Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra; Paula Flores Vargas ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig;;
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Patrimonio Nacional es la denominación que recibe en España el organismo público, dependiente del Ministerio de la Presidencia, dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España. Los bienes administrados por Patrimonio Nacional abarcan palacios, parques, jardines y algunos conventos o monasterios, así como todo regalo oficial que recibe el rey.
Actualmente, dichos bienes que están puestos a disposición del rey y el resto de la familia real para su uso como residencia o para actos de Estado y ceremonias oficiales. De esta forma, han dejado de ser propiedad de la Corona y estar gestionados por la Casa de Su Majestad el Rey y han pasado a depender del Estado español.
Durante el siglo xix y hasta 1931 era conocido como Patrimonio de la Corona, antes de pasar a denominarse "Patrimonio de la República" durante la Segunda República.
Historia y descripción
Patrimonio Nacional tiene su origen en dos leyes (15 de junio de 1939 y 7 marzo de 1940) promulgadas por el general Franco al final de la Guerra Civil. En dichas leyes se regía el funcionamiento del antiguo Patrimonio de la República (Patrimonio de la Corona antes de 1931), que mantenía gran parte de la estructura de 1932 pero cambiaba el nombre por Patrimonio Nacional, eliminando, por lo tanto, cualquier referencia monárquica o republicana. Con el nuevo nombre, parece que nadie cayó en la cuenta de la posible confusión que podría haber con el patrimonio histórico-nacional. A la nueva institución se incorporaban, además, los conventos y monasterios de patronato real segregados en 1932. El presente organismo se encuentra regulado, sin embargo, por una nueva Ley de Patrimonio Nacional del 16 de junio de 1982.
Se encuentra regido por un Consejo de Administración compuesto por su presidente (nombrado por el Rey, con el refrendo del presidente del Gobierno), el gerente y trece vocales, profesionales de reconocido prestigio, de los cuales tres son concejales de ayuntamientos donde están situadas propiedades de Patrimonio Nacional.
Inmediatamente por debajo del Consejo de Administración se sitúa el consejero gerente, que administra las dos ramas principales del organismo: direcciones (administración y medios, Colecciones Reales, inmuebles y medio natural y actos oficiales y culturales) y delegaciones (El Pardo, San Ildefonso, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, San Jerónimo de Yuste y Reales Patronatos)
Bienes administrados por Patrimonio Nacional
Reales Sitios
Palacio Real de Madrid y los Jardines del Campo del Moro.
Casita del Príncipe (El Pardo, Madrid).
Quinta del Duque del Arco (El Pardo, Madrid)
Real Sitio o monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Casita del Príncipe o Casita de Abajo (El Escorial, Madrid).
Casita del Infante o Casita de Arriba (San Lorenzo de El Escorial, Madrid).
Palacio de la Zarzuela (Madrid).
Palacio Real de Aranjuez y sus jardines (Aranjuez, Madrid).
Casa del Labrador (Aranjuez, Madrid).
Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia).
Casa de las Flores (Real Sitio de La Granja) (Segovia).
Palacio Real de Riofrío (Segovia).
Palacio Real de La Almudaina (Palma de Mallorca, Islas Baleares).
Cuarto Real Alto del Real Alcázar de Sevilla.
Residencia Real de La Mareta (Lanzarote, Islas Canarias)
Conventos y monasterios de patronato real
Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid).
Real Monasterio de la Encarnación (Madrid).
Real Monasterio de Santa Isabel (Madrid).
Real Basílica de Atocha (Madrid).
Real Convento de San Pascual (Aranjuez, Madrid).
Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid).
Real Monasterio de las Huelgas (Burgos).
Colegio de Doncellas Nobles (Toledo).
Monasterio de Yuste (Cáceres).
Museo
Museo de Colecciones Reales (Madrid). - próxima apertura en 2020.
Museo de Carruajes (Madrid). - cerrado desde 1992.
Museo de las Falúas Reales (Aranjuez, Madrid).
Otros reales patronato
Panteón de Hombres Ilustres (Madrid).
Ermita de San Antonio de la Florida (Madrid).
Valle de los Caídos (Abadía Benedictina de la Santa Cruz) (Madrid).
Otras residencias reales
Algunas residencias reales utilizadas en tiempos recientes o que aún utilizan los reyes de España son muy conocidas pero no están administradas por Patrimonio Nacional, sino que dependen de administraciones locales:
residencia oficial del rey en Andalucía: el Real Alcázar de Sevilla está a cargo del Real Patronato del Alcázar de Sevilla y abierto al público, Patrimonio Nacional si que gestiona, no obstante, las visitas al Cuarto Real Alto.
residencia oficial del rey en Cataluña: el Palacete Albéniz depende del Ayuntamiento de Barcelona y está cerrado al público.
antigua residencia oficial del rey en Cataluña: el Palacio Real de Pedralbes es propiedad de la Generalidad de Cataluña y está cerrado al público.
Historia
El Patrimonio de la Corona (también llamado Real Patrimonio) es el nombre que recibió, en el siglo XIX y hasta 1931, la institución que gestionaba todas las propiedades pertenecientes a la Corona de España. Dichas propiedades incluían palacios, monasterios, fincas diversas y bienes muebles como pinturas, objetos de arte o mobiliario.
Se englobaba dentro de la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España y es el antecedente directo del actual Patrimonio Nacional.
Hasta finales de la Edad Moderna, en la mayoría de las monarquías europeas, la separación entre los bienes de la corona y los bienes privados del rey era bastante difusa, a fin y al cabo, el soberano, aparte de ser jefe del estado también era un señor feudal. Sin embargo, a principios del siglo XIX fue apareciendo la noción de patrimonio cultural, y la percepción de que el Estado debía hacerse cargo de su conservación y gestión. En 1812, siguiendo la estela de la Revolución francesa, la Constitución de Cádiz estableció que los bienes del soberano eran propiedad del Estado. Dicha percepción contrastaba con la realidad, José Bonaparte había dispuesto de los bienes de la Corona como si fueran suyos propios, decidiendo fundar el Museo Josefino o vendiendo algunas joyas y objetos sagrados situados en el Palacio Real de Madrid.
Como soberano absoluto que fue, Fernando VII gozó de plena disposición de los bienes, solo sujetos a su voluntad, sin embargo, a él se debe una de las decisiones más trascendentes de toda la historia cultural de España. A instancias de su segunda esposa, María Isabel de Braganza, dispuso la fundación del Real Museo de Pintura y Escultura en 1819. Las obras del nuevo establecimiento eran todas aquellas que, dada su antigüedad, no encajaban con las nuevas tendencias estilo Imperio con las que Fernando VII redecoró sus residencias, en especial el Palacio Real de Madrid. El museo se instaló en el Real Gabinete de Ciencias del Buen Retiro, edificio también propiedad de la Corona. La primitiva sede del museo debía haber sido el palacio de Buenavista, sin embargo, éste había sido vendido al Ejército en 1816. El público podía acceder al museo cada miercoles de nueve a dos. El rey y la familia real disponian para su uso particular un Salón de Descanso (actual Sala 39) y un Retrete.
A finales del mismo reinado, sin embargo, varias instituciones reales fueron desvinculándose progresivamente del patrimonio de la Corona, pasando a ser administradas por el ministerio de Instrucción Pública, como las reales academias, el Real Conservatorio de Arte y Música o los archivos reales de Barcelona, Sevilla, Simancas y Valencia.
Durante las primeras décadas del reinado de Isabel II, y especialmente durante la revolución liberal (1836-1838), la tendencia iniciada a finales del reinado de su padre se afianzó y varias instituciones dejaron de ser "reales" para convertirse en "nacionales", desvinculándose, por lo tanto, completamente de la Corona. Así, por ejemplo, la Real Librería Pública se convirtió en Biblioteca Nacional en 1836 en oposición a la Real Biblioteca que seguía siendo propiedad del soberano. Lo mismo ocurrió con el Real Museo de Ciencias Naturales, que en 1847 se convirtió en el Museo de Historia Natural.
Asimismo, en 1838 también tuvo lugar la fundación de otro importante museo en Madrid, el Museo de la Trinidad, donde se expusieron pinturas y esculturas provenientes de las desamortizaciones. La propiedad de dicho museo era estatal, en oposición al Museo del Prado, cuyas obras pertenecían a la Corona. Otro de los museos propiedad de la monarquía era la Real Armería situada delante de la fachada sur, o de mediodía, del Palacio Real y dependiente del Caballerizo Mayor de Palacio. En 1849, el museo fue abierto por primera vez al público que podía visitarlo todos los sábados de una a tres.
El asunto de los inventarios
A falta de una ley específica sobre el Patrimonio de la Corona, dichas propiedades continuaban encontrándose en un limbo entre la propiedad estatal y la propiedad privada. Esta ambigüedad se haría especialmente patente durante la regencia de la reina María Cristina (1833-1840). La regente consideraba que el Patrimonio de la Corona tenía una dimensión más personal y señorial, mientras el nuevo gobierno liberal opinaba que éste debía tener un valor más público y nacional. Tal conflicto quedaría ejemplificado con el llamado "asunto de los inventarios".
Antes de fallecer, Fernando VII había ordenado hacer unos inventarios con todos los muebles, enseres y joyas contenidos en los palacios reales; en dichos inventarios se especificaban aquellos bienes que permanecerían vinculados a la Corona y aquellos de libre disposición, o sea vendibles. Sin embargo, los inventarios, que habían sido anexados al testamento del difunto rey, nunca aparecieron. Las investigaciones subsiguientes apuntaron a la intervención de la propia reina regente en su desaparición. Cuando la regente tuvo que partir al exilio a París en 1840 y el general Espartero subió al poder, el nuevo intendente del Patrimonio se encontró con que varios objetos habían desaparecido, presuntamente se los había llevado María Cristina, entre ellos habían joyas (sí se encontraron los setecientos estuches vacíos) o muebles renacentistas del viejo Real Alcázar que luego se vendieron en Londres y París. El asunto de los inventarios muestra hasta que punto entraban en conflicto dos percepciones del Patrimonio de la Cornoa, una absolutista y personalista y la otra liberal y pública.
Tal conflicto también tuvo sus ramificaciones respecto al Museo del Prado, ya que Fernando VII había dejado en herencia a sus hijas, Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, la propiedad de todos los bienes muebles, lo que incluía las colecciones del Prado. Para evitar que la colección pudiera dispersarse, el duque de Híjar, director del museo, propuso que la soberana pagara a su hermana por la compra de su mitad, cosa que se produjo en 1843, una vez alcanzada la mayoría de edad.
La Ley del Patrimonio de la Corona de 1865
Desde 1845, el duque de Híjar había propuesto la creación de una ley que regulara el patrimonio de la Corona y que estableciera que todos los bienes inmuebles así como los muebles y pinturas contenidos en los reales palacios y museos fueran inalienables. El Patrimonio de la Corona debía pasar, por lo tanto, de un soberano a otro, sin que ningún monarca pudiera vender o alienar alguna de sus partes a capricho.
La nueva ley excluía definitivamente diversas academias, bibliotecas y museos, antes vinculados a la Corona y ahora propiedad del ministerio de Instrucción Pública en virtud de la Ley Moyano de 1857.
También se desvinculaba del patrimonio real el Casino de la Reina, que se convirtió en la sede del nuevo Museo Arqueológico Nacional, los reales sitios de La Isabela y San Fernando de Henares y varios edificios que eran usados por el Ejército, como las Reales Caballerizas de Córdoba, el Alcázar de Toledo o la Montaña del Príncipe Pío.
La nueva ley listaba las siguientes propiedades como parte del Patrimonio de la Corona:
En Madrid
Palacio Real de Madrid y Caballerizas Reales.
Armería Real
Real Museo de pinturas y esculturas
Real Sitio del Buen Retiro
Real Sitio de la Casa de Campo
Real Sitio de la Florida y La Moncloa
Real Sitio de El Pardo
Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y el Riofrío
Real Sitio de Aranjuez
Real Sitio de El Escorial
En otros lugares del territorio
Real fortaleza de la Alhambra
Real Alcázar de Sevilla
Jardines del Real de Valencia
Palacio Real de Valladolid
Palacio Real de Barcelona
Palacio Real de La Almudaina y el Castillo de Bellver
Los monasterios de patronato real
Monasterio de la Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey
Convento de Santa Clara de Tordesillas
"y demás" (no especificados)
La nueva ley establecía que todos los bienes muebles situados en el interior de las propiedades también integrarían en Patrimonio de la Corona.
Asimismo se constituía, aparte, un patrimonio privado del soberano, que era todo aquello comprado con su dinero, de libre disposición y sujeto, al contrario que el Patrimonio de la Corona, al pago de impuestos y a las regulaciones de la propiedad privada.
Por último, el texto disponía que varias propiedades (predios rústicos y urbanos) serían vendidos, del total de esta venta el 75% iría a parar al Estado y un 25% a la reina. Tal disposición causó una amplia polémica entre los progresistas y los republicanos y su consecuencia directa fue la llamada Noche de San Daniel. Una vez más, se ponía a debate a quien pertenecían los bienes de la Corona: al soberano que los cedía a la nación o viceversa. Este polémica eclipsaría el importante avance que suponía esta ley, al dotar al patrimonio real de una legislación propia por primera vez.
El Sexenio Revolucionario
Después del derrocamiento de la reina Isabel II, el nuevo gobierno provisional procedió al secuestro de los bienes del Patrimonio de la Corona. Más de un año después, en diciembre de 1869, se aprobó una ley según la cual el patrimonio "que fue de la Corona" pasaba a ser propiedad del Estado, siendo administrado por el Ministerio de Hacienda. Parte de ellos se dedicarían al "uso y servicio del Rey" (Amadeo I de 1870 a 1872), el resto se vendería o se cedería a otras administraciones. El soberano también percibiría, por primera vez, de una asignación atribuida y controlada por el Estado.
Entre las propiedades desvinculadas por completo del "uso y servicio" del nuevo soberano había:
el Real Museo de Pintura y Escultura, nacionalizado, pasó a llamarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y fue fusionado con el Museo de la Trinidad.
el Real Sitio de la Florida y La Moncloa fue cedido al Ministerio de Fomento que instaló en él la Escuela de Agricultura.
el Real Sitio del Buen Retiro fue cedido al Ayuntamiento de Madrid como parque de recreo (aunque ya estaba abierto al público desde 1767).
el Palacio Real del Valladolid fue cedido al Ministerio de Justicia para albergar la Audiencia Territorial (aunque desde el 1854 ya se usaba como oficinas de Hacienda).
el Palacio Real de Barcelona fue cedido al Ministerio de Justicia y se destinó a juzgado.
la Real fortaleza de la Alhambra se desvinculó de la Corona y en 1870 fue declarado "monumento nacional".
los Jardines del Real de Valencia fueron cedidos a la Diputación de Valencia y destinados a lugar de esparcimiento.
Paralelamente, tuvieron lugar varias actuaciones en el seno de los bienes muebles de la Corona. Varias vajillas, porcelanas y platerías del Viejo Chinero del Palacio Real de Madrid fueron enviados para su exposición al Museo Arqueológico Nacional, se trataba de piezas antiguas donde primaba su valor histórico por encima del funcional, por otro lado, era costumbre que cada soberano tuviera su propia vajilla, cosa que dificultaba la conservación de las más antiguas por falta de espacio. También fueron a parar al Museo Arqueológico varias pinturas y objetos variados que se consideraban inservibles o que tenían más valor histórico que artístico, como varias vistas del siglo XVII de antiguas propiedades de la Corona.
También hubo varios proyectos que no se llevaron a cabo: en El Escorial se quiso abrir un Museo de Tapices con aquellos más representativos provenientes de las colecciones reales, se decretó que las bibliotecas del monasterio y del Palacio Real de Madrid deberían abrirse al público y se nombró un conservador de los carruajes de las Caballerizas Reales, cosa que anunciaba una futura musealización.
La restauración borbónica y la monarquía alfonsina
La nueva ley de 1876
Tras el fin de la Primera República y el ascenso de Alfonso XII al trono, la gestión de los bienes de la Corona fue devuelta al soberano. Los bienes reales fueron dotados, una vez más, de un régimen jurídico especifico, se optó por un compromiso: el nuevo Patrimonio de la Corona estaría integrado por los bienes descritos en la Ley de 1865 menos aquellos "enajenados ó dedicados a servicios públicos" durante el Sexenio (descritos más arriba).
Del mismo modo, en la nueva ley de junio de 1876, se aprobaba la ampliación de los monasterios bajo patronato real:
el Monasterio de las Huelgas, el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas y el Hospital del Rey en Burgos (ya inscritos en 1865).
el Convento de la Encarnación en Madrid.
la Iglesia del Buen Suceso y su hospital en Madrid.
la Iglesia de San Jerónimo en Madrid.
el Convento de las Descalzas Reales en Madrid.
la Real Basílica de Atocha en Madrid.
la Iglesia de Santa Isabel y su colegio en Madrid.
la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y su colegio en Madrid.
la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y su hospital en Madrid.
el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
A imitación de la monarquía inglesa y tal como había ocurrido durante el breve reinado de Amadeo I, la casa y familia de Alfonso XII también percibió una asignación monetaria atribuida y controlada por las Cortes.
La nuevas musealizaciones
Como consecuencia del la segregación del Museo del Prado de los bienes de la Corona durante el Sexenio revolucionario, a la monarquía solo le quedaron dos museos después de 1875: la Real Armería (abierta en 1849) y el Museo de Tapices de El Escorial (proyectado en 1869 pero jamás abierto). Estos dos museos concentrarían la mayor parte de las actuaciones en las décadas venideras.
En 1878, el rey, impresionado por otras armerías europeas, encargó al conde de Valencia de Don Juan la reforma y reorganización de la Vieja Real Armería situada delante del Palacio Real, sin embargo, en 1884, pocos días antes de su inauguración, un incendio destruyó la techumbre del edificio y dañó parte de las colecciones. El incendio coincidió con un época de grandes transformaciones urbanísticas alrededor de la Plaza de la Armería o de Armas, como el inicio de la construcción de la catedral de la Almudena o la prolongación de la calle de Bailén. Se decidió entonces derribar el viejo edificio de los Austrias e instalar la nueva armería en el ala oeste de la plaza homónima. El espacio de la Vieja Armería fue ocupado por una nueva verja diseñada por Enrique Repullés y terminada en 1893. La nueva Real Armería fue inaugurada, por su parte, en 1898, ya bajo la regencia de la reina María Cristina de Habsburgo.
Paralelamente, José Florit, ayudante del conde de Valencia de San Juan, había empezado a gestionar la musealización de ciertas zonas del monasterio de El Escorial: en la Sacristía se instalaron vestidos y ajuares y en las Salas Capitulares distintas pinturas. A partir de 1902, Florit empezó la recreación de las estancias de Felipe II en el Palacio de los Austrias, eliminando toda la decoración posterior de los siglos XVIII y XIX. Dichas restauraciones y musealizaciones no estaban exentas de simbolismo, pues en las décadas posteriores al desastre de 1898, se trataba de ofrecer un rememoración del Imperio español y un modelo a seguir (Felipe II) para el joven soberano Alfonso XIII.
A finales del siglo XIX y en los albores del XX, además de la Real Armería y El Escorial, diversos Reales Sitios podían ser visitados cuando la corte no se encontraba en ellos y previa solicitud a la administración del Patrimonio de la Corona. Este era el caso de los palacios de La Granja o El Pardo.
En 1926 se produjo la única alteración en la lista de propiedades del Patrimonio de la Corona, con la incorporación del Palacio Real de Pedralbes de Barcelona.
Epílogo: el Patrimonio de la República
Con la caída de la monarquía alfonsina, se repitieron los procesos que en 1868: el Patrimonio de la Corona fue puesto bajo la tutela del ministerio de Hacienda y renombrado "Patrimonio de la República" mientras que todos los antiguos reales patronatos pasaron a estar bajo la administración del ministerio de Gobernación. También en 1931 se procedió a la cesión de propiedades:
I).-El Real Sitio de la Casa de Campo, coto de caza, finca agrícola y vivero, se cedió la ayuntamiento de Madrid que lo convirtió en parque abierto al público.
II).-Los jardines del Palacio Real o del Campo del Moro también fueron cedidos al ayuntamiento y abiertos al público.
III).-El Palacio Real de Pedralbes fue donado al ayuntamiento de Barcelona que instaló en él el Museo de las Artes Decorativas.
IV).-El Real Alcázar de Sevilla y sus jardines se transfirieron al ayuntamiento de Sevilla.
V).-el Castillo de Bellver y su bosque adyacente fueron cedidos al ayuntamiento de Palma de Mallorca y convertidos en Museo de Historia de la Ciudad y parque público, respectivamente.
El resto de propiedades del Patrimonio de la República fueron reguladas por una ley de marzo de 1932 que establecía que su principal uso sería "científico, artístico, sanitario, docente, social y de turismo". Bajo la égida de Ricardo de Orueta, director General del Bellas Artes, se procedió a una reorganización, como la del Archivo de Palacio y la de los instrumentos y partituras de la Capilla Real. También se buscó un conservador especializado para gestionar los palacios y sus colecciones, la plaza de "Conservador Artístico de Museos y Palacios de Patrimonio de la República", sin embargo, nunca fue cubierta. A causa de la inestabilidad política, tampoco se llegaron a realizar nunca los previstos Museo de Colecciones Reales, Museo Nacional del Coche o el Museo de Armas y Tapices.
Una de las actuaciones más polémicas de la nueva administración fue, posiblemente, el derribo de las Caballerizas Reales construidas por Sabatini durante el reinado de Carlos III. Si el Palacio Real ganaba una nueva perspectiva (la norte) y unos nuevos jardines, también se perdía un importante edificio histórico.
El Patrimonio de la República también compaginó su uso museístico con el institucional. El Palacio Real, renombrado "Palacio Nacional", se destinó a actos oficiales del presidente de la República, como los consejos de ministros o las credenciales de embajadores. Por su parte, La Granja se convirtió, al menos sobre el papel, en residencia estival del presidente y El Pardo se destinó, también, a un uso residencial y a la recepción de jefes de estado extranjeros. Manuel Azaña usó considerablemente la Quinta del Duque del Arco durante su presidencia.
Tras el estallido de la Guerra Civil y durante el Sitio de Madrid, se procedió a la evacuación de parte de los tesoros del Patrimonio de la República a Valencia y a otras ciudades de España. No obstante, el Palacio Real sufrió importantes daños en sus fachadas a causa de los bombardeos del bando sublevado, también las placas de porcelana del "Salón del fumar oriental" fueron seriamente dañadas.
Una vez terminada la contienda, el general Franco promulgó una ley en abril de 1939 en la que el Patrimonio de la República se convertía en Patrimonio Nacional, sin que nadie cayera en la cuenta de la posible confusión de nombres que podría haber con el patrimonio histórico-nacional. El nuevo nombre, sin embargo, eliminaba cualquier referencia monárquica o republicana. La nueva institución mantenía gran parte de la estructura establecida en 1932 y seguía dependiendo directamente del Estado, pero reincorporaba los monasterios de patronato real.
Historia
El Patrimonio de la Corona (también llamado Real Patrimonio) es el nombre que recibió, en el siglo XIX y hasta 1931, la institución que gestionaba todas las propiedades pertenecientes a la Corona de España. Dichas propiedades incluían palacios, monasterios, fincas diversas y bienes muebles como pinturas, objetos de arte o mobiliario.
Se englobaba dentro de la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España y es el antecedente directo del actual Patrimonio Nacional.
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| Retrato póstumo de Maria Isabel de Braganza frente al Real Museo de Pintura y Escultura. |
Hasta finales de la Edad Moderna, en la mayoría de las monarquías europeas, la separación entre los bienes de la corona y los bienes privados del rey era bastante difusa, a fin y al cabo, el soberano, aparte de ser jefe del estado también era un señor feudal. Sin embargo, a principios del siglo XIX fue apareciendo la noción de patrimonio cultural, y la percepción de que el Estado debía hacerse cargo de su conservación y gestión. En 1812, siguiendo la estela de la Revolución francesa, la Constitución de Cádiz estableció que los bienes del soberano eran propiedad del Estado. Dicha percepción contrastaba con la realidad, José Bonaparte había dispuesto de los bienes de la Corona como si fueran suyos propios, decidiendo fundar el Museo Josefino o vendiendo algunas joyas y objetos sagrados situados en el Palacio Real de Madrid.
Como soberano absoluto que fue, Fernando VII gozó de plena disposición de los bienes, solo sujetos a su voluntad, sin embargo, a él se debe una de las decisiones más trascendentes de toda la historia cultural de España. A instancias de su segunda esposa, María Isabel de Braganza, dispuso la fundación del Real Museo de Pintura y Escultura en 1819. Las obras del nuevo establecimiento eran todas aquellas que, dada su antigüedad, no encajaban con las nuevas tendencias estilo Imperio con las que Fernando VII redecoró sus residencias, en especial el Palacio Real de Madrid. El museo se instaló en el Real Gabinete de Ciencias del Buen Retiro, edificio también propiedad de la Corona. La primitiva sede del museo debía haber sido el palacio de Buenavista, sin embargo, éste había sido vendido al Ejército en 1816. El público podía acceder al museo cada miercoles de nueve a dos. El rey y la familia real disponian para su uso particular un Salón de Descanso (actual Sala 39) y un Retrete.
A finales del mismo reinado, sin embargo, varias instituciones reales fueron desvinculándose progresivamente del patrimonio de la Corona, pasando a ser administradas por el ministerio de Instrucción Pública, como las reales academias, el Real Conservatorio de Arte y Música o los archivos reales de Barcelona, Sevilla, Simancas y Valencia.
Durante las primeras décadas del reinado de Isabel II, y especialmente durante la revolución liberal (1836-1838), la tendencia iniciada a finales del reinado de su padre se afianzó y varias instituciones dejaron de ser "reales" para convertirse en "nacionales", desvinculándose, por lo tanto, completamente de la Corona. Así, por ejemplo, la Real Librería Pública se convirtió en Biblioteca Nacional en 1836 en oposición a la Real Biblioteca que seguía siendo propiedad del soberano. Lo mismo ocurrió con el Real Museo de Ciencias Naturales, que en 1847 se convirtió en el Museo de Historia Natural.
Asimismo, en 1838 también tuvo lugar la fundación de otro importante museo en Madrid, el Museo de la Trinidad, donde se expusieron pinturas y esculturas provenientes de las desamortizaciones. La propiedad de dicho museo era estatal, en oposición al Museo del Prado, cuyas obras pertenecían a la Corona. Otro de los museos propiedad de la monarquía era la Real Armería situada delante de la fachada sur, o de mediodía, del Palacio Real y dependiente del Caballerizo Mayor de Palacio. En 1849, el museo fue abierto por primera vez al público que podía visitarlo todos los sábados de una a tres.
El asunto de los inventarios
A falta de una ley específica sobre el Patrimonio de la Corona, dichas propiedades continuaban encontrándose en un limbo entre la propiedad estatal y la propiedad privada. Esta ambigüedad se haría especialmente patente durante la regencia de la reina María Cristina (1833-1840). La regente consideraba que el Patrimonio de la Corona tenía una dimensión más personal y señorial, mientras el nuevo gobierno liberal opinaba que éste debía tener un valor más público y nacional. Tal conflicto quedaría ejemplificado con el llamado "asunto de los inventarios".
Antes de fallecer, Fernando VII había ordenado hacer unos inventarios con todos los muebles, enseres y joyas contenidos en los palacios reales; en dichos inventarios se especificaban aquellos bienes que permanecerían vinculados a la Corona y aquellos de libre disposición, o sea vendibles. Sin embargo, los inventarios, que habían sido anexados al testamento del difunto rey, nunca aparecieron. Las investigaciones subsiguientes apuntaron a la intervención de la propia reina regente en su desaparición. Cuando la regente tuvo que partir al exilio a París en 1840 y el general Espartero subió al poder, el nuevo intendente del Patrimonio se encontró con que varios objetos habían desaparecido, presuntamente se los había llevado María Cristina, entre ellos habían joyas (sí se encontraron los setecientos estuches vacíos) o muebles renacentistas del viejo Real Alcázar que luego se vendieron en Londres y París. El asunto de los inventarios muestra hasta que punto entraban en conflicto dos percepciones del Patrimonio de la Cornoa, una absolutista y personalista y la otra liberal y pública.
Tal conflicto también tuvo sus ramificaciones respecto al Museo del Prado, ya que Fernando VII había dejado en herencia a sus hijas, Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, la propiedad de todos los bienes muebles, lo que incluía las colecciones del Prado. Para evitar que la colección pudiera dispersarse, el duque de Híjar, director del museo, propuso que la soberana pagara a su hermana por la compra de su mitad, cosa que se produjo en 1843, una vez alcanzada la mayoría de edad.
La Ley del Patrimonio de la Corona de 1865
Desde 1845, el duque de Híjar había propuesto la creación de una ley que regulara el patrimonio de la Corona y que estableciera que todos los bienes inmuebles así como los muebles y pinturas contenidos en los reales palacios y museos fueran inalienables. El Patrimonio de la Corona debía pasar, por lo tanto, de un soberano a otro, sin que ningún monarca pudiera vender o alienar alguna de sus partes a capricho.
La nueva ley excluía definitivamente diversas academias, bibliotecas y museos, antes vinculados a la Corona y ahora propiedad del ministerio de Instrucción Pública en virtud de la Ley Moyano de 1857.
También se desvinculaba del patrimonio real el Casino de la Reina, que se convirtió en la sede del nuevo Museo Arqueológico Nacional, los reales sitios de La Isabela y San Fernando de Henares y varios edificios que eran usados por el Ejército, como las Reales Caballerizas de Córdoba, el Alcázar de Toledo o la Montaña del Príncipe Pío.
La nueva ley listaba las siguientes propiedades como parte del Patrimonio de la Corona:
En Madrid
Palacio Real de Madrid y Caballerizas Reales.
Armería Real
Real Museo de pinturas y esculturas
Real Sitio del Buen Retiro
Real Sitio de la Casa de Campo
Real Sitio de la Florida y La Moncloa
Real Sitio de El Pardo
Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y el Riofrío
Real Sitio de Aranjuez
Real Sitio de El Escorial
En otros lugares del territorio
Real fortaleza de la Alhambra
Real Alcázar de Sevilla
Jardines del Real de Valencia
Palacio Real de Valladolid
Palacio Real de Barcelona
Palacio Real de La Almudaina y el Castillo de Bellver
Los monasterios de patronato real
Monasterio de la Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey
Convento de Santa Clara de Tordesillas
"y demás" (no especificados)
La nueva ley establecía que todos los bienes muebles situados en el interior de las propiedades también integrarían en Patrimonio de la Corona.
Asimismo se constituía, aparte, un patrimonio privado del soberano, que era todo aquello comprado con su dinero, de libre disposición y sujeto, al contrario que el Patrimonio de la Corona, al pago de impuestos y a las regulaciones de la propiedad privada.
Por último, el texto disponía que varias propiedades (predios rústicos y urbanos) serían vendidos, del total de esta venta el 75% iría a parar al Estado y un 25% a la reina. Tal disposición causó una amplia polémica entre los progresistas y los republicanos y su consecuencia directa fue la llamada Noche de San Daniel. Una vez más, se ponía a debate a quien pertenecían los bienes de la Corona: al soberano que los cedía a la nación o viceversa. Este polémica eclipsaría el importante avance que suponía esta ley, al dotar al patrimonio real de una legislación propia por primera vez.
El Sexenio Revolucionario
Después del derrocamiento de la reina Isabel II, el nuevo gobierno provisional procedió al secuestro de los bienes del Patrimonio de la Corona. Más de un año después, en diciembre de 1869, se aprobó una ley según la cual el patrimonio "que fue de la Corona" pasaba a ser propiedad del Estado, siendo administrado por el Ministerio de Hacienda. Parte de ellos se dedicarían al "uso y servicio del Rey" (Amadeo I de 1870 a 1872), el resto se vendería o se cedería a otras administraciones. El soberano también percibiría, por primera vez, de una asignación atribuida y controlada por el Estado.
Entre las propiedades desvinculadas por completo del "uso y servicio" del nuevo soberano había:
el Real Museo de Pintura y Escultura, nacionalizado, pasó a llamarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y fue fusionado con el Museo de la Trinidad.
el Real Sitio de la Florida y La Moncloa fue cedido al Ministerio de Fomento que instaló en él la Escuela de Agricultura.
el Real Sitio del Buen Retiro fue cedido al Ayuntamiento de Madrid como parque de recreo (aunque ya estaba abierto al público desde 1767).
el Palacio Real del Valladolid fue cedido al Ministerio de Justicia para albergar la Audiencia Territorial (aunque desde el 1854 ya se usaba como oficinas de Hacienda).
el Palacio Real de Barcelona fue cedido al Ministerio de Justicia y se destinó a juzgado.
la Real fortaleza de la Alhambra se desvinculó de la Corona y en 1870 fue declarado "monumento nacional".
los Jardines del Real de Valencia fueron cedidos a la Diputación de Valencia y destinados a lugar de esparcimiento.
Paralelamente, tuvieron lugar varias actuaciones en el seno de los bienes muebles de la Corona. Varias vajillas, porcelanas y platerías del Viejo Chinero del Palacio Real de Madrid fueron enviados para su exposición al Museo Arqueológico Nacional, se trataba de piezas antiguas donde primaba su valor histórico por encima del funcional, por otro lado, era costumbre que cada soberano tuviera su propia vajilla, cosa que dificultaba la conservación de las más antiguas por falta de espacio. También fueron a parar al Museo Arqueológico varias pinturas y objetos variados que se consideraban inservibles o que tenían más valor histórico que artístico, como varias vistas del siglo XVII de antiguas propiedades de la Corona.
También hubo varios proyectos que no se llevaron a cabo: en El Escorial se quiso abrir un Museo de Tapices con aquellos más representativos provenientes de las colecciones reales, se decretó que las bibliotecas del monasterio y del Palacio Real de Madrid deberían abrirse al público y se nombró un conservador de los carruajes de las Caballerizas Reales, cosa que anunciaba una futura musealización.
La restauración borbónica y la monarquía alfonsina
La nueva ley de 1876
Tras el fin de la Primera República y el ascenso de Alfonso XII al trono, la gestión de los bienes de la Corona fue devuelta al soberano. Los bienes reales fueron dotados, una vez más, de un régimen jurídico especifico, se optó por un compromiso: el nuevo Patrimonio de la Corona estaría integrado por los bienes descritos en la Ley de 1865 menos aquellos "enajenados ó dedicados a servicios públicos" durante el Sexenio (descritos más arriba).
Del mismo modo, en la nueva ley de junio de 1876, se aprobaba la ampliación de los monasterios bajo patronato real:
el Monasterio de las Huelgas, el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas y el Hospital del Rey en Burgos (ya inscritos en 1865).
el Convento de la Encarnación en Madrid.
la Iglesia del Buen Suceso y su hospital en Madrid.
la Iglesia de San Jerónimo en Madrid.
el Convento de las Descalzas Reales en Madrid.
la Real Basílica de Atocha en Madrid.
la Iglesia de Santa Isabel y su colegio en Madrid.
la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y su colegio en Madrid.
la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y su hospital en Madrid.
el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
A imitación de la monarquía inglesa y tal como había ocurrido durante el breve reinado de Amadeo I, la casa y familia de Alfonso XII también percibió una asignación monetaria atribuida y controlada por las Cortes.
La nuevas musealizaciones
Como consecuencia del la segregación del Museo del Prado de los bienes de la Corona durante el Sexenio revolucionario, a la monarquía solo le quedaron dos museos después de 1875: la Real Armería (abierta en 1849) y el Museo de Tapices de El Escorial (proyectado en 1869 pero jamás abierto). Estos dos museos concentrarían la mayor parte de las actuaciones en las décadas venideras.
En 1878, el rey, impresionado por otras armerías europeas, encargó al conde de Valencia de Don Juan la reforma y reorganización de la Vieja Real Armería situada delante del Palacio Real, sin embargo, en 1884, pocos días antes de su inauguración, un incendio destruyó la techumbre del edificio y dañó parte de las colecciones. El incendio coincidió con un época de grandes transformaciones urbanísticas alrededor de la Plaza de la Armería o de Armas, como el inicio de la construcción de la catedral de la Almudena o la prolongación de la calle de Bailén. Se decidió entonces derribar el viejo edificio de los Austrias e instalar la nueva armería en el ala oeste de la plaza homónima. El espacio de la Vieja Armería fue ocupado por una nueva verja diseñada por Enrique Repullés y terminada en 1893. La nueva Real Armería fue inaugurada, por su parte, en 1898, ya bajo la regencia de la reina María Cristina de Habsburgo.
Paralelamente, José Florit, ayudante del conde de Valencia de San Juan, había empezado a gestionar la musealización de ciertas zonas del monasterio de El Escorial: en la Sacristía se instalaron vestidos y ajuares y en las Salas Capitulares distintas pinturas. A partir de 1902, Florit empezó la recreación de las estancias de Felipe II en el Palacio de los Austrias, eliminando toda la decoración posterior de los siglos XVIII y XIX. Dichas restauraciones y musealizaciones no estaban exentas de simbolismo, pues en las décadas posteriores al desastre de 1898, se trataba de ofrecer un rememoración del Imperio español y un modelo a seguir (Felipe II) para el joven soberano Alfonso XIII.
A finales del siglo XIX y en los albores del XX, además de la Real Armería y El Escorial, diversos Reales Sitios podían ser visitados cuando la corte no se encontraba en ellos y previa solicitud a la administración del Patrimonio de la Corona. Este era el caso de los palacios de La Granja o El Pardo.
En 1926 se produjo la única alteración en la lista de propiedades del Patrimonio de la Corona, con la incorporación del Palacio Real de Pedralbes de Barcelona.
Epílogo: el Patrimonio de la República
Con la caída de la monarquía alfonsina, se repitieron los procesos que en 1868: el Patrimonio de la Corona fue puesto bajo la tutela del ministerio de Hacienda y renombrado "Patrimonio de la República" mientras que todos los antiguos reales patronatos pasaron a estar bajo la administración del ministerio de Gobernación. También en 1931 se procedió a la cesión de propiedades:
I).-El Real Sitio de la Casa de Campo, coto de caza, finca agrícola y vivero, se cedió la ayuntamiento de Madrid que lo convirtió en parque abierto al público.
II).-Los jardines del Palacio Real o del Campo del Moro también fueron cedidos al ayuntamiento y abiertos al público.
III).-El Palacio Real de Pedralbes fue donado al ayuntamiento de Barcelona que instaló en él el Museo de las Artes Decorativas.
IV).-El Real Alcázar de Sevilla y sus jardines se transfirieron al ayuntamiento de Sevilla.
V).-el Castillo de Bellver y su bosque adyacente fueron cedidos al ayuntamiento de Palma de Mallorca y convertidos en Museo de Historia de la Ciudad y parque público, respectivamente.
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| ana karina gonzalez huenchuñir |
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El resto de propiedades del Patrimonio de la República fueron reguladas por una ley de marzo de 1932 que establecía que su principal uso sería "científico, artístico, sanitario, docente, social y de turismo". Bajo la égida de Ricardo de Orueta, director General del Bellas Artes, se procedió a una reorganización, como la del Archivo de Palacio y la de los instrumentos y partituras de la Capilla Real. También se buscó un conservador especializado para gestionar los palacios y sus colecciones, la plaza de "Conservador Artístico de Museos y Palacios de Patrimonio de la República", sin embargo, nunca fue cubierta. A causa de la inestabilidad política, tampoco se llegaron a realizar nunca los previstos Museo de Colecciones Reales, Museo Nacional del Coche o el Museo de Armas y Tapices.
Una de las actuaciones más polémicas de la nueva administración fue, posiblemente, el derribo de las Caballerizas Reales construidas por Sabatini durante el reinado de Carlos III. Si el Palacio Real ganaba una nueva perspectiva (la norte) y unos nuevos jardines, también se perdía un importante edificio histórico.
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El Patrimonio de la República también compaginó su uso museístico con el institucional. El Palacio Real, renombrado "Palacio Nacional", se destinó a actos oficiales del presidente de la República, como los consejos de ministros o las credenciales de embajadores. Por su parte, La Granja se convirtió, al menos sobre el papel, en residencia estival del presidente y El Pardo se destinó, también, a un uso residencial y a la recepción de jefes de estado extranjeros. Manuel Azaña usó considerablemente la Quinta del Duque del Arco durante su presidencia.
Tras el estallido de la Guerra Civil y durante el Sitio de Madrid, se procedió a la evacuación de parte de los tesoros del Patrimonio de la República a Valencia y a otras ciudades de España. No obstante, el Palacio Real sufrió importantes daños en sus fachadas a causa de los bombardeos del bando sublevado, también las placas de porcelana del "Salón del fumar oriental" fueron seriamente dañadas.
Una vez terminada la contienda, el general Franco promulgó una ley en abril de 1939 en la que el Patrimonio de la República se convertía en Patrimonio Nacional, sin que nadie cayera en la cuenta de la posible confusión de nombres que podría haber con el patrimonio histórico-nacional. El nuevo nombre, sin embargo, eliminaba cualquier referencia monárquica o republicana. La nueva institución mantenía gran parte de la estructura establecida en 1932 y seguía dependiendo directamente del Estado, pero reincorporaba los monasterios de patronato real.
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