo del Estado.

La Hacienda de la Generalidad podrá continuar recaudando por delegación de la Hacienda de la República, y con el mismo premio que éste tenga consignado en presupuesto, las contribuciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe percibir en Cataluña, con excepción de los monopolios y de las Aduanas, con sus anexos.

Sin embargo, el Estado se reserva el derecho de rescatar la reecaudación de sus tributos y gravámenes en el territorio de Cataluña y de ordenarla libremente.

La Generalidad podrá emitir deuda interior, pero ni la Generalidad ni sus corporaciones locales podrán apelar al crédito extranjero sin autorización de las Cortes de la República.

Después de emitida la deuda, cuyo producto haya de invertirse en la creación o mejoramiento de servicios que en cuanto a Cataluña hayan sido transferidos a la Generalidad, ésta fijará las obras y los servicios de la misma naturaleza que se propone realizar con la participación que se le otorgue en el empréstito, dentro de un límite que no podrá exceder de una parte proporcional a la población de Cataluña con respecto a la población de España.

Los derechos del Estado en territorio catalán relativos a minas, aguas, caza y pesca, y los bienes de uso público y los que, sin ser de uso común, pertenezcan privativamente al Estado y están destinados a algún servicio público, como el fomento de la riqueza nacional, se transfieren a la Generalidad, excepto los que sigan afectos a funciones cuyo servicio se haya reservado el Gobierno de la República.

Dichos bienes y terrenos no podrán ser enajenados, gravados ni destinados a fines de carácter particular sin autorización del Estado.

El régimen de las concesiones de minas potásicas y de los posibles yacimientos de petróleo seguirán regiéndose por las disposiciones vigentes mientras el Estado no dicte nuevas limitaciones sobre estas materias.

El Tribunal de Cuentas de la República fiscalizará anualmente la gestión de la Generalidad en cuanto a la recaudación de impuestos que le sean atribuídos por delegación de la Hacienda de la República y la ejecución de servicios por encargo de ésta, siempre que se trate de servicios que tengan su consignación especial en los presupuestos del Estado.

Tanto los impuestos cedidos como los servicios transferidos a la Generalidad, serán calculados con un aumento o con una rebaja igual a la que hayan experimentado unos y otros, por la Hacienda de la República.

La propuesta de esta comisión será elevada a la aprobación del Consejo de ministros.

En cualquier momento el ministro de la República podrá hacer una revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente título, de común acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuese posible deberá someterse la reforma a la aprobación de las Cortes, siendo preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Art. 18. Este Estatuto podrá ser reformado:

a) Por iniciativa de la Generalidad, mediante referéndum de los Ayuntamientos y aprobación del Parlamento de Cataluña.
b) Por iniciativa del Gobierno de la República y a propuesta de la cuarta parte de los votos de las Cortes.
En uno y otro caso será preciso para la aprobación (definitiva) de la ley de Reforma del Estatuto, las dos terceras partes del voto de las Cortes. Si el acuerdo de las Cortes de la República fuera rechazado por el referéndum de Cataluña, será menester, para que prospere la reforma, la ratificación de las Cortes ordinarias, subsiguientes a las que le hayan acordado.

Disposición transitoria

Artículo único. El Gobierno de la República queda facultado, dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de este Estatuto, para establecer las normas a que han de ajustarse el inventario de bienes y derechos y la adaptación de los servicios que pasan a la competencia de la Generalidad, encargando la ejecución de dichas normas a una comisión mixta que designen por mitad el Consejo de ministros y el Gobierno provisional de la Generalidad, la cual deberá tomar sus acuerdos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros como mínimo, sometiendo, en caso necesario, sus diferencias a la resolución del presidente de las Cortes de la República.

Previo acuerdo con el Gobierno, la Generalidad fijará la fecha para la elección del primer Parlamento de Cataluña, con arreglo al mismo procedimiento de las elecciones a Cortes constituyentes.

Para las elecciones a que se refiere el párrafo anterior, el territorio de Cataluña se dividirá en las circunscripciones siguientes: Barcelona (ciudad), Barcelona (circunscripción), Gerona, Lérida y Tarragona. Las circunscripciones votarán un diputado por cada 4.000 habitantes, con el mínimo de catorce diputados por circunscripción.

Mientras no legisle sobre materias de su competencia, continuarán en vigor las leyes actuales del Estado que a dichas materias se refieran, correspondiendo su aplicación a las autoridades y organismos de la Generalidad, con las facultades asignadas actualmente a los del Estado.

208.-Las leyes fundamentales del Imperio Ruso (III). a

Historia de la ley rusa. 

Derecho civil ruso. 


Introducción. 

El derecho civil ruso, tanto en su desarrollo histórico como en su estado actual, en contraste con el derecho romano y el nuevo derecho europeo occidental, se caracteriza por la incertidumbre de las formas de las relaciones de derecho civil de los individuos y, especialmente, por la falta de desarrollo de los poderes y obligaciones individuales. asociado para los individuos a la existencia de una u otra relación entre ellos (derechos y deberes subjetivos, como dicen los juristas). Éste se encuentra en conexión directa con la composición histórica de la sociedad civil rusa y su actitud hacia el poder, que ha determinado y ahora determina las formas de manifestación de la vida jurídica (la fuente del derecho).




En la sociedad civil rusa, sólo los grupos o clases que representaban un determinado interés socioeconómico se distinguían por un marcado aislamiento y no siempre podían subyugar al resto de la masa; en la medida en que se logró esta subordinación, no suscitó una oposición activa de las masas debido a su falta de organización y condiciones externas que la pusieron a merced del grupo dirigente. El principal interés de las clases dominantes del período antiguo de la historia rusa era el comercio exterior. Se manifiesta en las normas del derecho civil, pero no une a todos los comerciantes en un todo uniforme, en vista de las diferencias en los métodos de obtención de objetos de comercio (mercancías). Algunos los obtienen gravando a las tribus cazadoras, cazadoras y agrícolas que habitan en Rusia; otros lideran una economía territorial independiente, estableciendo lazos especiales con la población; aún otros organizan la silvicultura independiente y otros oficios, y en parte la artesanía. El centro de las relaciones comerciales internas y el punto de partida del comercio exterior, la ciudad, por lo tanto, no representa una población y una ley monótonas. Desde finales del siglo XII, con el traslado del centro de la vida estatal del sur y noroeste al noreste, el interés agrícola, determinado por los intereses de la agricultura, se hizo dominante. Abarca también varias clases de la sociedad: el príncipe con su séquito, el clero, los viejos comerciantes, los industriales locales; todos ellos se apoderan gradualmente de la tierra y la trabajan con la ayuda de esclavos (siervos, sirvientes) o campesinos civiles. Debido a las condiciones políticas, geográficas y topográficas, este interés tampoco logra unir a los terratenientes rusos de los siglos XIII-XV en un todo. y someter incondicionalmente a los campesinos transeúntes. Otros intereses del clero (superior y monasterios) y el príncipe con su séquito a menudo se oponen entre sí; los campesinos se esfuerzan por disfrutar de su libertad a pesar de sus obligaciones; los combatientes terratenientes, y en cierta medida los príncipes, están entrelazados entre sí, y especialmente con el clero, en una estrecha conexión de relaciones de deuda, al mismo tiempo que vinculan y provocan antagonismo. En el período de desarrollo de Moscú, la relación mutua de varios grupos de la sociedad rusa se vuelve más definida. La clase dominante es la nobleza de servicio local, que finalmente logra someter a las masas campesinas ahora serviles; el comerciante, elemento comercial de la población, pasa a un segundo plano y, habiendo recibido una nueva organización fiscal, ya no puede ejercer ninguna influencia en el desarrollo del derecho. Pero la nobleza de servicio, habiendo perdido su significado independiente, no se une a una cierta clase, los miembros de otra serían solidarios entre sí en relación con el gobierno. Entre los terratenientes y propietarios de haciendas hay una pequeña lucha por más o menos salario, los miembros individuales de la clase buscan tierras para ellos mismos, a menudo quitándoselas a otras personas de servicio. En el centro de esta lucha está el gobierno de Moscú, de cuyos favores depende la posición oficial de una persona. Desde la era de Pedro el Grande hasta principios del siglo XIX, el proceso de agregación de la sociedad civil rusa en estamentos está en marcha, pero entre grupos individuales de la misma clase prevalece un antagonismo de intereses (grandes y pequeños, nobles, comerciantes). y la agricultura campesina), que no permite poner en primer plano los intereses de la propiedad frente a los intereses de la rotación e incapaz de paralizar el desarrollo de estos últimos. Las marcadas diferencias en la composición cultural y económica de la sociedad impiden la adición de los mismos ideales de derecho familiar, personal y de propiedad y el establecimiento de un sistema coherente de normas de derecho civil en la vida.



Historia de las fuentes del derecho civil ruso. La historia de las fuentes del derecho civil ruso corresponde a la composición de la sociedad civil rusa. Su diferencia característica es la falta de desarrollo de normas de clase independientes de "derecho consuetudinario" que puedan servir de apoyo a la legislación. “Antigüedad”, “deber” y “costumbres” también captan en la antigua Rusia, sin duda, muchos grupos de relaciones y suman de un modo u otro la vida interna de sus partes individuales, pero no crean normas generales de derecho civil que hagan es posible hablar de la “conciencia jurídica” de las personas. De ahí la facilidad de influencia del "decreto" principesco y real sobre la organización legal de la vida y el hábito de buscar las normas jurídicas no en la aplicación de los intereses, sino en las instrucciones del gobierno. En los monumentos del primer período, Russkaya Pravda y la Carta Judicial de Pskov, todavía hay rastros de un cierto orden social, diferente para las clases individuales, pero basado en ideas establecidas sobre el bien y el mal. Los monumentos posteriores del período del apacentamiento y el comienzo del período zarista (cartas estatutarias y documentos judiciales) se ocupan principalmente de la organización del orden externo de las relaciones, el establecimiento del poder de los gobernadores y volostels, el espacio de la corte y deberes . La vida interna de los grupos individuales de la población, las uniones tribales, familiares, de camaradas y comunales está determinada casi exclusivamente por la voluntad de sus miembros dominantes, y las relaciones de dependencia contractual y territorial entre individuos, por acuerdo privado (acuerdo), a voluntad de la parte que se encuentre en mejor posición económica al momento de la celebración del contrato. De ahí la variedad de formas y condiciones y la ausencia casi total de normas generales. En los Sudebniks hay solo algunos decretos restrictivos que deben su origen a la política del gobierno: sobre la redención de la propiedad familiar, sobre préstamos, sobre la transferencia de campesinos. Las normas del derecho bizantino, que se habían vuelto más fuertes en ese momento (ver Libro piloto), abarcaban solo algunas de las relaciones del derecho de familia. Legislación de Moscú desde finales del siglo XV. presta mucha atención a las relaciones territoriales, pero sólo en interés del servicio público. Una gran cantidad de peticiones y decretos emitidos sobre ellos se relacionan específicamente con las relaciones territoriales. La legislación va de manera inconsistente de resolver los casos individuales, a menudo contradiciéndose a sí misma. Según el profesor Sergeevich, "las peticiones son presentadas por grupos relativamente pequeños de personas que tienen algunos intereses comunes y no están satisfechos con uno u otro pedido". Los peticionarios actúan en nombre de sus intereses privados. Es imposible ver en ellos representantes no solo de todo el estado moscovita o cualquiera de sus estados: ni siquiera siempre representan la opinión de toda la categoría de personas en un área determinada a la que pertenecen. En el ambiente del que surgieron los peticionarios, casi siempre quedan quienes piensan diferente y no se suman a la petición. El gobierno, habiendo recibido una petición, no se propone la tarea de clarificar los intereses diversos y en conflicto entre sí invitando a los partidarios de opiniones diferentes a intercambiar sus pensamientos. Elige el camino más cercano, pero muy poco fiable, inclinándose a la petición de un lado o del otro. El resultado de esto es la extrema inestabilidad del orden de Moscú. Cuando no hay petición y una sentencia u otra orden tiene que encontrar la norma por sí misma, se busca en una fuente extranjera, principalmente en el Estatuto lituano y, a través de él, en el derecho romano, el prochiron griego, etc. El Código del Zar Alexei está lleno de tales préstamos; se deben principalmente a su composición del capítulo décimo, el más importante desde el punto de vista del derecho civil. Desde el Código, la historia de la codificación (ver) enfatiza la misma característica general del desarrollo de los intereses del derecho: la falta de apoyo en la conciencia jurídica de las personas y las búsquedas en fuentes extranjeras. Durante el siglo XVIII. El gobierno de Petersburgo está haciendo enérgicos intentos legislativos para reunir a la masa desorganizada de la población rusa en ciertos grupos con el interés de servir y desarrollar el bienestar del pueblo. Pero incluso estos intentos no se basan en fuerzas preparadas en el país, sino en consideraciones teóricas y modelos de Europa occidental tomados sin tener en cuenta la situación real del país (por ejemplo, el famoso decreto sobre herencia única). Sobre la composición de las opiniones "jurídicas consuetudinarias" de la población en el siglo XVIII. lamentablemente no podemos juzgar. Las órdenes a los diputados de la Comisión de Catalina muestran que la conciencia "legal consuetudinaria" estaba poco desarrollada. Revelando muchos desórdenes en la vida del derecho civil ruso - un desorden casi completo en la distribución de derechos y obligaciones para la propiedad de la tierra, la ausencia de normas legales detalladas que definan las relaciones familiares y de propiedad, la tutela, los límites de la libertad y los métodos para redactar testamentos, la orden de herencia por ley, la organización de crédito y transacciones vinculantes relacionadas con él, etc. - ofrecen solo deseos individuales, consideraciones y puntos de vista subjetivos, que a veces se convierten en proyectos completos. Solo se exponen las necesidades individuales, y el desarrollo detallado de las normas se deja a la discreción del gobernante. stvo, que, mientras tanto, deseaba recibir de la sociedad es una indicación de los fundamentos y detalles de su vida jurídica. La solidaridad de intereses es visible solo en el campo de la preservación de los privilegios y en la lucha por las principales fuentes de ingresos: la tierra y los siervos, cuya posesión exclusiva defienden los nobles. En tal estado de "conciencia jurídica", la verdadera vida del derecho civil ruso se dirige en el siglo XVIII, ya que no está capturada por el decreto imperial, por la voluntad privada, es decir, por una transacción legal. La ley define únicamente restricciones formales a la transacción en cuanto a la exactitud de su ejecución y en interés de los jueces, liberándolos de la necesidad de evaluar su esencia interna. Un testamento formalmente correcto, en muchos casos, pone a una contraparte bajo el poder de otra, brinda muchas formas de eludir leyes que ya son insuficientes y, en última instancia, conduce a la regla de la falta de derechos. El estado deplorable de la corte asegura aún más este dominio de la voluntad privada ilimitada. Los jueces rusos, que entraron en el ejercicio de sus funciones sobre la base de las cartas judiciales del emperador Alejandro II, tenían, sin más apoyo que la "interpretación", introducir la voluntad privada en los límites legales. Estableciendo en lugar de normas judiciales arbitrarias para las actividades de los individuos que son consistentes con la estructura general y las tareas de la sociedad civil moderna, estos jueces crean el primer sistema de derecho civil efectivo desde el surgimiento de Rusia, que, sin embargo, aún no ha alcanzado tales fuerza que se puede hablar de un sistema de derecho civil bien organizado. Muchas legalizaciones de leyes civiles, basadas en las condiciones de vida anteriores, entorpecen el desarrollo de la vida y entorpecen las actividades educativas de la corte.


La historia del derecho personal es completamente consistente con la composición de la sociedad civil rusa y su relación con el poder. Inicialmente, la personalidad goza de un alcance considerable; el contrato es válido independientemente de cualquier restricción por parte de las autoridades de derecho civil. No existen, sin embargo, indicios definidos de quién, de hecho, según el derecho antiguo, se considera sujeto de pleno derecho de las relaciones jurídicas. “En la antigua ley rusa”, dice el profesor Vladimirsky-Budanov, “la ausencia del concepto de persona es evidente por la ausencia de términos que lo expresan”. Es cierto que en los monumentos literarios y legislativos de la antigüedad hay términos de traducción: "persona" (del griego πρωσοπον) y "persona" (del latín persona), pero el primero de ellos no significa una persona en nuestro sentido, pero, por el contrario, una negación de la dignidad de la persona, sólo un tipo de esclavitud. En parte en Russkaya Pravda, aún más en las Cartas Judiciales de Pskov y Novgorod, sin embargo, uno puede ver la conciencia de las personas libres de sus derechos subjetivos. Ambas cartas expresan sus normas desde el punto de vista de una persona con derechos, y no en forma de instrucciones del legislador. En cierta medida, son ciertas las palabras del profesor Duvernoy, refiriéndose a ambas cartas: “No es fácil encontrar en la historia del derecho europeo moderno, en una época tan temprana, otro ejemplo de tal combinación de madurez de la formas de expresión de la conciencia jurídica, por un lado, y, por otro, la presencia viva de todos los factores en los que se funda la vida jurídica del pueblo, la voluntad general, el consentimiento general de todas las partes constituyentes del volost , el sentimiento de fe, que se fija para el tribunal, para las partes, la fuerza de estas normas y, finalmente, la energía de la conciencia personal de la ley, que es tan visible en la disposición de las partes y los rumores para ir a batalla por una causa justa". El nivel de desarrollo legal de Pskov y Novgorod, sin embargo, no era el nivel general de desarrollo legal de Rusia, y entonces la “energía personal” a la que se hace referencia en la cita es tanto una manifestación de “conciencia legal” como lo es. arbitrariedad inherente a la vida temprana y basada en la conciencia de fuerza, basada en personas y amigos de ideas afines (rumores). Para el posterior desarrollo del derecho ruso, el nivel de conciencia jurídica personal alcanzado en Novgorod y Pskov no constituye, en ningún caso, un punto de partida. Hablando de la era moscovita hasta el Código, el propio profesor Duvernoy escribe: “Para determinar cuánto en ese momento y después el Estado absorbió al individuo, cuánto la salus rei publicae prevaleció sobre todo y sobre todo sobre el interés de los individuos, tomaremos ... la posición de una persona según los monumentos legislativos de esta época. El Código de 1649 no conoce otra valoración de la dignidad personal, salvo la estatal, y lo más curioso es que este criterio, el único para todos, abarca no sólo el rango secular, sino también el espiritual de las personas. Este criterio es el mismo aquí y allá: el grado de cercanía al poder, no solo en el sentido jerárquico, sino directamente en el sentido de cercanía real, que, por supuesto, puede cambiar cada minuto. No hay definiciones para las personas que sufren e infligen deshonra. No hay números abstractos, por así decirlo; solo hay nombres” (boyardo, okolnichiy, arquero, artillero, sirviente monástico, etc.). Por el concepto del rostro en el siglo XVIII. es significativo el conocido decreto de Pedro sobre el examen de los necios en el Senado: “porque tanto según los rangos superiores como inferiores de la gente, los bienes muebles e inmuebles se dan en herencia a sus hijos, tales necios que no son aptos para cualquier ciencia y servicio, y otros, a pesar de sus tonterías, pero por la riqueza, dan en matrimonio a sus hijas y suegros, de quienes no se puede esperar una buena herencia en beneficio del estado ... por eso ” y así. “Aquí”, dice el profesor Duvernoy, “la característica es el cuidado de las autoridades no sobre la persona y sus derechos en particular, sino sobre los intereses del estado. Los bienes muebles e inmuebles deben pertenecer a alguien que pueda soportar la carga del servicio personal al Estado. En Occidente, en eras similares de reconocimiento estatal de los derechos del individuo, el guardián de sus intereses era el sindicato al que pertenecía: la corporación, el taller, etc. En Rusia, el sistema sindical no es el guardián de la derechos del individuo. La comunidad, por ejemplo, no pudo resistir las influencias externas de los terratenientes o de las autoridades principescas y reales. Las uniones restantes de la antigua y la nueva Rusia no fueron formaciones espontáneas. Las uniones tribales del período de Moscú sirvieron como un medio para mantener la tierra en manos de un cierto círculo de parientes (redención tribal) y al mismo tiempo como una forma conveniente de influencia política por parte del estado (los parientes estaban obligados a servir uno). tras otro, podría rendir cuentas ante los tribunales). No conocemos ejemplos en los que la unión tribal sirva como apoyo contra la desgracia real o protección del individuo en otros aspectos. De los monumentos legislativos de la antigua Rusia, sólo la carta judicial de Pskov habla de asociaciones o uniones syabr; el resto de los monumentos, no sólo de Moscú, sino de la época de San Petersburgo, casi no contienen indicios de uniones libres, que son de gran trascendencia jurídica civil. Artels tiene muy un ámbito limitado y una organización enteramente servil o familiar (con derechos de cacique o de familia numerosa). Hay indicios separados de la existencia de sociedades comerciales en el siglo XVII, pero no tenemos información sobre su estructura, o sobre su importancia política o al menos económica. En el siglo XVIII. el gobierno busca dar vida a las empresas industriales, las dota de privilegios, pero al mismo tiempo paraliza su actividad, supeditándola a los intereses del erario más que a los intereses de la industria. La propia organización legal de la empresa parece bastante confusa. Hay información sobre artels del siglo XVIII, pero “¿qué tipo de artels son estos? Los nombres por sí solos son suficientes: Meifov, Thomson, Stuartov, Neporov, Shilinskaya, Kokorina y otros similares, para comprender la actitud de todos estos artels ante la cuestión de la unión libre y el derecho de las personas. Una de las condiciones esenciales para la admisión a un artel es la renuncia del solicitante al derecho de tratar con el artel en los tribunales; al mismo tiempo, en algunos artels, el castigo de los miembros culpables se retiene no solo con una multa, sino también con el castigo corporal ”(Duvernoy). Recién en la segunda mitad del siglo XIX. comienza un desarrollo legal serio de los derechos de los sindicatos, pero incluso ahora es todavía imperfecto en muchos aspectos y está lejos de estar al nivel del desarrollo de Europa Occidental. Legalmente, no sólo las formas activas de industria aliada, sino también la posesión pasiva parecen estar extremadamente subdesarrolladas. Donde, según las condiciones de la posesión, era común (por ejemplo, la posesión de los llamados gostiny yards en las ciudades), la relación de esta posesión con los derechos de la ciudad y la propiedad de los derechos de los propietarios a los bancos, la tierra debajo de ellos y los pasillos permanecieron inciertos hasta finales del siglo XIX.
 

El derecho ruso moderno de las personas, tanto individuales como colectivas, deja mucho que desear. El concepto de persona con capacidad civil aún no abarca a todas las clases de ciudadanos rusos. La personalidad del campesino está sujeta en algunos aspectos al derecho consuetudinario, distinto al general, la prohibición de fraccionamientos, la tenencia comunal de la tierra desde su vertiente fiscal, la dependencia del poder de policía, la desigualdad judicial. Los extranjeros individuales (judíos, polacos, extranjeros) están limitados en los medios para adquirir bienes raíces y los judíos, en la libertad de movimiento. La religión impone restricciones al derecho matrimonial y familiar. Hay desigualdad de género en la herencia. La mala organización de la tutela se refleja en el estado civil-jurídico de los menores y de los dementes. La ausencia de restricciones a la patria potestad deja a los niños a merced de sus padres. La ausencia de organización social de clases individuales y grupos estamentales, aunque la diferencia entre ellos todavía existe en la ley (tutela, adopción), no brinda a los miembros de estas clases y estamentos la protección adecuada de sus derechos donde no están protegidos por la ley estatal . Las leyes civiles rusas casi no dan recetas con respecto a la organización legal de las personas colectivas; las ordenanzas sobre sociedades y sociedades anónimas están extremadamente desfasadas. Los sindicatos de derecho público (zemstvos, ciudades, nobles, campesinos, comerciantes y otras sociedades) se guían en sus actividades de derecho civil por disposiciones separadas, que a menudo cambian, y los sindicatos privados, severamente restringidos por la supervisión policial, se guían por sus propios estatutos especiales. El concepto jurídico de personalidad individual y colectiva, sin embargo, ya ha sido suficientemente desarrollado por la teoría y sirve como guía para la práctica judicial. Por lo tanto, los obstáculos para el desarrollo del derecho ruso moderno ya no están en la falta de “conciencia jurídica”, sino en las condiciones mencionadas en el ensayo sobre la sociedad civil rusa.



Historia de las instituciones individuales del derecho civil ruso. 

La inestabilidad de los factores de la formación del derecho ruso, el subdesarrollo de las relaciones jurídicas individuales entre los miembros de la sociedad civil rusa, que depende de la incertidumbre de la posición del individuo en la sociedad y especialmente en el Estado, no priva, sin embargo, de la oportunidad rastrear el desarrollo de instituciones individuales de derecho civil, si no en detalle, sí en las principales características y objetivos principales a quienes fueron llamados a servir. En este sentido, la historia del derecho civil ruso se divide en 4 períodos.




1) El período de derecho comercial y de la ciudad de Kyiv, Pskov y Novgorod. El período del derecho comercial y urbanístico de Kyiv, Pskov y Novgorod abarca un período de tiempo cronológicamente amplio (desde la antigüedad hasta finales del siglo XV) y contiene un cierto proceso de desarrollo, marcado exteriormente por la diferencia entre la primera ciudad ley de Russkaya Pravda y la posterior - la carta judicial de Pskov. Las características de esta ley la contrastan con la ley del período zemstvo, que comenzó un poco más tarde que el período de Kyiv, pero sirvió de base para la posterior ley de Moscú. [En relación con la era más antigua, estamos hablando así de dos períodos, no en el sentido de una cierta sucesión cronológica, sino en el sentido de procesos especiales de formación de leyes]. La atención principal de Russian Pravda se dirige a la protección de la persona y la propiedad contra delitos de naturaleza criminal y delicada. En la Carta Judicial de Pskov, es visible un orden externo de relaciones ya establecido, que permite prestar atención principalmente a las preocupaciones de organizar la vida interna del derecho civil. En primer lugar en Pskov, como en una ciudad comercial, están la protección de la posesión de bienes muebles y las relaciones de deuda. Comprado en la subasta, en presencia de testigos o de un funcionario especial del mercado (coleccionista), se convierte en propiedad del comprador y lo garantiza contra reclamos de la persona a quien se robaron los artículos vendidos, según su declaración. La Carta Judicial de Pskov también destruye la fuerza de un trato concluido cuando las contrapartes se encuentran en un estado anormal (ebriedad) o por un objeto que resultó ser inutilizable (una vaca enferma), y regula las relaciones que surgen en el tema de los frutos de la cosa vendida (cría de una vaca). Esto indica la altura relativa del desarrollo legal. Las relaciones de deuda ya han alcanzado un amplio desarrollo tanto en Kyiv como en Pskov y Novgorod. Según Russkaya Pravda, entre la gente común del pueblo, un préstamo debe celebrarse ante testigos; La carta judicial de Pskov para un préstamo sobre un rublo no se cumple ni con testigos ni con el antiguo método de prueba: tableros (etiquetas), sino que requiere una hipoteca y un registro. El préstamo de un comerciante, por el contrario, puede probarse por estos medios, y sólo para probar el pago se requiere un recibo, cuya copia debe guardarse en el cofre de la Santísima Trinidad. La responsabilidad bajo un préstamo comercial es más fácil que bajo uno simple. Según Russkaya Pravda, un comerciante que tomó bienes y dinero a crédito y los perdió debido a un naufragio, ataque de enemigos o incendio, no está sujeto a los métodos habituales de recuperación para ese momento: venta como esclavo o cualquier otra violencia en la parte de los acreedores, pero como una persona lesionada a su voluntad, Dios es liberado de responsabilidad. El pago del %% está regulado, lo que también indica cierto desarrollo del poder público. El crecimiento habitual es generalmente alto, del 50 al 20%, y su tamaño está determinado por el acuerdo de los propios contratistas frente a testigos. Russkaya Pravda está luchando con %% por meses por deudas a largo plazo, y la Carta de Vladimir Monomakh, que complementa sus artículos, permite tomar un crecimiento del 50% por solo tres años, y ya no es posible encontrar capital. La Carta Judicial de Pskov hace que el pago del % % dependa del vencimiento del préstamo. Ambos monumentos también regulan otro importante en la vida temprana y en las relaciones comerciales, el contrato de depósito, con la definición de responsabilidad en virtud del contrato, los métodos de celebración y prueba, y con la distinción entre depositum regulare y miserabile. La diferencia esencial entre el monumento más antiguo y el último es que la Verdad rusa deja completamente de lado las relaciones inmobiliarias, aunque el objeto de la circulación civil, además de los esclavos (sirvientes), son los productos de la caza, la silvicultura y el comercio agrícola. El ganado vacuno, las aves de corral, los castores, las aves de caza, la miel y el ganado se mencionan como objetos permanentes de transacciones. La protección de la posesión se extiende a las carretas de heno, leña, embarcaciones fluviales y marítimas. El Russkaya Pravda menciona la relación de dependencia del terrateniente y la “compra de rol”, pero no en el sentido de relaciones sobre el terreno, sino únicamente en el sentido de protección personal de la compra y de los bienes muebles que le confía el amo. Aparentemente, en el campo de las relaciones familiares y la herencia, Russkaya Pravda tiene en mente mucho más las relaciones urbanas que las rurales, aunque habla de la familia y la herencia de un smerd, príncipe, boyardo. Conoce una pequeña familia formada por padre, madre e hijos. El dueño de los bienes familiares es el padre; al morir, asigna acciones a los hijos ya la esposa; la esposa es dueña de todos sus bienes y puede dárselos a uno de los hijos o hijas que la hayan tratado mejor. El poder en la casa pasa a ella después de la muerte de su marido, si desea vivir con sus hijos; el deseo de separación de los niños en este caso no se satisface. Una familia sin hijos es una familia sin hijos. La herencia del smerd sin hijos va al príncipe; los boyardos sin hijos son heredados por sus hijas, y Pravda no dice nada sobre una nueva transición. El "pariente más cercano" actúa solo como tutor, pero no como heredero. Los objetos de herencia e inventario son el patio (¿urbano?), que va al hijo menor, los bienes muebles y los “bienes” puestos en circulación.

La subordinación de los hijos a la voluntad de los padres es completa: el deudor se vende con su mujer e hijos; estos últimos, al morir, son responsables de las deudas del padre con sus acciones. En la Carta Judicial de Pskov, las relaciones territoriales también están reguladas con considerable detalle, pero también, aparentemente, predominantemente urbanas y suburbanas. Entre los objetos de posesión, la Carta Judicial de Pskov reconoce una "aldea" propiedad del maestro y cultivada por contrato por el "izornik", la tierra cultivada por el "jardinero" y el agua en la que el "kochetnik" pesca - campesinos que están en una relación de dependencia con el “amo” . También se menciona la tierra de la iglesia, pero el objeto principal es el patio de la ciudad, propiedad gratuita del habitante de la ciudad. Las formas de posesión parecen ya bastante trabajadas. A la cabeza está la patria, posesión hereditaria, que aparentemente se considera propiedad de la familia: pasa de marido a mujer y viceversa sólo como “alimento” (posesión vitalicia). La transmisión por testamento a uno de los miembros del género ("sobrino") es gratuita; en caso de enajenaciones a extranjeros, la "tribu cercana" tenía derecho a redimir. Sin embargo, no hay signos de propiedad tribal común de la tierra en la carta. Tal vez la propiedad familiar común de los hermanos que viven juntos después de la muerte del padre, pero con la determinación de la parte de cada uno y la posibilidad constante de división. De esto se sigue que en Pskov, como en los primeros tiempos de Kyiv, la unidad social básica es la familia pequeña; el círculo tribal ("tribu cercana") abraza, aparentemente, a hermanos y hermanas con sus hijos; al menos, esta unión se manifiesta de esta forma al heredar bienes muebles (vestimenta) después de los cónyuges: la ropa de la mujer pasa a la madre, hermanas y sus descendientes del género femenino, y el marido al padre y hermanos. En lugar de una unión tribal, Pskov, como Novgorod, conoce una camaradería (Syabrov), agrícola (propietarios en el mismo límite que defienden conjuntamente su posesión) e industrial (sociedades comerciales, industriales y de caza), construidas sobre los principios de propiedad compartida o antigua formas de propiedad común. La Carta Judicial de Pskov distingue claramente la propiedad de la posesión; la violación de este último equivale al robo; una disputa sobre la propiedad se separa de una disputa sobre la posesión, la posesión temporal y transitoria, de indiscutible y continua, conectada con preocupaciones constantes sobre el objeto de la propiedad y convirtiéndose después de 4 o 5 años en prescripción, en propiedad. Estos decretos hablan de un alto nivel de conciencia jurídica, aunque el breve plazo de prescripción también indica la insuficiente fuerza de posesión y mayor mecenazgo de giro que de posesión. Las relaciones de préstamo se sitúan en el límite entre las transacciones de derechos forzosos y reales. El que se compromete a hacer un trabajo determinado sólo puede exigir el pago después de su terminación, pero en este último caso la ley apoya estrictamente al asalariado. Las relaciones con los isornik y otros tipos de trabajadores agrícolas abarcan el arrendamiento de cosas, la contratación personal y los contratos de préstamo. La partida de un izornik de la tierra no conduce a su regreso a su antiguo lugar de residencia, sino solo a su responsabilidad patrimonial; se impone al maestro el deber de no conducir al izornik al encantamiento filipense. Las relaciones territoriales se acercan en general al orden que se ha desarrollado dentro del país, en la ley zemstvo, pero, aparentemente, no implicaron las consecuencias de la dependencia y la fortaleza que se formó en este último. Las transacciones de tierras con los campesinos, basadas en la emisión de "pokruta" para ellos, y las relaciones hipotecarias entre la gente del pueblo y los terratenientes, sin embargo, ocupan un lugar destacado en las resoluciones de la carta.



2) El período de la ley zemstvo. El período de la ley zemstvo (siglos XII-XV) desplaza el centro de gravedad de la formación de la ley a los bienes raíces. En la historia posterior del derecho civil ruso, la regulación legislativa de la posesión de bienes muebles y la circulación civil asociada a ella desaparecerán durante mucho tiempo; es difícil restaurar incluso las características cotidianas de esta rotación. El dominio total de la agricultura de subsistencia, el interés en poseer la tierra y asegurar su cultivo por parte de trabajadores confiables y fuertes determinaron la historia del derecho ruso hasta finales del siglo XVIII.

formas de posesión. La historia temprana de la propiedad inmobiliaria en Rusia no se puede reconstruir debido a la falta total de datos. Cualquier noticia confiable encuentra en Rusia ya el dominio completo de la posesión privada de príncipes, boyardos, monasterios, varios tipos de personas de servicio y campesinos. Estos últimos están pasando rápidamente a la categoría de arrendatarios dependientes de ciertas parcelas (“posiles”) en tierras extranjeras. La propiedad campesina libre se conserva sólo en el norte, y si su organización puede usarse para juzgar el sistema original de propiedad de la tierra, entonces este último era de naturaleza mucho más individual que comunal. La base de la posesión es una parcela de propiedad de una familia campesina, grande o pequeña, independientemente de otros propietarios vecinos o en unión común con ellos, si la tierra está ocupada por varias familias a la vez y divididas entre ellas, o si las familias han crecido de uno, conservando la conexión terrestre. Esta conexión suele expresarse en la responsabilidad de los impuestos y derechos que yacen sobre el suelo, y en la protección de las posesiones comunes de las incautaciones por parte de personas que no pertenecen al grupo de los prestatarios originales o a su tribu (la lucha de los campesinos por la tierra con los fundadores de monasterios y con decomisos por gente fuerte). La donación de solares, dárselos a un monasterio, prenda, venta, testamento son totalmente gratuitos, y es difícil decir hasta qué punto se considera un derecho la pretensión de redención de parientes o copropietarios. Los derechos de la comunidad y de los parientes sólo se restablecen en relación con un terreno abandonado, que debe ser entregado en posesión de otra persona en forma de pago regular de impuestos. En el resto de Rusia, a partir del siglo XII, el dominio de la propiedad privada es visible en todas partes, principalmente de príncipes, monasterios, boyardos y otras personas de servicio, pero también de varios tipos de pequeños propietarios. La propiedad de la tierra monástica, principesca y boyarda crece a expensas del resto gracias al libre cambio, compra, prenda, testamento, y principalmente por la posición privilegiada de los grandes propietarios. A falta de protección administrativa y judicial y cuando la población estaba gravada con impuestos o deberes oficiales, sólo los dueños fuertes o los de los pequeños que caían bajo su protección podían tener alguna posesión tranquila y la posibilidad de cultivar la tierra con la ayuda de cultivos agrícolas. implementos. En este sentido, existe la voluntad de los pequeños propietarios de ceder la tierra a los monasterios o de “gobernarla” y “boyarizarla”, es decir, reconocer legalmente a los propietarios de su monasterio, príncipe o boyardo, y poseerlo como propietarios dependientes. . La posesión dependiente se convierte así junto a la propiedad en una forma independiente de posesión. Su tipo dominante es la propiedad vitalicia, en la que el propietario negocia por sí mismo el derecho a la propiedad de la tierra hasta el final de su vida; luego un terreno debe pasar al dueño supremo ya en posesión exclusiva (acuerdos con monasterios). Pero también existen posesiones ancestrales “hasta la desaparición de la familia”, posesiones temporales dependientes mientras continúa el servicio del propietario (sucesión posterior), etc. que los historiadores del derecho no distinguen entre una prenda y una venta, demostrando que la antigua compra fue siempre una compra con derecho a redención. De hecho, las condiciones en las que había que hipotecar la tierra eran tales que al deudor le parecía indiferente cómo llamar a la transacción: una compra con derecho a redimir (prenda) o una compra "para uso futuro", "vdern", sin redención. El derecho civil del período que se examina no conoce la protección de la posesión mediante la determinación de los métodos de adquisición y fortalecimiento de los derechos sobre bienes inmuebles. El simple hecho de una posesión más o menos prolongada, acreditada por testimonios de testigos, y en caso de desacuerdo de éstos, por duelo, servía como principal sustento de las decisiones judiciales. Antes del método judicial de fortalecimiento, similar al alemán Gerichtliche Auflassung y al romano in jure cessio (un proceso ficticio de la propiedad con el fin de transferirla), en Rusia no se pensaba en ello. Las conmemoraciones escritas (escrituras de compraventa, deslinde, escrituras y otras escrituras, véase) tienen durante mucho tiempo el valor de prueba secundaria y sólo al final del plazo adquieren algún carácter oficial. Los pequeños propietarios, en aras de la protección de los poderosos, comienzan a reconocer la tierra como propiedad del príncipe y cada transacción se consagra mediante un informe al príncipe con una solicitud para la emisión de una carta de recomendación o aprobación de la escritura de venta. . De este modo, los documentos privados se convierten en actos oficiales de fortificación, obligatorios para los jueces principescos de una determinada localidad, preferentemente antes de la prescripción de la posesión. La necesidad de buscar la sanción del príncipe para adquirir tierras en sus posesiones también se desarrolla en virtud de acuerdos entre principados, que prohibían la adquisición de tierras por personas al servicio de un príncipe extranjero sin el consentimiento del príncipe local. Poco a poco, la transferencia de tierras de mano en mano está sujeta a la supervisión principesca, lo que fortalece la posesión, pero al mismo tiempo desarrolla la idea de que todas las tierras en posesión del príncipe le pertenecen a él, como al supremo dueño, y los particulares la poseen sólo con su consentimiento; las tierras campesinas "negras" ya se consideran directamente propiedad del príncipe, aunque esta propiedad difiere de su propiedad en las tierras del palacio. Este cambio de contemplación legal no cambia la fuerte movilización inmobiliaria, ya que la venta de terrenos en posesión es gratuita. La fuerte movilización inmobiliaria se explica por la difícil situación económica del personal de servicio y de toda la población. El servicio militar requería grandes gastos en armas costosas, caballos, provisiones durante las campañas. De las cartas espirituales no solo de los guerreros ordinarios, sino también de los más altos boyardos y los propios príncipes, está claro hasta qué punto llegó su deuda, especialmente a los monasterios, que desempeñaron el papel de banqueros y usureros; podían conseguir dinero, armas y ropa, incluso de mujer, e hipotecar no sólo tierras, sino también bienes inmuebles. Por tanto, las principales transacciones de la entonces circulación civil eran la venta de terrenos y, aún más a menudo, la prenda próxima a la venta, acompañada de la transferencia de la propiedad al acreedor, y un pagaré personal (servidumbre), que, en caso de la falta de pago del dinero a tiempo, condujo a la esclavitud personal del deudor para con el acreedor o al pago de la deuda por servicio personal del acreedor. De ahí las antiguas compras (ver) e hipotecas (ver) o hipotecas de los siglos XIII y XIV. Un poco más tarde, se forma una forma más severa de obligación personal, acompañada de una conversión inmediata a siervos: "servidumbre para el crecimiento del servicio", es decir, la obligación de trabajar con intereses sobre la cantidad prestada desde el momento del préstamo. La servidumbre se convierte en una forma común para todas las transacciones de derecho civil: una obligación formal escrita que informaba al acreedor del poder incondicional sobre la cosa o persona entregada en servidumbre con el derecho del acreedor de ejecutarla y ejercer su derecho dondequiera que encontrara el persona o cosa vinculada. La servidumbre hipotecaria y la servidumbre de servicio son los principales tipos de obligaciones de este período. Los rasgos característicos de la servidumbre de este período son la condicionalidad de la dependencia: al pagar la cantidad prestada, la tierra se devuelve al propietario anterior y la persona vuelve a ser libre. Sin embargo, la servidumbre tiene carácter material: comunica poder sobre una cosa y una persona, y el acreedor tiene derecho a transferir la servidumbre a un tercero, con todos los derechos que en ella aparecen. La Cabalá se considera válida, incluso si no se ha probado la existencia de la letra misma. Junto a las operaciones de endeudamiento se encuentran las operaciones de contratación de personal para el trabajo rural (ordinarias), que establecían relaciones entre terratenientes y campesinos. La fila es un contrato de arrendamiento de tierras, combinado con el establecimiento de una cierta dependencia personal del campesino respecto del terrateniente (la obligación de realizar a favor del terrateniente los servicios negociados por él o de su testamento). Un rasgo característico de la orden durante este período es la libertad personal de la persona contratada y la ausencia del derecho a influir en su personalidad en caso de incumplimiento. Pero la orden campesina casi nunca aparece sola: suele ir acompañada de la emisión de una servidumbre de préstamo o contiene en sí misma una servidumbre de préstamo, que consiste en la obligación de pagar al final del período de empleo o la negativa a pagar dinero, pan y otras cosas dadas al campesino en orden; este préstamo difiere del apoyo, que no suele reclamarse, y constituye un pagaré ordinario. Si tal obligación en sus consecuencias era similar a la servidumbre por préstamo o no, no está claro para el período Zemstvo. Posteriormente, el registro de préstamo y la servidumbre de servicio diferían entre sí. Sin agotar todas las obligaciones del período zemstvo (también conoce las obligaciones informales: "préstamos sin bonos", deuda verbal simple sin esclavitud y servicio, así como sin hipoteca), estas formas, junto con el sistema de propiedad inmobiliaria, revelan con suficiente claridad las principales características de la vida, a partir de la cual crecieron. Esta forma de vida se basaba en la completa libertad del individuo, alcanzando el derecho a disponer de sí mismo y de sus bienes en condiciones determinadas únicamente por su discreción y posición en la sociedad. De ahí la libertad de vender como esclavos y contraer deudas en los términos más variados; de ahí las diversas formas de propiedad dependiente de la tierra. Esta libertad conduce gradualmente al establecimiento de una dependencia tanto personal como territorial entre los representantes política y económicamente fuertes y débiles de la propiedad y la rotación de la tierra, dependencia que existe, sin embargo, solo desde el momento en que se paga la deuda. Las relaciones familiares y hereditarias no pueden determinarse con tanta precisión durante este período. Los monumentos hablan sobre todo de una pequeña familia, formada por padre, mujer e hijos; las transacciones de bienes son realizadas por un padre de familia, o por marido y mujer juntos, o por un padre con hijos. Después de la muerte del padre, la propiedad se divide entre los hijos, la esposa y otras personas. Son muy frecuentes las secciones de familias campesinas, compuestas por varias generaciones, lo que indica la desintegración de una familia numerosa; este último se conserva solo en algunas localidades y en el norte, donde generaciones enteras son propietarias de la tierra de manera indivisible, aunque con la definición de cuotas hereditarias. Las relaciones personales del marido con su mujer y del padre con los hijos no estaban legalmente definidas en absoluto; la arbitrariedad del padre y del marido no se opone a ninguna restricción. Las relaciones de propiedad de un esposo con su esposa se construyen, al menos en relación con la propiedad de la dote, sobre la base del uso y disposición comunes. La completa comunidad de bienes entre padre e hijos, con la primacía del primero, puede considerarse indudable; sólo la división o salida del hijo a una economía independiente fundaba para él derechos de propiedad independientes. La herencia por ley de parientes laterales durante este período no está confirmada por nada, al menos más allá de los hermanos y hermanas. La completa libertad de voluntad también, aparentemente, está fuera de toda duda. El matrimonio ya está sujeto a la ley de la iglesia, aunque los esponsales (conspiración) tienen una importancia decisiva.


 


3) El período del estado moscovita (siglos XVI-XVII) y en el derecho civil muestra sus rasgos característicos: el aumento de la influencia del poder autocrático estatal y el comienzo que introduce en las relaciones sociales. Las patrias principescas y boyardas están sujetas a la obligación de servicio estatal y están sujetas a sus intereses. En la época de Iván IV, estas patrias no pueden ser heredadas sin el permiso del soberano, ni pueden ser vendidas a extranjeros o dadas a su gusto. Dependía del soberano dar el patrimonio al hermano, sobrino o nieto del difunto, o tomar el patrimonio para sí mismo. Al mismo tiempo, surge una propiedad: una propiedad temporal asociada con el servicio. La propiedad libre de la tierra (propiedad) del período zemstvo se convierte en propiedad de la tierra dependiente de los soberanos. Los antiguos derechos patrimoniales se conservaban en parte sólo por los patrimonios comprados, sujetos a libre circulación y transferidos después de la muerte del patrimonio, salvo los hijos, ya su mujer; pero después de la muerte de su esposa e hijos, estos bienes pasaron también al soberano, con la obligación de la tesorería de dar parte de su valor monetario al monasterio a su gusto y distribuir la otra parte a la “tribu cercana” (hermanos y hermanas). A pesar de la abundancia de tierras y bosques desocupados en el estado moscovita, no fue suficiente para brindar servicios a las personas con propiedades. El Sudebnik de 1550, por lo tanto, legitima el derecho de redención para los parientes, las personas de servicio de las propiedades que se les venden, lo que reduce significativamente el tamaño de las propiedades adquiridas gratuitamente y se proporciona tierra a toda una clase de personas de servicio, a la que recibe el derecho en virtud del parentesco. El número de padres patrimoniales, así, aumenta. A esto le sigue la prohibición de dar la patria a los monasterios ricos y, finalmente, la prohibición total de dar tal patria sin el permiso del soberano. Con el tiempo, la propiedad local se vuelve hereditaria y enajenable. En el siglo 17 también se permitía la venta de fincas por deudas. A fines de siglo, por derecho de disposición, se igualan con las haciendas, sobre las que también recae el deber de servicio; En cuanto a los derechos de uso, fueron desde un principio los mismos tanto para los patrimoniales como para los propietarios. Es decir, de las diversas formas de relaciones territoriales a fines del siglo XVII. se crea una: una propiedad territorial dependiente del estado con derechos de uso y disposición privados, que se diferencia de la propiedad moderna sólo en el deber de servicio. Las personas de servicio dependiente con tierras dependientes permanecieron solo en los monasterios y obispos (obispos y niños boyardos monásticos); pero en la segunda mitad del siglo XVII. y estos niños boyardos, que poseían haciendas, se inscribieron al servicio del soberano y se retiraron de las relaciones de dependencia con obispos y monasterios. Durante este período, los hogares urbanos, como ya se ha señalado, reciben un esquema de organización similar al que tuvo la propiedad campesina en las tierras negras. Habiendo impuesto un impuesto sobre estos patios con garantía mutua, el gobierno restringió mucho el derecho a disponer de la gente del pueblo con su propiedad previamente libre. Establecer una tenencia más correcta alienta a los propietarios a preocuparse por adquirir pruebas firmes de la propiedad de la tierra. Por lo tanto, los certificados de propiedad de la tierra no solo se extienden a nombre del vendedor, se entregan al comprador y se firman por testigos, sino que se escriben especialmente por escribanos en el área y se registran en los libros del gobernador. Al compilar los libros de escribas, se presentan cartas a los escribas, quienes, en base a ellas, hacen sus notas, dándoles valor probatorio a los propios libros. La distribución de fincas y haciendas en interés del servicio requería la correcta inscripción de todos los terrenos que eran de propiedad privada de la Orden Local. Entrada de libro en el siglo XVII. se convierte en el principal punto de adquisición (fortalecimiento) de la posesión de la tierra. Para poseer la tierra de manera firme, sin disputas y sin temor a que se la quiten, es necesario obtener un certificado de orden de la tierra para uno mismo, es decir, anotarlo en la orden y recibir cartas de rechazo de la misma. El gobierno cobraba honorarios al hacer un registro, lo que obligaba a los propietarios a evadirlo. Sin embargo, los beneficios de la escritura fueron tan grandes que se escribió una gran cantidad de tierra. También acudían a la inscripción los propietarios por prescripción, que habían perdido o no tenían en sus manos cartas que establecieran sus derechos de propiedad. En el siglo 17 el gobierno reconoció la validez de la posesión prescriptiva sólo para este registro; en los litigios, se requerían pruebas mediante cartas y registros. La obligación de registrar se extendía no sólo a las escrituras de compraventa, de permuta, de permuta y demás escrituras de enajenación, sino, al parecer, también a las hipotecas; una hipoteca vencida que se transformó en escritura de venta, en todo caso, debió constar en la orden. Las propiedades no registradas podrían declararse vacías y enviarse a los buscadores de propiedades como salario por su servicio. Formas públicas de fortalecimiento del crédito inmobiliario garantizado por la propiedad, que tuvo un gran desarrollo en ese momento (ver más abajo). Los “libros de límites de escriba” o simplemente “libros de límites” que existían desde Iván IV, que contenían una descripción de los límites, no satisfacían su propósito debido a la imperfección de la técnica (ver Topografía general). A lo largo de todo siglo 17 nos encontramos con reales decretos sobre agrimensura. A finales del siglo XVII. se intenta, aunque sin éxito, una encuesta general (ver). El sistema de servidumbres y derechos conexos está completamente subdesarrollado, aunque las relaciones de servidumbre se establecieron mediante transacciones privadas ya en los siglos XIV-XV. Las servidumbres mencionadas en el Código -las mismas que están incluidas en el derecho moderno- aparentemente, no son normas surgidas de la vida, sino reglamentos prestados. El sistema de distribución de la tierra en propiedad ajena y estatal violaba los derechos y relaciones de los terratenientes privados tanto como confundía las relaciones de la propiedad privada con la propiedad estatal. A finales del siglo XVII. la inconveniencia de este estado de cosas se siente con suficiente claridad; la legislación de los zares Alexei y Theodore pretende acabar con ella, pero en este ámbito no es posible crear nada duradero. La organización legal del crédito a la tierra también fue insuficiente. Tenemos algunas decisiones legislativas en el campo de la prenda inmobiliaria de la primera mitad del período que se examina. En 1557, el derecho del prestamista-deudor hipotecario a arar la tierra para el crecimiento se limitaba a un período de cinco años, después de los cuales el deudor podía tomar posesión de sí mismo, con el pago anticipado de una quinta parte de la deuda anualmente y con un restricción del derecho de disposición; en caso de violación de estas condiciones, la tierra pasó nuevamente al acreedor. En el momento del Código, el derecho del acreedor a poseer el reembolso prometido, pero, al parecer, no para el crecimiento, que estaba prohibido por el Código, sino en lugar de pagar el dinero adeudado, sigue en vigor. En caso de incumplimiento del deudor hipotecario, la servidumbre hipotecaria aún se convertía en una escritura de venta sin ningún pago adicional, y la propiedad prendada, después de certificados de falta de pago de dinero, se registraba en una orden local para el acreedor.





circulación civil. En el área de la ley de obligaciones del período de Moscú, el interés dominante todavía estaba representado por las relaciones de deuda. Los mayores requisitos impuestos por el estado de Moscú a las personas en servicio aumentaron aún más su deuda. Por decreto del 25 de diciembre de 1557, los militares, y con ellos el resto de la población, quedaron exentos del pago de los intereses de las obligaciones de la deuda, y la amortización de las deudas de los prestamistas particulares se escalonó en 5 años. Para el futuro se estableció un aumento legal del 10% del monto de la deuda en lugar del 20% anterior. Hasta el Código, era posible celebrar obligaciones de deuda verbales o revestidas de una forma escrita simple de “registro” o “memoria”. La forma dominante, que más asegura la severidad de la cobranza, sin embargo, es la antigua servidumbre prestada, que recibió mayor desarrollo legislativo. Debe ser anotado por los empleados en la plaza y sellado, según la cantidad, por 2-6 testigos. Escrita de su puño y letra o por su propia persona por mandato del amo y firmada, la servidumbre tenía el mismo poder que la escrita por los empleados del mercado. Para actos por debajo de 10 rublos, se establecieron formas ligeras. El resultado de un mal funcionamiento de la servidumbre fue un cobro forzoso en forma de derecho (ver), aparentemente desconocido para la ley primitiva, y una "emisión con cabeza de expiación" (ver), que convertía a todos los deudores, a excepción del servicio. personas, en siervos en condiciones de servidumbre en el momento del pago de la deuda. De acuerdo con la "servidumbre para el crecimiento del servicio", el período moscovita se caracterizó por la terminación del derecho de los deudores a devolver el dinero prestado y, por lo tanto, ser liberados de la esclavitud o cambiar la esclavitud de una persona por la esclavitud de otra. El siervo en condiciones de servidumbre se hizo fuerte personalmente para el prestamista, primero solo y luego con los niños. En el siglo 17 la servidumbre de servicio para el crecimiento degenera en una transacción formal ficticia que no iba acompañada de un préstamo real y tenía como objetivo convertir a una persona libre en un siervo. Al final del siglo, tal esclavitud ficticia es reemplazada por registros mundanos. En el mismo sentido, las relaciones de contratación personal y, en particular, la contratación de los campesinos están cambiando. El decreto de 1597 convertía cualquier servicio personal que durase más de medio año en fuente de servidumbre. El zar Vasily Shuisky en 1608, sin el consentimiento y el consejo de la duma boyarda, canceló el decreto de 1597 y prohibió otorgar servidumbre obligatoria a tales sirvientes libres; pero al año siguiente, la duma boyarda, por su propio poder, anuló este decreto del zar y restableció la vigencia de la ley de 1597. El Código redujo aún más el período de servicio gratuito: la prescripción de seis meses se redujo a tres meses. . Un rasgo característico de las filas campesinas de la segunda mitad de los siglos XVI y XVII es la naturaleza real de la relación que establecen: antes, el incumplimiento de los términos del contrato implicaba responsabilidad patrimonial en forma de pena o daños; ahora se practica el regreso del campesino a su antiguo lugar. Los registros de pedidos y préstamos de campesinos se están acercando gradualmente a la servidumbre de servicio, aunque la relación del amo con el siervo (temporal y personal) era más suave que la relación de un hombre hereditariamente fuerte con el amo. La venta de ciertos artículos, especialmente importantes en el servicio del estado y la agricultura, por ejemplo. caballos - estaba sujeta a la supervisión del gobierno. El caballo está sujeto a manchado con la participación de cinco especiales y con una entrada en los libros de los besadores.

Las relaciones familiares en el estado moscovita se aclaran con mayor certeza que en el período anterior. La familia pequeña también es dominante aquí, pero en la vida campesina, debido al apego a la tierra y al servicio, debido a las condiciones de propiedad local de la tierra, a veces se convierte en una familia numerosa, con propiedad conjunta de la tierra en ciertas partes. . Sin embargo, ninguna unión se forma en un sentido legal más amplio que el de la familia individual; el clan recibe solo algunos derechos para redimir y heredar propiedades, así como para adquirir tierras. Domostroy define con suficiente claridad las relaciones domésticas del cabeza de familia con sus miembros. En la vida legal, la comunidad de bienes de un esposo y una esposa pasa a un primer plano, generalmente establecida mediante actas ordinarias redactadas al concluir un matrimonio. La existencia de la comunidad también se desprende del derecho preferente de la mujer a los bienes adquiridos durante la existencia del matrimonio. Los hijos en materia de propiedad están subordinados a su padre: no tienen derecho a redimir los bienes vendidos por su padre, pues están obligados a respetar su voluntad; son responsables con su persona y bienes de las deudas del padre. Esposa e hijos hasta finales del siglo XVII. se les da la cabeza para la redención junto con los hijos; el esposo entra en servidumbre con su esposa e hijos. Las relaciones personales de marido y mujer, así como de padres e hijos, no están reguladas por la legislación, excepto por la iglesia. Los monumentos hablan del derecho de los esposos y padres a empeñar y dar en servicio de sus esposas e hijos; castigaba, a fines del siglo XVII, solo el asesinato de esposas e hijos, y el asesinato de niños implica un castigo solo en una forma comparativamente leve. Los monumentos están llenos de información sobre la crueldad de los maridos y padres y hablan de una sola forma de protección: en los registros de línea y acuerdos colusorios, así como actos especiales (encomendados), los familiares a veces pronuncian la obligación del marido: ". Por la violación de estos acuerdos, el tribunal impone al culpable ya sus fiadores. Hay indicios de la intervención de la autoridad espiritual en las relaciones familiares. La principal preocupación de estos últimos era obligar a la población a realizar el matrimonio por la iglesia. La masa de la población durante mucho tiempo se limitó a establecer el matrimonio por los esponsales de una esposa y sus propios ritos nupciales, sin recurrir a una boda. Esto fue facilitado, quizás, por la complejidad de los requisitos establecidos por la Iglesia Rusa en el período de Moscú para el matrimonio, especialmente la necesidad de recibir una "memoria de la corona" del obispo y pagar muchos gastos de matrimonio. Las reglas sobre el divorcio dan testimonio de la posición predominante del esposo sobre la esposa.

La ley de sucesiones del período de Moscú es más rica en normas que otros departamentos. Ostenta sucesivamente el derecho de las hijas a heredar en defecto de los hijos, preferentemente antes que los hermanos del heredero. En las patrias y haciendas otorgadas, la parte de subsistencia de las hijas y esposas se aproxima a la parte hereditaria. Sin embargo, la herencia de las mujeres no las convierte en propietarias de bienes; después de ellos pasa al linaje de su padre, si no han dejado descendencia. El círculo de parentesco lateral (“familia vecina”) se amplía primero al cuarto grado, y luego más (decreto de 1560); pero de los decretos del último cuarto de siglo (Artículo Nuevo de 1676) se desprende que aún después de este decreto se limitaba la herencia lateral. De particular importancia es la restricción de los derechos de herencia de las mujeres: las hermanas no heredan con los hermanos. Con herederos varones de distintas generaciones y grados, todos tienen el mismo derecho a heredar. Los parientes laterales heredan en las haciendas ancestrales. Las propiedades compradas al tesoro pasan a ser propiedad de las esposas como adquisición común durante el matrimonio. Los mecenas otorgados por el servicio se otorgan a las viudas para la posesión de por vida, en muchos casos equiparados con propiedad, ya que a las viudas a menudo se les otorgaba el derecho de vender, dar en prenda y regalar tales propiedades a su gusto. El decreto de 1627 dio a los patrimonios honrados el significado de patrimoniales, de modo que después de su expedición, las esposas heredaban sólo las compras. El valor de un testamento, en vista de la determinación de los derechos de otchina, con excepción de los adquiridos en interés del servicio, se reduce considerablemente.



4) El período de Petersburgo presenta una serie de nuevos principios de derecho civil, cuyo surgimiento está determinado, en primer lugar, por cambios fundamentales en la estructura del servicio público y la tenencia de la tierra, el establecimiento de un principio de propiedad, imbuido de tendencias serviles, un cambio y desarrollo de formas de industria, la liberación gradual de la vida privada de la tutela estatal, por un lado, y la creciente preocupación de la legislación por ciertos aspectos de la vida civil, por el otro.

formas de posesión. Formado en el siglo XVII. dos tendencias, cada una de las cuales se esfuerza por subordinar a su influencia exclusiva el desarrollo de la propiedad de la tierra, la propiedad estatal y la propiedad privada, entran en una dura lucha entre sí en el siglo XVIII. influido por las condiciones políticas, financieras, militares y económicas. El decreto sobre herencia uniforme de 1714 finalmente iguala haciendas y haciendas, afirmando su herencia en ciertos clanes y excluyendo el acceso a las haciendas una vez distribuidas para las nuevas personas de servicio. Por otra parte, conserva el deber del servicio público, no sólo militar, sino también civil, para todos los nobles, sean o no propietarios de bienes y padres. Al prescribir que las propiedades inmobiliarias se dejen a un solo heredero, Peter lo hace con el fin de alentar a los nobles sin tierra a servir. A esta medida general le siguen una serie de otras destinadas a extender los derechos del Estado a objetos individuales de propiedad privada de la tierra. A principios del siglo XVIII. se emitieron varios decretos restringiendo el derecho de los terratenientes y votchinniks a utilizar los bosques en relación con las necesidades de la construcción naval. Las restricciones se referían no sólo a la tala, sino también a su uso en otros aspectos, por ejemplo, como pastizal. Los terratenientes se vieron obligados a plantar árboles artificiales (siembra de robledales). El gobierno está experimentando su derecho a ingresar a los bosques privados y otorgarlo a otras personas, que existía incluso en el estado moscovita. Además de establecer bosques protegidos especiales, Peter otorga el derecho a los departamentos pertinentes a cortar madera para sus necesidades donde sea que encuentren una adecuada, sin distinguir entre fincas privadas y estatales. En vista del alto costo de la leña en San Petersburgo, en 1719 Peter permitió el corte gratuito de leña cerca de San Petersburgo en propiedad privada. Los derechos de los propietarios privados a las entrañas de la tierra son limitados: todos tienen derecho a buscar minerales tanto en tierras estatales (libres) como privadas; cuando se encuentran, las tierras privadas pueden ser expropiadas en interés del minero. Además, están sujetas a restricciones la pesca de perlas, el uso de diversos tipos de tierra (en particular, la pesca), la construcción de molinos y posadas, la caza, etc. acostumbraron a la población a la idea de la posibilidad de todo tipo de violaciones a la propiedad privada. "Conciencia jurídica" del siglo XVIII. en este sentido es muy vago. En diversas peticiones de beneficios, por ejemplo, en pedidos a los diputados de la Comisión de Catalina, constantemente hay solicitudes de selección de terrenos para la ampliación de patios, para el cierre de fábricas y fábricas que destruyen el bosque y por lo tanto elevan el precio. de ella, por la obligación de comprar bosque no en las inmediaciones de las ciudades, sino en otras ciudades, puntos más apartados, etc. A pesar de ello, el siglo XVIII. debe ser reconocido como el creador del concepto moderno de propiedad privada como principal forma de posesión. Necesario en términos de aumento de los ingresos del Estado, la correcta conducción de la gestión agrícola bajo el liderazgo de los terratenientes - estos "cien mil jefes de policía dotados" - requería el establecimiento de relaciones más permanentes y definidas entre ellos con la tierra, con el gobierno, a los vecinos, es decir, la organización jurídica de la propiedad de la tierra, completamente paralizada por aquellos intentos de intervención que hizo Pedro. Bajo Anna Ioannovna, se cancela el decreto sobre herencia única; Catalina II deja la protección de los bosques a los propios terratenientes, destruye la tala libre de árboles cerca de San Petersburgo y restaura el derecho de los terratenientes a las entrañas de la tierra. El desorden en las relaciones fronterizas entre los terratenientes y el fisco provoca una organización de la agrimensura estatal incomparablemente mejor que en el siglo XVII. La preocupación del gobierno por los medios de comunicación en relación con la agrimensura contribuye a la separación de la propiedad privada de la común, el establecimiento de caminos públicos grandes y pequeños, vías privadas y servidumbres legales, caminos de sirga, etc. La liberación de los nobles del servicio finalmente fortalece el concepto de propiedad privada, o, mejor dicho, hasta que existe también una clase de “bienes inmuebles habitados”, junto a la cual existe la libre propiedad de la ciudad de los patios, así como algunos tipos de posesiones condicionales (asignaciones de tierras de pequeñas personas de servicio, campesinos estatales, cosacos, soldados y extranjeros). Al mismo tiempo, se establece la división moderna de los bienes inmuebles en genéricos y adquiridos, que es un compromiso entre la antigua cohesión de las propiedades y las necesidades de libre circulación. Se crean formas especiales de propiedad de la tierra en las tierras baldías de la Pequeña Rusia y Novorossia y nos pasan junto con las tierras adquiridas de Polonia (ver Ley Chinshev). Ya no interesado en la correcta transferencia de mano a mano de bienes inmuebles, que se ha convertido en un asunto de acuerdo privado, el estado elimina el significado anterior del certificado de la herencia para el adquirente y se limita a la verificación formal de los actos de adquisición y el cobro de deberes de servidumbre. Las actas sobre la herencia se redactaron en el suelo, y su afirmación y verificación pertenecían al Votchina Collegium. Desde 1714, el cobro de deberes también se programó para que coincidiera con los asuntos de los siervos locales. Así, se separó el proceso de elaboración de actos y su verificación del proceso de su fortalecimiento; las partes, temiendo problemas y gastos, tratan de evitar el último acto o utilizarlo para fines ilícitos. Según uno de los decretos de la comisión de Catalina, “otra persona, sabiendo que esta finca ya ha sido vendida, hace trato con el vendedor, hace una segunda escritura de venta e inmediatamente va a registrarla en el libro del patrimonio. junta; el primer comprador, sin saberlo debido a la distancia de su residencia de Moscú, presenta la escritura de venta a la aparición después de esa nota y, de acuerdo con las reglas del código, la propiedad no se maneja para él, sino para el uno que presentó la factura de venta antes ”(Pakhman). De las Órdenes también se descubren otras debilidades en la organización de la propiedad. Lo que falta, sobre todo, es una adecuada protección de la posesión. Los decretos de la primera mitad del siglo tratan de los violadores de la posesión ajena y prohiben toda arbitrariedad, pero no separan la defensa de la posesión de la defensa de la propiedad. Las órdenes son ricas en detalles sobre la violencia y las incautaciones perpetradas por personas fuertes en relación con las tierras de los terratenientes más débiles y pequeños. Solo a partir de la segunda mitad del siglo, la protección posesoria se separa de la petición, pero la legislación rusa no proporciona un desarrollo coherente y detallado de la institución de la posesión, incluso en las leyes civiles modernas. La extrema fragilidad resultante de la fragmentación de la propiedad durante la herencia, la ausencia de un sistema de servidumbres, especialmente las servidumbres viales, la insuficiente separación de la posesión individual de la general en relación con los bosques, las aguas y las entrañas de la tierra contribuyen a la ambigüedad de derechos reales sobre la tierra. La prescripción, en lugar de servir para fortalecer la posesión, es un nuevo estímulo para los embargos, relativamente fáciles en un sistema desordenado de adquisición de bienes.


El área de circulación civil en el siglo XVIII, como en el estado moscovita, estaba menos interesada en la legislación que otras, pero incluso en ella se pueden rastrear las mismas dos tendencias principales que caracterizan el desarrollo de las formas de posesión. La primera busca colocar bajo la estricta vigilancia de la ley la voluntad privada manifestada en los negocios jurídicos, orientándola a los intereses del erario público e impidiendo la consecución de fines que irían en contra de las medidas gubernamentales en relación con la propiedad de los particulares. . De ahí la extrema restricción de la circulación civil en relación a personas, objetos y formas. En medio siglo, se emitió una ordenanza restringiendo las obligaciones de todos los administradores provinciales, de condados y de ciudades con respecto a las transacciones realizadas por ellos en sus lugares de servicio; sólo tenían derecho a comprar casas para residencia, y no para otros fines industriales o especulativos. En el siglo XVIII, la exigencia del dinero en una obligación, además del libre albedrío, también “causa motivadora”, pasó a la exigencia de indicar en la transacción los motivos de su realización. Los abusos asociados con tal requisito, ya en 1729, impulsaron su abolición. La principal limitación general al volumen de negocios era la exigencia de servidumbre para la comisión de todo tipo de actos, establecida por Pedro I con fines fiscales, requisito cuyo cumplimiento suponía una serie de trámites, a menudo superiores al precio de la transacción o imponer sacrificios a las contrapartes que no correspondían a este precio. Todas estas restricciones despertaron la oposición de los particulares, expresada en todo tipo de elusiones de las normas legales, y fueron paralizadas por las medidas del propio gobierno, que se esforzaba por desarrollar el comercio y la industria. Según los reglamentos militares, por ejemplo, entre las pruebas escritas estaban (con poder de prueba a medias) y los actos domésticos - libros y cartas mercantiles, testamentos y contratos espirituales; por lo tanto, los militares no podían realizar ciertos actos en asuntos de servidumbre. Por reglamento al maestre principal, Pedro I instituyó la institución de los corredores en todas las grandes ciudades, cuyas funciones eran participar en todos los acuerdos comerciales; sus diarios eran tan importantes como los registros judiciales. En 1729-31. se permitía hacer testamentos espirituales y dotes en el hogar. El estatuto sobre las letras de cambio de 1729 permitía la escritura de letras en las casas e incluso sin testigos, lo que en gran medida expulsó de la circulación los bonos de servidumbre sin hipoteca ni garantía. Bajo Catalina II y en el campo de la ley obligatoria, hay un claro giro hacia la liberación de las transacciones privadas del antiguo control gubernamental restrictivo. La ejecución de actos de servidumbre siguió siendo obligatoria solo para la rotación de bienes inmuebles; para otros actos se han creado procedimientos notariales (corretaje) y secretos, que se diferencian de los actuales sólo en grandes trámites; algunos actos secretos (testamentos espirituales, cartas de fe, vacaciones, etc.) eran necesarios para presentarse en los lugares que estaban a cargo de los asuntos de los siervos. Reconociendo la necesidad de separar las esferas de la actividad pública y privada, la legislación no encontró posible tomar en sus propias manos un tipo diferente de supervisión sobre el volumen de negocios - el desarrollo de sus formas jurídicas que complementan la voluntad privada o la dirigen de acuerdo con las exigencias del bien común y los intereses de terceros. Durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. sería en vano buscar en la ley rusa un sistema desarrollado de obligaciones separadas con una distribución exacta de derechos subjetivos y obligaciones entre las contrapartes. Sólo se tomaron algunas medidas en materia de responsabilidad por hipotecas, enajenación de bienes hipotecados, arrendamiento de bienes muebles y devoluciones para su conservación. La rotación civil no fue extensa y difícilmente se transformó en nuevas formas de derecho civil, como puede juzgarse a partir de dos ejemplos. En un esfuerzo por regular las relaciones hipotecarias, la legislación de 1737 destruye la antigua regla sobre la conversión de una hipoteca en escritura de compraventa en caso de impago de una deuda y sustituye este procedimiento por subastas públicas con una serie de medidas preliminares. En 1744, sin embargo, fue necesario restaurar la antigua regla sobre la conversión de una hipoteca en escritura de compraventa, ya que las subastas públicas resultaron ser aún menos adecuadas. Solo la carta de quiebras de 1800 finalmente estableció el nuevo orden. La introducción de billetes, que aseguraban y al mismo tiempo facilitaban la circulación, no arraigó en la vida rusa durante mucho tiempo. La severidad del cobro, que daba preferencia a la letra sobre las deudas garantizadas con prenda, violaba los derechos de los acreedores prendarios, y los nobles piden a la comisión de Catalina que cambie esta orden; la misma comisión recibió una petición de comerciantes que denunciaron que la emisión de billetes sin garantía de propiedad y la aparición de billetes en los ayuntamientos para imponer prohibiciones a la propiedad genera muchos abusos. El volumen de negocios podía moverse en forma de pesado crédito real, pero no personal, ni siquiera para los comerciantes.

En el campo del derecho de familia, el período de San Petersburgo continúa ocupándose de las formas correctas de matrimonio. Peter lucha contra el matrimonio forzado, suprime la fuerza vinculante de los esponsales, priva a las penas matrimoniales (cargos) de significado legal, permite los matrimonios mixtos, establece algunas otras formalidades, pero al mismo tiempo utiliza la ley del matrimonio con fines políticos (prohibición del matrimonio con " tontos" y nobles analfabetos). Se prestó menos atención a las relaciones de propiedad en efectivo de los cónyuges. A finales de siglo, los primeros fueron definidos en la Carta del Decanato por máximas morales que fueron incluidas en las leyes civiles modernas. La forma de las relaciones de propiedad seguía siendo incierta: junto con los decretos que establecían la plena capacidad de las esposas para disponer de sus bienes muebles y dotales, existe una práctica que no permitía a las esposas firmar escrituras de compraventa e hipotecas sin el permiso de sus maridos, como así como acuerdos de dote (asientos de fila) escritos a nombre de su esposo y como si transfirieran la propiedad de su esposa a su propiedad. Y en la propia legislación se expresa reiteradamente la idea de la comunidad de bienes entre los cónyuges (la nulidad de las escrituras de compraventa e hipotecas entre cónyuges en 1780, etc.). La ley de separación de bienes, que ahora está en vigor, fue creada al azar y no puede considerarse un producto del desarrollo histórico. Igualmente inciertas son las relaciones personales y de propiedad de padres e hijos. Y en relación con los niños, la carta del decanato se contenta con máximas morales en lugar de una definición precisa de los derechos del padre y sus limitaciones, y los libros de texto de derecho civil de finales de siglo definen estas relaciones con las disposiciones del catecismo. . Se reconoció la independencia patrimonial de los hijos "separados", pero no se estableció claramente el concepto de estos últimos y sus diferencias con los no separados, y esta ambigüedad pasó al derecho moderno. La organización de la tutela (bajo Catalina II), hasta entonces casi intacta por la legislación, debe reconocerse como un gran progreso. El derecho de sucesiones está estrechamente relacionado, por un lado, con las nuevas leyes sobre las formas de posesión, por otro lado, con los antiguos procedimientos para la transferencia de bienes adeudados al servicio del estado. El orden de sucesión ruso moderno está en estrecha conexión histórica con los decretos del siglo XVIII; explican sus contradicciones, inconsistencias y deficiencias (ver más abajo).


 


  fuente

5) El derecho civil ruso moderno, en términos de la composición de su fuente principal, el volumen X, parte 1 del 1er Código de Leyes, es directamente adyacente al desarrollo histórico que se acaba de describir, lo que refleja todas sus deficiencias y lagunas, a pesar del hecho. que en su forma el código de leyes civiles es un préstamo de códigos extranjeros de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Las nuevas leyes y estatutos que han aparecido desde finales de los años 50, y la práctica judicial que ha crecido bajo la influencia de los “Estatutos judiciales del emperador Alejandro II”, han transformado en gran medida la antigua ley y han creado un sistema parcialmente nuevo, que, sin embargo, es lejos de estar libre de defectos. La práctica judicial pudo llenar muchos vacíos del derecho en la composición y desarrollo de las normas jurídicas, pero no pudo crear las instituciones necesarias para la correcta organización de la vida jurídica, ni dar certeza a las formas jurídicas de posesión y circulación allí donde la vida misma se opuso a ello. certeza. Además, la práctica judicial no podía fusionar en un todo dos grupos dispares de la sociedad civil rusa: el campesino, guiado por el derecho consuetudinario, y los privilegiados, para los cuales, en primer lugar, se compiló la primera parte del X volumen. A finales de la década de 1880, además, se da un gran paso atrás en el desarrollo del derecho al dividir la práctica judicial en dos corrientes: una que se desarrolla en las instituciones judiciales generales y que tiene como última fuente el Senado de Gobierno, y la otra, la cuya base son los jefes de los zemstvos, con la suprema autoridad en forma de presencias provinciales.

formas de posesión. Al reconocer la propiedad individual como la principal forma de propiedad, la legislación rusa no da a esta institución un desarrollo detallado ni en el sentido de una definición precisa de los poderes del propietario, ni en el sentido de crear y desarrollar consistentemente derechos y servidumbres vecinales, ni en el sentido de sentido de una definición precisa del objeto de la propiedad, formas de adquirirla y fortalecerla, pero también de su defensa a través de reclamaciones directas y especialmente a través del desarrollo detallado de la institución de la posesión. Sin embargo, al definir la propiedad como la posesión plena y exclusiva de una cosa, las leyes civiles rusas no contienen normas que separen claramente esta posesión exclusiva de una persona de los objetos del derecho de uso general (ver), y ellos mismos llaman la derecho de propiedad, de una forma u otra en contacto con estos derechos, la propiedad del derecho es incompleta. De las formas de propiedad dependiente, la vida rusa conoce, en esencia, solo una: la posesión chinshe, reconocida por la ley de 1889 como sujeta a destrucción en los principales lugares de su distribución (en el Territorio Sudoccidental), como no correspondiente a vida económica moderna. El propio Estado, sin embargo, establece el uso o la posesión condicional a perpetuidad de varios tipos de colonos en la forma de asegurar su participación o asentarse en solares baldíos. Entre nosotros, por lo tanto, todavía parece imposible establecer en toda su fuerza la regla según la cual la propiedad individual puede tolerar la servidumbre a su lado. Nuestras leyes dan una enumeración aproximada de ciertas servidumbres bajo la apariencia del derecho a participar en la propiedad privada y tierras en propiedad ajena, pero nada dicen sobre la medida en que es posible gravar las propiedades privadas con servidumbres contractuales, y guardan silencio incluso sobre los métodos para establecerlos y terminarlos. En la práctica, por tanto, existen servidumbres establecidas por la orden notarial y servidumbre, que, en las facultades conferidas por ellas, van más allá del concepto normal de servidumbre y restringen los derechos de todos los propietarios posteriores de la herencia. Las posesiones individuales rusas tampoco están adecuadamente protegidas en relación con los vecinos más cercanos. Sólo algunos tipos de ley de vecinos están establecidos por ley; muchos otros, especialmente las relaciones reguladas en Occidente por la ley de aguas (ver Propiedad del agua), casi no se ven afectadas por nuestra legislación. La plena implementación de los conceptos modernos de propiedad individual de los bienes inmuebles se ve obstaculizada por la división de las propiedades en ancestrales y adquiridas que ha perdurado hasta el día de hoy, lo que complica la circulación de las propiedades y muchas veces obliga a recurrir a transacciones ficticias. Finalmente, la ley rusa conserva una forma de propiedad que es opuesta a la propiedad individual: la propiedad comunal de la tierra por parte de los campesinos, que es muy indefinida en su organización. La lucha de varias corrientes de vida, que guían la política agraria rusa, conduce no solo a la preservación de las propiedades reservadas, sino también al establecimiento nuevamente (por la ley de 1899) de propiedades temporalmente reservadas. Muchas formas de posesión, ej. el usufructo permanece completamente al margen de la legislación; La base para la práctica judicial en relación con el usufructo deben ser las sentencias especiales sobre la posesión vitalicia de un patrimonio familiar otorgado por un cónyuge a otro en virtud de un testamento espiritual. La comisión redactora para la redacción de un nuevo código civil, que publicó un proyecto de carta patrimonial en 1893, reconoce el procedimiento existente para adquirir y fortalecer derechos sobre bienes inmuebles como una de las debilidades de nuestras leyes vigentes; desde la década de 1950, el tema de la transformación de esta parte de la legislación mediante la introducción de un correcto sistema patrimonial ha sido objeto de continua preocupación del legislador, pero no ha tenido éxito: el proyecto mencionado aún no ha sido aprobado. Las deficiencias del sistema existente, según la misma comisión, “se encuentran en parte en la falta de una publicidad adecuadamente organizada de los derechos sobre la tierra y en la complejidad y alto costo de las transacciones inmobiliarias, pero en parte afectan la esencia misma de las relaciones jurídicas sobre la tierra, expresó en la inseguridad jurídica y fragilidad de los derechos, también en el bochorno innecesario en cuanto a la disposición de los mismos. La puesta en posesión en el sentido de consolidación real definitiva de los derechos sobre bienes inmuebles ha perdido su significado práctico: un nuevo adquirente siempre corre el riesgo de encontrarse con el propietario por prescripción, reclamando todo o parte de la herencia. Debido a las deficiencias y obsolescencia del catastro general y especial y a la falta de catastro, el objeto de los bienes inmuebles tampoco está definido con precisión en nuestro país, y las actas llevadas por el notario mayor no garantizan la composición real del patrimonio. posesión. La acción de vindicación, elaborada detalladamente por las leyes civiles en relación con la responsabilidad del propietario de buena fe y de mala fe, no está limitada por nada en nuestro país, salvo la prescripción, y el adquirente siempre corre el riesgo de verse envuelto en una disputa. Un acreedor que presta dinero en garantía de una herencia no puede estar seguro de que está tratando con el propietario real de la herencia y, por lo tanto, arriesga una propiedad real valor del trato La misma organización de las relaciones colaterales también está llena de deficiencias. El proyecto de carta patrimonial pretende la introducción de los principios europeos occidentales del llamado sistema hipotecario en nuestro país, pero con muchas restricciones. Las reformas más decisivas se ven obstaculizadas por la falta de preparación de los terratenientes rusos para ellas y la imposibilidad de tomar ahora las medidas preparatorias necesarias en forma de catastro, registro obligatorio de todas las propiedades, etc. y luego pasó a los cuerpos que lo reemplazaron. Pero en las leyes civiles, la teoría de la propiedad está completamente subdesarrollada. ¿Es imposible decir con certeza si el derecho civil ruso protege la posesión de bienes muebles junto a la propiedad de bienes inmuebles? ¿Solo protege la propiedad o también protege la tenencia de un alieno nomine (por ejemplo, un arrendatario)? No define con precisión qué constituye una violación de la posesión a proteger.

La protección de la posesión de muebles está establecida por la ley, que establece que "las cosas muebles se consideran propiedad de su dueño, mientras no se pruebe lo contrario". Luego hay una serie de normas sobre el derecho de uso total y parcial de las cosas muebles como tipos de derechos de propiedad y sobre los "tipos especiales" de este uso. A pesar de la vaguedad e incompletitud de la ley, de las interpretaciones del Senado surgió un sistema consistente de normas de posesión, que ahora guían a los tribunales. En relación con la propiedad, se trazan sucesivos principios de plenitud y exclusividad de la posesión; el derecho de propiedad está claramente delimitado de la ley chinsh y otros tipos de posesión temporal y hereditaria. La posesión, separada del derecho de propiedad, se convirtió en la interpretación del Senado, y con toda razón, sólo en un derecho real de uso, y el derecho de disposición, separado del derecho de propiedad, se convirtió en el derecho de administrar por vía legal o legal. potestad contractual (tutela, apoderamiento), o fusionados con los órdenes de restricción del derecho, por las prohibiciones existentes en la herencia. Al mismo tiempo, se planteó el concepto de propiedad incompleta, limitada condicionalmente, en manos de propietarios sesionistas, campesinos estatales y otros propietarios, ya que someterla a un uso simple sería una violación de los derechos de los propietarios. Además, el Senado define con mayor precisión el derecho de uso de lo común, y reduce a la diferencia entre propiedad y servidumbre otras formas de posesión común de los particulares, creándose las servidumbres rurales para pastoreo de ganado, abrevaderos, etc. con orden de propiedad, el Senado subordina así el surgimiento de derechos sobre cosas ajenas al control del poder estatal y de los tribunales, lo que suprime en gran medida la posibilidad de establecer bajo la apariencia de "derechos de participación privada" y "tierra en propiedad ajena" tales derechos reales que distorsionan el mismo derecho de propiedad. Sin embargo, las deficiencias en la organización del sistema moderno de fortalecimiento paralizan en gran medida los esfuerzos de la corte, ya que los notarios mayores a veces fortalecen precisamente tales derechos bajo la apariencia de servidumbres. Los méritos de nuestra práctica judicial en el campo del derecho de servidumbres también incluyen el reconocimiento de la servidumbre conocida por los códigos europeos, establecida por testamento del antiguo propietario del edificio (servidumbre de ventana en casas construidas en el mismo patio y luego vendidas por separado) . Si bien no permite el establecimiento de servidumbres por prescripción, el Senado reconoce, sin embargo, la cesación de servidumbres por prescripción, lo que nuevamente muestra una tendencia a restringir derechos de este tipo. Por el contrario, en relación con las servidumbres lícitas, se produce una posible amplitud de miras (la servidumbre de la luz; sentencia nº 64, 1895). En el campo de los derechos de vecindad, el Senado elaboró ​​​​en detalle el tema de las relaciones mutuas de las propiedades con respecto a la disminución y aumento en el nivel de las aguas corrientes y la inundación asociada de las tierras costeras, el derecho de paso y paso, la erección de edificios en el límite, etc., pero dejó una serie de otros sin desarrollar (cavar hoyos que dañan a un vecino, relaciones basadas en árboles en pie, etc.). Al interpretar la división de los bienes ancestrales y adquiridos, la práctica judicial busca establecer el concepto de patrimonio familiar de acuerdo con el sentido exacto de la ley, sin darle una interpretación generalizada; reconoce, por ejemplo, como adquirida una propiedad donada a un miembro del clan, excluye todos los objetos del concepto de propiedad del clan, a excepción de la tierra y las casas en su propia tierra, y duda mucho sobre la cuestión de reconocer como propiedad del clan transferida por asignación y dada como dote. En relación con la propiedad campesina, la práctica judicial no reconoce la propiedad familiar común de una casa campesina, considerando al cabeza de familia como único administrador, y busca establecer la propiedad comunal sobre el concepto de persona jurídica. Al no tener el derecho de cambiar instituciones y no tener medios indirectos para hacerlo, la práctica judicial en el campo del procedimiento de fortalecimiento de los derechos reales buscó establecer un procedimiento uniforme para evaluar los diversos actos y acciones que forman parte del sistema moderno, y para averiguar la relación entre los elementos contractuales (adquisitivos) y de refuerzo, el significado de la tradición del acto y la propiedad. Después de intentar conciliar la significación jurídica de estos últimos con la fuerza de las escrituras de compraventa y otros actos aprobados y anotados en el registro de servidumbre, la práctica llegó a la conclusión de que el centro de gravedad en el proceso de fortificación debía ser la inscripción de los actos en el registro de escrituras de servidumbre, que abolió la fuerza legal de entrada en posesión. En el campo de las relaciones colaterales, el mérito de la práctica es el reconocimiento de la legalidad de la constitución de varias hipotecas sobre un mismo inmueble, lo que es necesario en las condiciones de la rotación moderna. En el campo de la protección de la posesión, la jurisprudencia pertenece al establecimiento de ciertos puntos de vista sobre casi todas las cuestiones relacionadas con el dogma de la posesión. Destaca aquí la protección, junto al propietario, y al arrendatario, la negativa a proteger la posesión de bienes muebles por pretensiones posesorias, el establecimiento de la composición del decisiones de propiedad. Al defender la posesión de bienes muebles, el Senado también adopta el punto de vista de la rotación moderna, primero al sustraer un número entero de objetos de posesión mueble de un reclamo de reivindicación, y luego al considerar que solo una adquisición injusta de bienes muebles da derecho a una demanda de reivindicación, mientras que un propietario de buena fe tiene protección preferente sobre el propietario.

El volumen de negocios civil durante el siglo XIX, especialmente su segunda mitad, aumentó de forma inusual en comparación con el siglo XVIII. Mientras tanto, su cabecera legal sigue siendo los decretos sobre obligaciones, basados ​​en los antiguos decretos del siglo XVIII. y lleno de lagunas en las características más esenciales. En los proyectos de resolución recientemente publicados (en Vestnik Prava) sobre las obligaciones como parte integral del futuro código civil, sus compiladores caracterizan las antiguas normas rusas sobre este tema de la siguiente manera: “en el Volumen X de la Parte 1 casi no hay disposiciones generales sobre la ley de obligaciones: redacción, ejecución y rescisión de acuerdos se dedica a solo 26 artículos, mientras que en las leyes de las provincias del Reino de Polonia esta sección incluye más de 300 artículos, y en las leyes de las provincias bálticas - unos 700 artículos... Resoluciones relacionadas con los contratos más habituales, por ejemplo. en venta, arrendamiento de muebles y bienes, contrato, poder notarial, no contienen la resolución de los asuntos más comunes. Finalmente, bajo algunos contratos, por ejemplo. transporte, sociedad simple, seguro, renta vitalicia, comisión, liquidación, las leyes civiles no contienen ninguna regla. Lo mismo debe decirse de la conducción de los asuntos ajenos sin instrucciones, del enriquecimiento ilícito, de los papeles al portador, etc. En general, en ningún departamento de nuestras leyes civiles hay tantos vacíos como en la ley obligatoria. En este estado de cosas, la práctica judicial rusa se enfrentó a la tarea de crear de la nada todo un sistema de derecho obligatorio en vista del fuerte desarrollo de las transacciones vinculantes en circulación. El grado de éxito de este trabajo puede juzgarse por las siguientes palabras de los redactores del nuevo borrador: “El borrador hizo un uso extensivo de material muy valioso, que consiste en la decisión del departamento de casación civil del Senado de Gobierno. Muchas de las reglas establecidas por el Senado de Gobierno con el fin de aclarar la ley son aceptadas casi en su totalidad por el proyecto, tales como las reglas sobre el significado del dolo y error material en la celebración de contratos, sobre las condiciones, sobre los contratos a favor de terceros, sobre la fuerza de un contrato para las personas que participan en él, sobre la división de contratos en contractus nominati e innominati, sobre la exceptio non adimpleti contractus, sobre la cesión de créditos, sobre la liquidación de contratos por compensación, y mucho más. Sin embargo, la jurisprudencia no pudo abarcar todas las manifestaciones del derecho de las obligaciones por reglas generales, viéndose obligada a limitarse a resolver los casos individuales en relación con sus características. De ahí la justicia de las decisiones individuales, pero también la multitud de contradicciones, vacilaciones e imprecisiones en la formulación de los principios rectores. Los principios fundamentales de la circulación civil de Europa Occidental -el reconocimiento fundamental de la validez del contrato en virtud de un simple acuerdo no ilegal de las partes y la evaluación de las relaciones de buena fe- durante mucho tiempo no pudieron ser llevados a cabo por Rusia. práctica judicial con la secuencia deseada: una rápida transición de la antigua justicia formal a una nueva basada en la buena fe y conciencia, era imposible tanto por los hábitos de los jueces como por las condiciones de vida. Fue posible sembrar los principios de buena conciencia, honestidad y exactitud en las transacciones tanto por acuerdos verbales condescendientes como por respeto a la legalidad - por formas que garantizan a una contraparte del abuso de otra. Las leyes rusas, debido a la abundancia de requisitos formales para las transacciones y sus partes individuales, dificultaron el establecimiento de un término medio razonable entre los objetivos de justicia indicados. Confiando en las leyes en aras de la protección de la legalidad, la práctica judicial tuvo que introducir involuntariamente de inmediato un formalismo excesivo en sus actividades, lo que sirvió de base para numerosos reproches que se le dirigieron (Orshansky en revisiones de la práctica de casación, Pobedonostsev, párrafo 8 de el tercer volumen del "Curso"). Poco a poco, sin embargo, la jurisprudencia se libera de esta deficiencia y favorece el libre acuerdo siempre que lo parezca deseable en las condiciones de los casos individuales. En la actualidad se reconocen como válidos todos los acuerdos verbales, excepto los contratos, para cuya validez se prescribe incondicionalmente la forma; pero aun en este último caso, no todos los contratos se consideran nulos por defectos de forma, sino sólo aquellos en los que la forma se confunde estrechamente con la esencia de la transacción (contratos de transmisión de bienes inmuebles, letras, testamentos). El Senado no da un régimen vinculante de tratados, reconociendo como válido todo tratado que sea lícito en su objeto, aunque no tenga un nombre específico o haya sido celebrado bajo la apariencia de otro. Dado que se requieren transacciones escritas, se da un amplio entendimiento: no sólo los actos jurídicos -siervos, notariales, secretos y domésticos- tienen fuerza de prueba, sino también cartas, telegramas, etc. En la lucha contra las transacciones ilegales, inmorales , ficticio o contrario al giro moderno - libertad de propiedad y personalidad, - el artículo 1529, tomo X, parte 1, se convirtió en el pilar del Senado.

utilizó una interpretación amplia de la que ejerció control sobre el testamento privado, introduciéndolo en límites legales. Y aquí, sin embargo, se notan fluctuaciones en cuestiones individuales: a veces se da a la voluntad más espacio del que debería, a veces se limita en exceso. En todo caso, la valoración de las transacciones por su contenido interno se lleva a cabo de forma consistente en la práctica, y la atribución de muchas cuestiones relacionadas con la misma a la situación real de la transacción, que no está sujeta al control del Senado, amplía significativamente la libertad del tribunal para combatir la falsedad civil. En relación con los contratos individuales, se deben señalar los méritos de la práctica judicial rusa en el desarrollo de la naturaleza jurídica de las relaciones de deuda, los detalles de la venta y arrendamiento de bienes de acuerdo con las condiciones de la facturación moderna. El Senado protege a los compradores contra los vendedores fraudulentos, a los inquilinos contra la explotación de los propietarios y a los inquilinos contra las violaciones de sus derechos. En el campo de los llamados contratos reales (préstamos, depósitos, etc.), como transacciones puramente domésticas, la práctica del Senado da soluciones menos estables; la diferencia entre un préstamo y un préstamo, las transacciones ficticias realizadas bajo la apariencia de un depósito, los poderes individuales de las partes a veces no están debidamente calificados. Y aquí la razón de ello no es tanto la falta de familiaridad con la teoría del derecho y la consistencia de opiniones, sino la variedad de condiciones de vida bajo las cuales estos contratos se modifican de un servicio amistoso a un contrato consensual negociable. La peor puesta en práctica es la responsabilidad por daños y perjuicios. El cómputo de los daños no permite su valoración por la condena del juez y exige la prueba de todo hecho insignificante, por insignificante y moderado que sea el reclamo del actor, según el tribunal. Así lo advierten también los compiladores del proyecto de código civil, citando una serie de opiniones literarias respecto a la extrema dificultad de nuestro proceso de daños y perjuicios. El nuevo proyecto pretende ampliar la libertad de los jueces en este sentido. Las lagunas en la práctica también se explican aquí por el subdesarrollo de la vida económica rusa. La responsabilidad amplia por delitos es posible en tal estado de rotación, cuando se crearon medidas firmes de daños y la escala de culpa y responsabilidad. En los procedimientos sobre responsabilidad por daños causados ​​por ferrocarriles y otras empresas públicas, las opiniones de la práctica son más amplias, los métodos de evaluación son más libres y los montos de los daños son mayores. Sobre el nuevo proyecto de ley de obligaciones, véase el Código Civil.




En el derecho de familia vigente se establecen con precisión las formas del matrimonio eclesiástico, se limita al extremo el divorcio y se definen los derechos de los hijos ilegítimos; no fue hasta 1891 que se dictaron nuevas normas sobre la legitimación de estos niños a través del matrimonio posterior. Provista de esta manera desde el exterior, la familia no está en absoluto regulada desde el lado de las relaciones internas y especialmente desde el lado de la protección de sus miembros en situación de debilidad. El poder conyugal personal estricto, “sin restricciones”, encuentra un contrapeso solo en las leyes penales, y no en la protección de la personalidad de la esposa por parte de la ley civil, y al mismo tiempo está en completa contradicción con la igualdad de bienes de la esposa, indudablemente establecida por las leyes civiles. , aunque se contradice con algunos artículos del derecho comercial. Los detalles de las relaciones personales son reemplazados por máximas morales que el tribunal usa para mitigar el destino de las esposas en el abuso de los derechos de su marido. La cuestión de los medios para obligar a los cónyuges a vivir juntos no se ha resuelto. Gracias a este silencio, la práctica judicial rechaza cualquier otra compulsión, salvo reconocer a la mujer fallecida como sin derecho a alimentos de su marido, y el marido que ha dejado a su mujer está obligado a darle alimentos. La relación personal entre padres e hijos está en la misma posición. La patria potestad vitalicia e ilimitada bajo la ley es la potestad en interés del padre, y no de los hijos; no hay restricciones al respecto en el sentido de protección gubernamental (tutela) de los niños contra el abuso; su lugar es ocupado de nuevo por las máximas morales. El tribunal a veces llena estos vacíos privando a los padres de su poder y dejando a los niños al cuidado de extraños. No tenemos instituciones capaces de proteger a los niños, y la tutela está mal organizada, cuya tarea en su forma moderna es ser un sustituto de la patria potestad no sólo para los huérfanos, sino también para los hijos de malos padres. La falta de derecho de los padres a utilizar los bienes de los hijos garantiza los derechos de los hijos adinerados, pero incluso en este caso la mala organización de la tutela impide muchas veces que se lleven a cabo las buenas intenciones del legislador. Las leyes civiles, en cualquier caso, no dan idea de la estructura real de las relaciones familiares en Rusia. En la vida, estas relaciones son sumamente diversas, y van desde una gran familia campesina que absorbe la personalidad de una esposa e hijos, hasta una pequeña familia inteligente construida sobre la base de la completa igualdad de las partes y la idea de la patria potestad como autoridad. en interés de los niños. Tal variedad de relaciones familiares es una de las razones del fracaso de las reformas en este ámbito, pero más importante aún -además de la mencionada falta de instituciones y órganos capaces de tomar en sus propias manos la protección de los miembros de la familia en necesidad de ello - la conexión del derecho de familia ruso con el derecho eclesiástico en el establecimiento y terminación del matrimonio.


Ley de sucesiones. El orden de la herencia legal todavía se basa en las antiguas leyes y decretos que surgieron incluso con el servicio obligatorio de los nobles de las haciendas y patrias. Comprende la restricción de la herencia de las mujeres en la línea de descendencia, su eliminación total en las laterales, cuando existan herederos varones de la misma línea y grado, la exclusión de la herencia de los ascendientes y su sustitución por entrega de la herencia a su posesión vitalicia, restricciones a la herencia de los cónyuges. El remanente histórico más característico en la ley de sucesiones rusa es la herencia de un yerno y una nuera en la propiedad de un suegro y un suegro (Art. 1151-1153), pasando volver a los inicios de la copropiedad del padre y los hijos “admitidos” en su patrimonio; el derecho de la nuera estaba determinado aquí por su derecho a una parte viva de la propiedad de su marido, que era propiedad conjunta con su padre. El derecho del marido a la propiedad del suegro surgió después, artificialmente, en aras de igualar los derechos del marido y la mujer. La libertad de la voluntad no está limitada por la parte obligatoria de los herederos directos; los herederos no se dividen en herederos en sentido propio y legatarios (ver Legado). La responsabilidad de los herederos por las deudas del testador es muy estricta. La ley rusa no conoce el beneficium inventarii ni, además, la limitación de la responsabilidad a los bienes recibidos. Esto se explica, por un lado, por las antiguas concepciones sobre la relación entre el testador y los herederos (principalmente el padre y los hijos; estos últimos eran incondicionalmente responsables de las deudas esclavizantes del padre con su persona y bienes), por otro lado, la inestabilidad de la posesión, el subdesarrollo de la facturación, la ausencia de un sistema hipotecario y de crédito público y la dificultad asociada a esta contabilización de las deudas y el valor de la propiedad hereditaria. Los decretos de las leyes civiles rusas sobre sucesiones en general persiguen un solo objetivo: la distribución de los bienes hereditarios entre los herederos y el establecimiento de una regla general sobre su responsabilidad por las deudas. No disponemos de normas que garanticen los intereses de los acreedores en caso de renuncia del heredero a la herencia en perjuicio de los acreedores: no existen normas detalladas que definan las relaciones entre herederos, acreedores y legatarios, lo que acentúa aún más el predominio de la estricta principio de sucesión universal en la herencia y responsabilidad incondicional por las deudas del testador.

La posición de la práctica judicial rusa en el campo del derecho de sucesiones es más difícil que en otros departamentos. Al estar completamente desactualizadas, las leyes civiles en este departamento dan principios definidos y claros. Obligado por estas normas, el tribunal con gran dificultad puede implementar los principios de la justicia, armonizando las antiguas leyes con las nuevas necesidades de la vida cotidiana. Las cortes inferiores intentaron aquí también defender las nuevas condiciones de vida: intentaron sacudir el principio de exclusión de la mujer de la herencia en las líneas laterales, estableciendo la igualdad de ambos sexos en la segunda, tercera, etc. líneas sobre la base de el silencio de la ley; trató de acudir en ayuda de los herederos fijando plazos para la aceptación de la herencia en aras de familiarizarse con ella, aliviar la responsabilidad de las deudas, armonizar, en lo posible, los intereses de herederos, legatarios y acreedores, etc. El Senado, como guardián de la ley, rechazó muchos de estos intentos y, habiendo creado un dogma lógico relativamente armonioso de las relaciones hereditarias, se desvió en este caso de los requisitos de la justicia más que en todos los demás. El mérito del Senado, sin embargo, radica en el establecimiento de numerosas normas privadas, que, si es posible, eliminan la dureza de las normas del derecho vigente. Tales son, por ejemplo, la restricción del derecho del heredero en perjuicio de los acreedores, la distinción entre la renuncia formal de la herencia y su aceptación efectiva, la distribución de las partes de responsabilidad de los herederos, el establecimiento de la composición de los responsables de las deudas, la distribución de bienes entre los acreedores del testador y el heredero, así como numerosas, aunque no siempre coherentes, normas sobre la adquisición de una herencia, la afirmación de los derechos sucesorios, la interpretación de las disposiciones testamentarias, etc.


Derecho consuetudinario campesino ruso. 


El derecho consuetudinario de los campesinos rusos se ha convertido en objeto de cuidadoso estudio por parte de etnólogos y abogados rusos desde la liberación de los campesinos de la servidumbre. Los etnólogos han encontrado en él nuevo y precioso material para estudiar las etapas más antiguas del desarrollo social. De los abogados, algunos vieron en él una expresión de opiniones populares sobre los principales éxitos de la vida pública (Kavelin, Yakushkin, Efimenko, Orshansky), no distorsionada por los accidentes del proceso histórico, otros (Pakhman, Holsten) buscaron reducir la normas del derecho consuetudinario a los mismos principios del derecho civil que prevalecen en el derecho oficial ruso, y las desviaciones de este último pueden explicarse por las peculiaridades del sistema político y económico de la vida campesina. La visión del derecho consuetudinario como producto de la arbitrariedad salvaje y la ignorancia nunca ha recibido ninguna justificación científica seria. Los resultados del estudio del derecho consuetudinario ruso aún no pueden reducirse a una visión integral. Sin embargo, puede considerarse claro que el derecho consuetudinario de los campesinos rusos, que actualmente se encuentra bajo la influencia de muchos factores desfavorables, no representa un sistema especial en espíritu y estructura basado en el "principio del trabajo"; sólo a veces, en condiciones favorables, se nota en él la manifestación y acción de los principios de igualdad y justicia. Los juicios sobre el significado del derecho consuetudinario a menudo divergen porque ven de manera diferente la composición de las fuentes del derecho consuetudinario. Mezclando el lado etnográfico del asunto con el lado jurídico, los investigadores a menudo entienden el derecho consuetudinario como rasgos de costumbres y formas de vida que se denominan costumbres, pero que no constituyen derecho consuetudinario. A estas costumbres se adjuntan a veces ideas sobre los ideales campesinos del sistema legal, formado por grupos individuales o individuos, y finalmente, no distinguen entre las sanciones de las normas del derecho consuetudinario a los ojos de los campesinos de las verdaderas razones para ello. su formación. Al investigar el derecho consuetudinario campesino, es decir, el orden realmente existente de las relaciones entre los campesinos, intentan explicar no este orden, sino la contemplación legal del campesinado contenida en él, es decir, llevan a cabo las opiniones de Pukhta sobre el derecho consuetudinario (ver) como un fenómeno que tiene un origen en la convicción popular - legal. Por tanto, las normas reales muchas veces quedan excluidas de la composición del derecho, a partir de las cuales se resuelven los conflictos de derecho, se oponen a los rasgos de la vida cotidiana que caracterizan el estado de paz de las relaciones; las decisiones judiciales individuales se disputan sobre la base de los ideales de justicia expresados ​​en las opiniones de una de las partes o enfatizados en conversaciones con los campesinos. Desde este punto de vista, la fuente principal de nuestra información sobre el derecho consuetudinario de los campesinos a menudo se critica duramente: "Procedimientos de la comisión para la formación de tribunales volost" (1873-1874), que contiene decisiones de tribunales campesinos en varios de provincias junto con las respuestas de los campesinos a preguntas sobre la existencia de esas u otras costumbres. En relación con muchas decisiones, apuntan a influencias externas (del volost escribano, volost y autoridades superiores), a sentencias que distorsionan la verdad campesina en uno u otro interés o simplemente por ignorancia. Sin embargo, no cabe duda de que la fuerza de la conciencia jurídica y la fuerza del sistema jurídico consuetudinario, si existe como un orden de relaciones estable y permanente, sólo pueden paralizarse en casos individuales. Varios investigadores y juristas (Orshansky, Pakhman, Mukhin, Dukhovsky y otros) sobre esta base basan su investigación en el material contenido en las "Actas" de la comisión, y solo lo complementan con datos recopilados en estudios etnográficos. El Sr. Yakushkin no niega la importancia seria de este material, a pesar de sus deficiencias. No hay nada como un conjunto de costumbres legales para localidades individuales; solo hay colecciones privadas de costumbres compiladas por etnógrafos aficionados (para un resumen de estas colecciones, consulte el libro de E. I. Yakushkin). Las opiniones subjetivas de los investigadores, así como los datos etnográficos, no se separan aquí del orden jurídico real. La conexión entre el derecho consuetudinario moderno y la estructura histórica de las relaciones jurídicas no ha sido suficientemente estudiada, aunque las comparaciones individuales han indicado una estrecha similitud de algunas normas con las reglas más antiguas de la vida rusa, los tiempos de Russian Pravda, Letters, Sudebnikov. Desde un punto de vista más amplio, se estudian las relaciones familiares, especialmente el derecho matrimonial.

El contenido de las normas jurídicas consuetudinarias de los campesinos en el campo del derecho civil está determinado por la totalidad de muchos factores externos e internos que no pueden reducirse a un concepto indefinido de "verdad del pueblo". Entre ellos, el papel principal lo juegan las influencias bajo las cuales se está configurando el sistema de propiedad campesina de la tierra. El derecho de propiedad basado en el trabajo (“principio laboral”) es una forma aplicable sólo a tal condición social en la que no existen enfrentamientos entre los solicitantes del cultivo de la tierra por su abundancia. Las formas jurídicas de posesión surgen precisamente en la forma de determinar los derechos de los solicitantes sobre alguna base, por ejemplo. al comienzo de la prioridad de captura. Al repartirse la propiedad entre personas que han cultivado con su trabajo determinadas áreas, en caso de colisión entre ellas por falta de tierra, habría que recurrir al mismo principio o crear formas especiales de propiedad común, en las que se sea ​​posible que todos tengan acceso al cultivo y uso de la tierra. En el primer caso, resultarían derechos que no difieren de las formas modernas de posesión individual. En cuanto a las formas de propiedad comunal, ahora parece que no puede haber duda de que las ideas de los campesinos acerca de estas formas no son tan puras y definidas como piensan los defensores de la propiedad comunal. Si dejamos de lado los vagos sueños de una "redistribución negra", en la que toda la tierra se dividirá según el número de trabajadores que le apliquen su trabajo, y se redistribuirá a medida que aumente la población, entonces no encontraremos en el campesinado "perspectiva legal" una idea de tal forma donde la posición del trabajo en relación con la tierra se combina con la posesión, el procesamiento y la división comunes del producto, es decir, la forma de posesión que corresponde al concepto moderno de una "persona jurídica". Al evaluar la propiedad comunal de la tierra desde un punto de vista ideal, los investigadores suelen tener en cuenta la aparente equidad de la división de la tierra y sus detalles individuales, expresados ​​en la igualación exacta de las calidades de la tierra, partes, partes, cuñas, etc. Pero todas estas propiedades de la división son el resultado del temor de cada dueño de casa a ser el desfavorecido y de su incapacidad para elevarse a una posesión verdaderamente común, en la que la preocupación es más por la rentabilidad de la tierra y la equidad en la distribución de la misma. del producto, y no de la igualdad de la posesión del objeto. Los campesinos a menudo establecen un sistema de propiedad que está estrictamente demarcado de vecinos y forasteros; el tribunal de volost establece la servidumbre y los derechos de vecindad que también existen bajo el orden de la propiedad privada (derecho a viajar, conducir ganado a un abrevadero, usar agua de un pozo, derecho a cortar ramas que bajan al lado de un vecino , inundaciones), y permite una serie de servidumbres contractuales. El predominio del principio del trabajo y el no reconocimiento de las formas de posesión establecidas por el derecho oficial se manifiestan en ocasiones en el hecho de que los campesinos no reconocen el derecho de propiedad privada de objetos a los que no se aplica el trabajo del propietario en una sola de un modo u otro y que por tanto se consideran de nadie, “de Dios” (por ejemplo, bosque, prados y pastos baldíos, aguas); sólo los objetos de trabajo obtenidos en las tierras de Dios se consideran propiedad inviolable (montones de heno segado, madera cortada, caza atrapada en una trampa o lazos, etc.). Pero esta visión está condicionada, por un lado, por los viejos hábitos de tierras vastas, vacías y desocupadas, y, por otro lado, por la extrema privación de los campesinos en la actualidad de bosques, prados y otras tierras. El derecho consuetudinario campesino desde este punto de vista no es diferente del derecho de los pueblos incultos antiguos y modernos. La familia campesina, el segundo fundamento principal de la vida campesina moderna, es un producto de la perspectiva campesina cotidiana y moral sobre la esencia de la relación entre mayores y jóvenes, padre y esposo, con hijos y esposa, así como influencias externas asociadas con la posición del campesino como fuerza de pago, de pie en dependencia personal y territorial de la comunidad y la administración puesta bajo el control del poder. Se distinguen tres formas de familia campesina: una familia numerosa patriarcal con un padre patriarcal a la cabeza y con hijos adultos casados ​​y solteros subordinados a él y su descendencia; una familia del tipo artel, compuesta por varios hermanos que no se separaron después de la muerte de su padre con su descendencia, o de personas que eran extrañas entre sí, tenderos o syabrs - una forma conocida por la carta judicial de Pskov) bajo el liderazgo de un cabeza de familia de Bolshak senior o electo; pequeña familia formada por marido, mujer e hijos. Las características comunes de los tres tipos se reconocen como el fuerte poder personal del cabeza de familia sobre los miembros subordinados y la naturaleza familiar de la propiedad; en esto ven respeto a la autoridad moral del mayor en la familia y una justa, basada en el principio laboral, restricción de sus derechos incondicionales en la propiedad, creando en una familia pequeña la independencia de una mujer. La existencia de tres formas de familia indica, sin embargo, que su organización no puede explicarse únicamente por estos rasgos de "perspectiva jurídica". La conservación de una familia numerosa se explica, en primer lugar, por la estructura de una economía agrícola campesina, en la que De un gran número de jornaleros, hombres y mujeres, se proporciona al mismo tiempo una mayor extensión de tierra, y el éxito de su cultivo, y la posibilidad de obtener ingresos ajenos a través de las actividades estacionales de algunos miembros de la familia. La utilidad de esta organización en términos económicos y, en consecuencia, para el buen desempeño de los deberes, es tan claramente reconocida tanto por los campesinos como por el gobierno, que se toman todas las medidas posibles de ambos lados para evitar la desintegración de la familia numerosa. Los tribunales de Volost respaldan el poder del cabeza de familia y no permiten quejas contra él por parte de los subordinados con respecto a las relaciones familiares personales. Si los tribunales intervienen a veces en las relaciones de marido y mujer, suegro y nuera, padre e hijos, entonces solo a su propia discreción o bajo la dirección de personas ajenas. El castigo impuesto al jefe de la casa va acompañado de un llamamiento a los subordinados con una exhortación a honrar a los mayores, ya veces con su castigo conjunto con el padre. El derecho consuetudinario campesino, al igual que la ley, no permite la división de la familia o la separación de los miembros individuales sin el consentimiento del cabeza de familia, si los impuestos se pagan con regularidad; por el contrario, permite la asignación obligatoria si la vida en común del padre y los hijos amenaza el declive de la economía. En aras del bienestar económico, el tribunal priva incluso al padre de la patria potestad, transfiriendo la "mayoría" de la familia a uno de los hijos, si el padre trastorna la economía con su comportamiento. Pero todas estas restricciones se hacen en interés de la economía y la comunidad, y no en interés de los niños, que es la diferencia esencial entre las restricciones campesinas al poder de los padres y sus restricciones en los estados civilizados modernos. Motivos administrativos y económicos, y no el respeto fundamental al principio del trabajo y al bien común familiar, explican también la constante injerencia de la “paz” y del tribunal en los órdenes patrimoniales del cabeza de familia, expresada en la prohibición de voluntades arbitrarias, divisiones excesivamente desiguales de la misma entre los hijos durante la vida del padre (se reconoce incondicionalmente el derecho mismo de dividir a los hijos a discreción del padre) y enajenación arbitraria e imprudente de él en manos equivocadas. Al mismo tiempo, se reconoce a cada miembro de la familia el derecho a la parcela de propiedad paterna, por ser futuro miembro de pleno derecho de la comunidad, que tiene derecho a la parcela y está obligado a tomarla para el cumplimiento de sus deberes. , lo cual es imposible sin inventario de propiedad. La misma posición de los miembros de la comunidad y el valor de los trabajadores explica en gran medida el reconocimiento de los derechos de familia y propiedad a los hijos ilegítimos, adoptados y adoptadas, a pesar del desprecio por su origen, expresado en vergonzosos sobrenombres. En relación con los intereses de los miembros subordinados, la familia numerosa no da ninguna garantía, ni personal ni patrimonial. En las relaciones personales, los miembros de la familia no tienen derechos, en la propiedad dependen de su padre y cabeza de familia. Todas sus ganancias, agrícolas y estacionales, van a la familia y se gastan en necesidades comunes, independientemente del número de miembros de la familia. El hijo, que gana mucho dinero extra y tiene pocos hijos viviendo en la familia, trabaja así para los hermanos con muchas familias que quedan en el pueblo. Con una economía agrícola común, la participación desigual de todos los miembros en sus penurias no es tan notoria como con ganancias adicionales. De ahí, en este último caso, la tendencia a la división, que en la vida moderna es tanto más frecuente cuanto que las industrias estacionales crecen cada vez más. La familia artel, como basada en una conexión voluntaria y no forzada, desaparece cada vez más junto con el cese de los beneficios asociados a su existencia. La familia pequeña formada después de la división también pierde los beneficios de la familia numerosa, que están asociados con el control sobre el cabeza de familia por parte de la comunidad. Por la imposibilidad de transferir la “mayoría” a alguno de los subordinados, los hijos y la esposa quedan en pleno poder del cabeza de familia; su derecho a disponer de la propiedad es ilimitado, ya que ni una esposa subordinada, ni los niños pequeños pueden controlar sus acciones. La transferencia del hogar a la esposa es una rara excepción. El derecho sucesorio de los campesinos está íntimamente relacionado con la organización de los tipos de familias que acabamos de mencionar. Una gran familia campesina es una unidad económica de servidumbre, situada junto a otras unidades similares, pero no conectada con ella por ningún vínculo. Por lo tanto, los miembros de la familia son herederos, es decir, en primer lugar, los hijos y otros miembros de la familia legalmente capaces que tienen la oportunidad de convertirse en miembros independientes de pago en la comunidad. Las partes de los hijos y otros miembros de la familia a menudo están determinadas por los decretos de muerte del cabeza de familia, lo que enfatiza su derecho de preferencia a la propiedad, y no el carácter familiar de este último. A falta de división hecha por el padre, los hijos y los miembros elegibles de la familia reciben partes iguales. La división va “según los padres”, es decir, sólo los miembros independientes más cercanos al cabeza de familia son llamados a la herencia y la reciben, en lo que una familia numerosa tiene que desintegrarse si no vive de un artel. base. Los hijos dedicados y los miembros de la familia no heredan. Con la desintegración de la familia artel, tras la muerte de su principal heredero, en el sentido propio de la palabra, no hay ocurre, y la propiedad se divide según las partes paternas hereditarias de los miembros de la familia legalmente capaces que constituyeron una unión económica común. Aquí, pues, también heredan las mujeres, las viudas y las hijas, si no hay varones en su linaje y tribu; en una familia patriarcal, las hijas heredan solo cuando, después de la muerte del padre, no quedan herederos varones que puedan administrar el hogar. Estos últimos, si se quedan, están obligados a casar a sus hijas y recompensar de acuerdo con su parte, decisiones que se remontan a la era de la Verdad rusa y que marcan la conexión entre la vida económica moderna de los campesinos y la antigua. Debido al aislamiento de la economía familiar, el traspaso de la tierra al mundo tras el despojo de la familia y la insignificancia de los bienes muebles, la herencia lateral sólo se produce en ausencia no sólo de hijos e hijas, sino también de mujer, que hereda en una familia pequeña preferentemente sobre parientes laterales; de lo contrario, al no tener otra seguridad más que la destrucción de los lazos con su familia de origen, quedaría al cuidado del mundo, cuyo deber es cuidar de los huérfanos en general. Y aquí, por tanto, se trata más de los intereses del mundo que de la independencia patrimonial de una mujer. Las relaciones obligatorias entre los campesinos, por la restricción de su circulación civil, no representan una variedad de formas. La compraventa, el alquiler de bienes muebles e inmuebles y los préstamos, empréstitos, equipajes, apoderamientos en sus términos más simples, agotan el espectro de las relaciones contractuales comunes al derecho oficial, aunque este último las define con mucho más detalle. Pero junto a ellas hay otras relaciones contractuales, que sin duda difieren en la originalidad de los puntos de vista sobre la fuerza y ​​el espacio del derecho contractual. Al reconocer como inviolables sólo aquellas formas de vida que están asociadas a la posición de propietarios de tierras públicas y pagadores, el derecho consuetudinario campesino, como el derecho antiguo, permite que el contrato opere en todos los demás aspectos, incluso si afecta a las principales instituciones de la vida civil. . G. Yakushkin, por ejemplo, cita el siguiente contrato: “En 1884, el campesino K. del distrito de Kupyansky celebró un contrato de matrimonio con la viuda de un soldado A. Según el significado de este contrato, A. entra en la casa del campesino B. como esposa y amante. Incluso en el caso de que su esposa, que había dejado a K., regresara, A. debería seguir siendo dueña de la casa y esposa. Este acuerdo se concluyó con el consentimiento del padre de K. y sus dos tíos, quienes firmaron el acuerdo. entre dos testigos. Al concluir el contrato, estuvo presente el jefe de la aldea, quien lo firmó y adjuntó su sello. La libertad de los términos del contrato también se expresa en numerosas transacciones de adopción, adopción de miembros externos a la familia con derechos de herencia, la obligación de alimentar a los ancianos, etc. un asunto privado (lo que testimonia el subdesarrollo de las relaciones políticas y sociales). idea). En cambio, cuando se trata de órdenes de propiedad que afectan los intereses de la familia, y por tanto de la comunidad, el tribunal no reconoce la fuerza de los contratos, aunque estén correctamente redactados, entrando en la verificación de las condiciones favorables. y contrarrestar el enriquecimiento inmoral, aunque legal, de una contraparte por cuenta de otra. El concepto de base de la obligación entre los campesinos, por tanto, es más amplio que el jurídico. En este sentido, están las opiniones de los campesinos sobre la responsabilidad por pérdidas, determinada por la conciencia y las condiciones de vida campesina sobre la base de un acuerdo mundial (nuevamente, una característica similar a la ley antigua), sobre cuotas y aplazamiento del pago de deudas, etc. Dado que el interés de la comunidad no se ve afectado por el acuerdo, el contrato tiene fuerza incondicional y está sujeto a ejecución, y su incumplimiento conduce al pago de pérdidas y, a menudo, al castigo de los culpables con varas. . El momento de la celebración del contrato está programado para la ejecución real, total o parcial, por un lado, o para la entrega de un depósito, o para la realización de acciones simbólicas (golpes en las manos, pasar de un piso a otro , vaciados y magiaryches, orando, trasladando signos, etc.). La posición de las partes contratantes a menudo no es igual; algunos deberes se consideran un acto de favor de la contraparte; en el empleo personal aparece el comienzo de la subordinación personal. Las responsabilidades por mala conducta son muy comunes, especialmente las relacionadas con la propiedad. La pobreza te hace valorar cada pequeña cosa, y la oportunidad de recibir una recompensa cuando hay una razón fomenta el interés propio. De ahí la dificultad de determinar la pérdida, con excepción de los casos en que se determina por el precio de la cosa dañada, y la necesidad de "juzgar según la persona", de decidir la materia del mundo, de dividir "el pecado a la mitad". Indudablemente, el matrimonio (a menudo un contrato formal de compraventa) entre los campesinos también pertenece a los contratos habituales, como puede verse en el pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento del acuerdo.

El derecho penal de los campesinos, en la medida en que existe a pesar de la existencia de la ley, lleva las huellas de la rudeza de la moral, que se debe al aislamiento de los campesinos de la vida pública y estatal. Un delito penal es un asunto privado que concierne únicamente a los intereses de la víctima o de sus familiares, que puede terminar en la reconciliación, la imposición de multas o provocar la venganza del ofendido: tal es la visión popular del delito. Un arreglo, el pago de daños y perjuicios y la arbitrariedad son, por lo tanto, las consecuencias de un delito. La arbitrariedad, el linchamiento y la venganza se manifiestan de diversas formas, pero se han desarrollado ciertos tipos de castigos para determinados delitos. Los ladrones y los ladrones de caballos son severamente golpeados; por delitos menores e injurias, se debe beber (una exhibición de vino para que los culpables beban junto con los ofendidos e intermediarios); en una gran jugada es vergüenza, combinada con castigo con varas. El objeto robado se ata al cuello del ladrón y se lo conduce por el pueblo frente a una multitud burlona; a veces, los ladrones, especialmente las mujeres, son desnudados, amarrados a un carro junto a un caballo, o en su lugar se utiliza otro tipo de intimidación.