 Alfonso XIII. Madrid, 17.V.1886 – Roma (Italia), 28.II.1941. Rey de España. Hijo póstumo de Alfonso XII y de su segunda esposa, M.ª Cristina de Austria, recibió en la pila bautismal los nombres de Alfonso, León, Fernando, María, Santiago, Isidro, Pascual, Antón. Le apadrinaron el papa León XIII —representado por el nuncio, cardenal Rampolla— y la infanta doña Isabel, su tía. Nació Rey, pero no asumió sus poderes en cuanto tal hasta alcanzar la mayoría de edad marcada por la Constitución, el 17 de mayo de 1902. Ejerció la regencia durante su minoría, con pulcritud intachable, la Reina viuda, su madre. Su educación estuvo marcada por la orientación militar: militares, fundamentalmente, integraron su Cuarto de Estudios, formado en 1896, bajo la presidencia del general Sanchiz, aunque en él tuvo lugar destacado su profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, el ilustre jurista Vicente Santamaría de Paredes. El jesuita Fernández Montaña se encargó de su formación religiosa. Los ingenuos diarios escritos por el Rey niño en vísperas y en los inicios de su reinado revelan el impacto que en don Alfonso supuso la experiencia del Desastre: de aquí que haya podido decirse de él que fue “la conciencia del 98 en el trono”. La primera etapa de su reinado personal (1902-1907) coincidió con la crisis de jefatura en los partidos dinásticos. La rivalidad entre los posibles herederos de Cánovas y de Sagasta sólo quedó resuelta entre 1905 y 1907 con la designación de Antonio Maura, como jefe del Partido conservador, y la de Segismundo Moret, como jefe del Liberal. De aquí la fugacidad de los primeros gobiernos designados por el joven monarca, lo que daría pie al maligno apelativo de “crisis orientales” (en alusión al Palacio de Oriente), que acusaban injustamente a don Alfonso de manipulador de las distintas facciones políticas, para prevalecer sobre ellas. En 1904, durante un primer gobierno Maura, éste llevó al Rey a Barcelona, viaje que constituyó un gran éxito personal del Rey y de la Monarquía, pero no contribuyó a que don Alfonso captase el sentido integrador de la naciente Lliga Regionalista: el acendrado españolismo del Rey estuvo siempre matizado por un castellanismo a ultranza que no le permitía entender el catalanismo como potenciador de una gran España, según lo concebían Prat de la Riba y Cambó. Desde 1905 se iniciaron sus viajes por Europa (su visita a París quedó marcada por el primer atentado sufrido por don Alfonso, junto con el presidente Loubet, y del que ambos salieron ilesos). Estos viajes, multiplicados por el monarca a lo largo de su reinado, harían de él el más cosmopolita de los reyes españoles desde los días de Carlos I, y un gran experto en la política internacional de su tiempo. En esta línea, siempre se esforzó en recuperar para España “un lugar bajo el sol”, apoyándose sobre todo en una Inglaterra que en los comienzos de su reinado se hallaba enfrentada con Francia tras la crisis de Fashoda; las bodas hispano-británicas de 1906, de las que se trata a continuación fueron muy importantes a este propósito. La conferencia de Algeciras había asegurado una posible zona de influencia para España en Marruecos; las entrevistas de don Alfonso con Eduardo VII en aguas de Cartagena (1907) le permitieron salvar la situación de las Canarias, en las que ya habían puesto sus miras los alemanes, y en general proteger las costas españolas, en tanto reconstruía España sus fuerzas navales —gracias a la Ley de 1908, que dio paso a la creación de una escuadra moderna. El 31 de mayo de 1906 había contraído matrimonio con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de Victoria I hija de la princesa Beatriz y de Enrique de Battenberg. Al retorno de la ceremonia, celebrada en la madrileña iglesia de San Jerónimo, el cortejo nupcial se vio ensangrentado por la bomba que el anarquista Mateo Morral le lanzó desde un balcón de la calle Mayor. Aunque la pareja real salió indemne, el atentado causó numerosas víctimas que ensombrecieron el acontecimiento. En este matrimonio coincidían el interés diplomático, según ya se ha señalado, y la elección sentimental, pero pronto se nublaría la felicidad doméstica de los esposos al detectarse la hemofilia en el primogénito, el príncipe Alfonso, nacido en mayo de 1907. En 1908 vino al mundo el infante don Jaime, libre de esta dolencia, pero que, a consecuencia de una mastoiditis mal curada, padecería siempre de sordomudez, apenas paliada por una esmeradísima educación. De los cuatro hijos restantes —dos mujeres, Beatriz (1910) y Cristina (1911)—, sólo el menor, Gonzalo, se vería afectado también por la hemofilia. Felizmente, la continuidad dinástica quedaría garantizada en la persona de don Juan, nacido en 1913 y perfectamente sano. Esta desgraciada situación distanciaría a la larga a los regios cónyuges. De aquí la evasión del Rey en aventuras extramatrimoniales, aunque sólo una de ellas revistió relativa importancia: la que le unió, en los años veinte, a la actriz Carmen Ruiz Moragas, de la que tuvo dos hijos. La segunda etapa del reinado (1907-1912) había registrado los dos grandes empeños regeneracionistas que, desde la vertiente conservadora asumió Maura, y desde la de un liberalismo democrático desplegó José Canalejas. El gobierno del primero naufragó en 1909 a raíz de los sucesos que, como réplica a la guerra de Melilla, ensangrentaron Barcelona (Semana Trágica), y cuya represión subsiguiente (fusilamiento del anarquista Ferrer Guardia) suscitó una desaforada campaña antimaurista y antiespañola, orquestada por las izquierdas europeas, y que en España se tradujo en la ruptura del Pacto del Pardo, al declararse el jefe del Partido liberal, Moret, incompatible con Maura. Este último no perdonaría nunca al Rey la inevitable crisis que le apartó del gobierno, aunque la única alternativa posible hubiera sido una dictadura maurista de difícil salida. Tras un breve gobierno de Moret, Canalejas, con una notable gestión de efectiva orientación democrática y de apertura social, iniciada en 1910, se esforzó en restaurar la normalidad constitucional, pero el crimen que acabó con su vida en 1912 aceleró la descomposición de los partidos y el ocaso del turnismo (a su vez, el propio Rey sería objeto de un nuevo atentado en 1913, del que salió ileso por fortuna). Al estallar la Primera Guerra Mundial (1914), Alfonso XIII afirmó la neutralidad española, respaldado por el entonces jefe del Gobierno, el conservador Eduardo Dato. Esta paz en la guerra propició una coyuntura excepcional a los mercados españoles —lo que sería determinante del notable salto hacia el desarrollo experimentado por el país en este reinado—, y, de otra parte, permitió al Rey entregarse a una extraordinaria labor humanitaria abierta a los dos campos combatientes, lo que le valdría un prestigio insólito a la hora de la paz, borrando la imagen negativa de España provocada por la ferrerada en 1909: el homenaje rendido a los Reyes en Bruselas, en 1922, hizo patente esta feliz realidad. En este mismo año, la famosa expedición a las Hurdes —comarca que resumía todas las viejas lacras de la llamada “España negra”— ilustró la otra preocupación regeneracionista de don Alfonso; y la fundación del Patronato Real de las Hurdes daría continuidad a aquella expedición redentora, sugerida por Gregorio Marañón, que hubo de reconocer en el gesto del Rey “el comienzo de una reconquista del propio suelo descuidado durante siglos y que comienza valerosamente en el propio corazón de la miseria nacional”. Sin embargo, las salpicaduras de la gran conflagración y de sus derivaciones —la Revolución rusa, la eclosión de los nacionalismos—, llegaron a España con las perturbaciones internas de 1917: iniciativas anticonstitucionales del nacionalismo catalán (asamblea barcelonesa de parlamentarios) y huelga revolucionaria de agosto. Aunque Dato, jefe del Gobierno en aquellos momentos, consiguió superar ambos conflictos sin derramamiento de sangre, la llegada de la paz exterior tuvo dos graves contrapartidas en España: por una parte, la radicalización de los nacionalismos insolidarios, en Cataluña y en el País Vasco; por otra, la recesión económica debida al cierre de los mercados exteriores, al reconvertir los países beligerantes su economía de guerra a una economía de paz. Lo cual a su vez agudizó los conflictos sociales, que en Cataluña tomaron el carácter de una “guerra social”, culminante en la huelga de La Canadiense (1919). Aunque la debilidad de los viejos partidos fue paliada por el Rey con la nueva modalidad de los “gobiernos de concentración”, ello sólo permitiría poner de manifiesto la capacidad de estadista del catalán Francisco Cambó. Pero la grave crisis de fondo —que costó la vida, pese a sus notables iniciativas de reforma social, a Eduardo Dato, asesinado por los anarquistas en 1921—, vino a doblarse ahora con el problema de Marruecos, esto es, la necesidad de fijar sólidamente el protectorado reconocido a España mediante el acuerdo hispano-francés de 1912, en función de los acuerdos de la Conferencia Internacional de Algeciras (1906). La imprudencia e imprevisión del comandante general de Melilla, Fernández Silvestre, en su empeño de alcanzar la posición clave de Alhucemas, provocaron (julio de 1921) un desastre de enormes proporciones (Annual), frente a la rebelión del caudillo rifeño Abd el-Krim. La apertura del llamado “expediente Picasso” (por el general que lo instruyó), para fijar las responsabilidades derivadas del Desastre —que el socialista Indalecio Prieto se esforzó en que salpicaran al propio Rey— fue un ingrediente más de la inestabilidad generalizada, reverdeciendo la inquietud de jefes y oficiales —agrupados estos últimos, desde 1917, en las llamadas “juntas de Defensa”—. La llegada al poder de una coalición liberal de amplio espectro, presidida por García Prieto, no resolvió nada, y en septiembre de 1923 se produjo en Barcelona el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que, acogido con entusiasmo por la mayoría del país —incluido, muy significativamente, el sector intelectual animado por Ortega y Gasset desde El Sol—, y ante la impotente pasividad del Gobierno, fue aceptado por el Rey (día 13). Aunque luego se acusaría a don Alfonso de haber sido el auténtico artífice del golpe, las fuentes documentales han desmentido irrefutablemente tal supuesto, que sostuvieron con alardes de escándalo Blasco Ibáñez en Francia y Unamuno en España. La dictadura aportó, de hecho, una pacificación social y un gran éxito exterior, el acuerdo con Francia que, tras el brillante desembarco en Alhucemas, permitió poner fin a la guerra de Marruecos (1927). En una segunda fase (Directorio Civil) llevó a cabo una impresionante labor de modernización de las infraestructuras viarias y un notable impulso a la economía (recogiendo el inicial balance favorable de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial). Pero cometió dos graves errores, enfrentándose con el nacionalismo catalán —supresión de la Mancomunidad—, y con el Arma de Artillería —a la que quiso imponer la llamada “escala abierta”—. Y dilató excesivamente la solución del problema político —una posible reforma constitucional que tardíamente intentó sin éxito mediante la asamblea consultiva convocada en 1927—. Desalentado en 1929 ante las primeras salpicaduras de la crisis de Wall Street, y sintiéndose desasistido por el sector militar, tras una disparatada consulta a sus mandos, el dictador acabó presentando su dimisión al Rey. El fracaso de la dictadura hizo a don Alfonso víctima de dos ofensivas: la de los representantes de la vieja política, resentidos con su presunta “traición” de 1923, y el de los defensores de la dictadura, que no le perdonaron el “cese” de Primo —fallecido en París apenas transcurridos dos meses—. A esa ofensiva se sumaron de forma decisiva los mismos intelectuales que en 1923 habían aplaudido el golpe militar. El intento de reconstruir el viejo orden constitucional, empeño en que fracasó el general Berenguer —que hubo de habérselas con el pronunciamiento republicano de Jaca—, desembocó en un último gobierno de concentración, presidido por el almirante Aznar, que apeló a una consulta electoral cuyo primer tramo (las elecciones municipales el 12 de abril de 1931) se interpretó por republicanos y socialistas —y por el propio presidente del Gobierno— como un referéndum perdido por la Monarquía. Decidido a evitar derramamientos de sangre, Alfonso XIII decidió exiliarse (14 de abril de 1931). De su reinado ha podido decir Laín Entralgo: “El Rey se fue, y con él se hundió la Monarquía de Sagunto [...] Pese a tantos y tan graves contratiempos vividos en su tiempo [...], el progreso de España durante su reinado fue, sin exagerar una tilde, sensacional [...]”, lo fue tanto en el despliegue demográfico como en la notable aproximación al desarrollo económico- social, pero sobre todo en el plano cultural, a través de tres generaciones intelectuales extraordinarias —la del 98, la del 14 y la del 27—, cauce de una “edad de plata”, o —según otros críticos— de una “segunda edad de oro”. El escritor Vilallonga ha trazado una semblanza personal de Alfonso XIII que parece bastante ajustada a lo que fue, como hombre y como rey, don Alfonso XIII: “El Rey de España se hubiera equilibrado con una crítica prudente y tranquilizadora. Era un hombre de una inteligencia razonable, afable, cortés, profundamente recto, prefiriendo de mucho a la lectura y al estudio el galope de un caballo y la caza de un faisán. Como todo hombre de su época nacido en buena posición, era naturalmente y sin esfuerzo un liberal. También era —eso sobre todo— un aristócrata-tipo, descendiente de una raza muy antigua, de un valor desconcertante, demasiado escéptico para no estar desengañado y siempre con un toque de tristeza en su mirada, frecuentemente ausente”. Semblanza que conviene completar con la que dedicó a don Alfonso en su libro Figuras contemporáneas, Winston Churchill: “Se sintió [...] el eje fuerte e indiscutible en torno al cual giraba la vida española [...] es [...] como estadista y gobernante, y no como monarca constitucional siguiendo comúnmente el consejo de sus ministros, como él desearía ser juzgado, y como la Historia habrá de juzgarle [...]”. En el exilio, centrado primero en Francia, y repartido luego entre Roma y Lausanne (la Reina, por su parte, acabó por marchar a Londres: se había llegado a un acuerdo de separación informal entre los regios cónyuges), Alfonso XIII hubo de reordenar la sucesión al trono, mediante la renuncia de sus hijos Alfonso y Jaime a favor de don Juan —que había ultimado su carrera de marino en la Escuela Naval británica (1934)—. Aquéllos contrajeron matrimonios morganáticos —don Alfonso con Edelmira Sampedro, y don Jaime con doña Enmanuela Dampierre. Don Juan casaría, a su vez con doña María de las Mercedes de Orleáns-Borbón—. Apoyó, al estallar la guerra civil, al sector llamado nacional, dado que la revolución proletaria, desencadenada ya desde la llegada del Frente popular al poder, apuntó esencialmente sus tiros contra la Monarquía y contra la Iglesia. Pero cuando, terminado el conflicto, se vio rechazado por los franquistas, dado el carácter liberal que había tenido su reinado, y por el hecho de que su declarada aspiración, si volvía al trono, era lograr “la reconciliación de las dos Españas” decidió abdicar sus derechos en su hijo don Juan, de quien esperaba que un día llegase a reinar sobre “todos los españoles”. Un mes más tarde (28 de febrero de 1941) fallecía en un Hotel de Roma. Se había reconciliado con la reina Victoria, que le asistió en sus últimos días. Enterrado en la iglesia romana de Montserrat, sus restos no volverían a España hasta 1980, reinando su nieto don Juan Carlos. Bibl.: L. Antón de Olmet y A. García Carraffa, Alfonso XIII, Madrid, Imprenta de Alrededor del Mundo, 1913- 1914, 2 vols.; C. de Romanones, Notas de una vida (1868- 1901), Madrid, Imprenta Renacimiento, 1928; G. Maura, Bosquejo histórico de la Dictadura, Madrid, Tipografía de Archivos, 1930; M. 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| Alfonso XIII y Reina Victoria Eugenia |
Anexo
José Fernández Montaña, más conocido como Padre Montaña (Miudes, Asturias, 1842 – Madrid, 1936), fue un sacerdote español, jurista, lingüista, historiador y confesor de la reina María Cristina.
Biografía.
De origen humilde, inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Oviedo y los terminó en el Seminario de El Escorial. Recibió el orden sacerdotal como presbítero secular en la iglesia de la Virgen de Gracia, parroquia de San Lorenzo de El Escorial.
Fue nombrado Bibliotecario del Real Monasterio escurialense, cesó por motivos políticos. Más concretamente por negarse a jurar la Constitución de 1869, la cual admitía todos los cultos, no declarando la Religión Católica como oficial de España. Finalizó la carrera de Derecho en Madrid, donde estudió simultáneamente Historia y varias filologías. En 1872 entró en la Real Academia de la Historia. En aquel tiempo entabló relaciones con el duque de Montpensier y se le confió la educación del infante don Antonio, hermano de la futura reina Mercedes, al que acompañaría en numerosos viajes. Llamado más tarde por el cardenal Moreno se trasladó a Toledo y desde 1878 fue secretario particular del arzobispo de Toledo. En 1881 entró en polémicas por unos incidentes que hubo en Roma con motivo de la traslación de los restos de Pío IX.
Tras la Restauración borbónica y terminar sus estudios jurídicos, fue nombrado en 1880 canónigo de la Catedral de Toledo, dado que la actual archidiócesis de Madrid en el siglo XIX pertenecía a Toledo. Posteriormente, y gracias a hablar alemán llegó a ser confesor de la reina María Cristina, regente de España de origen austriaco. Tal condición de cercanía a la Casa Real española le llevó a desempeñar el encargo de profesor particular de Alfonso XIII, a pesar de que su padre perteneció al bando de los carlistas. En 1891 fue por un año ministro de Justicia.
Finalmente desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX fue magistrado del Tribunal de la Rota en Madrid. De ese Tribunal Eclesiástico fue su Presidente durante más de diez años. Se le quiso consagrar como obispo, pero nunca aceptó. Fue segundo deán de la catedral de San Isidro y el Museo de la Almudena conserva una pieza excepcional de su biblioteca, un manuscrito hebreo del Libro de Ester de origen incierto, aunque una reciente edición facsímil estima que procede de Italia y es de fines del siglo XVI.
Fue apartado de sus funciones en palacio a consecuencia de un artículo que publicó en 1900 en El Siglo Futuro atacando el liberalismo y a José Canalejas. De 1896 a ese 1900 había sido maestro de Alfonso XIII, según consta en su expediente del Archivo General de Palacio, en la sección Personal de Empleados, caja 16904-exp. 25.
Desde la década de 1880 y a lo largo de más de cincuenta años, Fernández Montaña escribiría artículos para El Siglo Futuro, órgano del Partido Integrista y, a partir de 1931, de la Comunión Tradicionalista, haciendo popular su pseudónimo «J. Oros». En sus artículos, llegó a definir como «satanismo» a la doctrina liberal.
Conocimientos y discusiones científicas
Erudito y políglota dominaba sirio, árabe, hebreo, griego, latín, caldeo, arameo, inglés, alemán, italiano, francés y ruso, además, claro, de su lengua vernácula el español. Tal facilidad para los idiomas extranjeros le permitió mantenerse en contacto con la intelectualidad europea de la época y con sus inquietudes científicas, manteniendo discusiones sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin, de la cual era un fuerte detractor, por sus profundas convicciones católicas. Consideraba imposible la evolución de las especies animales, teniendo por cierto el creacionismo bíblico.
Como historiador se especializó en defender el reinado de Felipe II de España intentando acabar, o al menos desmitificar, su leyenda negra. También defendió en varias de sus obras los tribunales del Santo Oficio o Inquisición, dando un pormenorizado estudio de sus sentencias y ejecuciones dictadas. Fue benefactor de San Lorenzo de El Escorial, de hecho la actual parroquia de San Lorenzo Mártir, construida en los años 1940 se levanta sobre unos terrenos dados en testamento por el Padre Montaña.
Asesinato.
Un mes después de estallar la Guerra Civil Española fue apresado. En el diario Milicia popular del 26 de agosto de 1936 se publicaba la siguiente nota:
También se ha detenido al decano del tribunal de la Rota, José Fernández Montaña, que fué confesor de la madre del ex rey. En su domicilio se encontraron municiones y 50.000 pesetas en alhajas y metálico.
Sería asesinado ese mismo verano en Madrid, a los 94 años de edad.
Sanchíz Castillo, José. Gandía (Valencia), 1.XII.1827 – Madrid, 24.I.1901. Caballero de la Orden de Montesa, general de Artillería, preceptor y jefe de estudios de don Alfonso XIII.
Hijo de Joaquín Sanchíz y Berenguer de Morales, capitán de fragata de la Real Armada, y de Joaquina Castillo y Fernández Oliva, era miembro de una familia hidalga de antigua raigambre en la ciudad de Játiva. Desde fechas muy tempranas entró en el Ejército, siguiendo una notable carrera que pronto fue premiada por la Corona. Fue general de división en el arma de Artillería, gentilhombre de la reina Isabel II, y tras la restauración de la Monarquía en 1875, acompañó como ayudante de campo a don Alfonso XII en la campaña del norte.
Fiel a la Monarquía, pronto se hizo un lugar destacado en la corte, hecho que supuso el notable ascenso social de su familia. Casó el 24 de marzo de 1866 con María Milagro Quesada y de la Vera, III marquesa de Casa Saltillo, fue caballero de la Orden de Montesa, de la que fue clavero mayor, y caballero Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. Persona de la confianza de la reina regente doña María Cristina de Habsburgo, y avalado por su buen trabajo en el educación del conde de Eu y del duque de Alençon —nietos del rey Luis Felipe I de Francia que entraron en las filas del ejército español—, en 1893 la soberana le solicitó que se hiciese cargo de la jefatura de estudios del rey niño don Alfonso XIII, cargo que asumió el 1 de noviembre de 1893 y desde el que fue no solamente el director de la formación del monarca sino también profesor de éste en algunas materias. Viudo desde 1888, falleció de un ataque al corazón en sus habitaciones del Palacio Real de Madrid el 24 de enero de 1901, estando todavía en activo en su cargo palatino.
Bibl.: A. Martín Alonso, Diez y seis años de regencia (1885-1902), Barcelona, Vda. De Luis Tasso, 1914; J.L. Castillo-Puche, (comp.), Diario íntimo de Alfonso XIII, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999; R. Mateos Sáinz de Medrano, La reina María Cristina. Madre de Alfonso XIII y regente de España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007.
Santamaría de Paredes, Vicente. Conde de Santamaría de Paredes (I). Madrid, 17.V.1853 – 26.I.1924. Jurista, estudioso de los problemas sociales, y político liberal.
Huérfano de padres a muy corta edad, dedicó al estudio todos los esfuerzos de su juventud. Obtuvo el título de profesor mercantil a los dieciséis años y, cuatro más tarde, el de doctor en Derecho, con Premio Extraordinario, por la Universidad de Madrid, que consiguió en competencia con Joaquín Costa, a quien también se impuso, poco después, en las oposiciones a profesor auxiliar de la misma Universidad. Cuando aún no había cumplido los veintitrés años, en 1876, ganó la Cátedra de Derecho Político y Administrativo de la Universidad de Valencia. En 1883, se trasladó a la Facultad de Derecho de la Universidad Central, de la que fue decano y donde enseñó casi hasta el final de su vida. En 1880-1881 publicó en Valencia su Curso de Derecho Político, según la filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente, que tuvo numerosas ediciones y se convirtió en uno de los manuales de Derecho Político más utilizado en su época. El Curso de Derecho Administrativo según principios generales y la legislación actual de España, que publicó en Madrid en 1885, también fue objeto de diversas ediciones. En 1901 fue nombrado por la reina María Cristina preceptor en Derecho y Ciencias Sociales de Alfonso XIII, tarea que desempeñó durante varios años.
Recibió la influencia krausista preponderante en la Universidad madrileña durante los años revolucionarios (1868-1874) en los que se formó J. J. Gil Cremades le considera un “hombre marginal” de la cuarta “hornada” krausista, de la que formaron parte destacada Joaquín Costa y Leopoldo Alas. Participó inicialmente de la visión organicista de la sociedad propia del krausismo pero evolucionó en sentido individualista, buscando —como él mismo escribió— “la armonía social desde el individuo”. Según J. J. Gil Cremades, “en su etapa final, frente a Adolfo Posada [...], Santamaría esbozará una dirección que, en cierto modo, conduce al formalismo jurídico posterior”. En los prólogos que escribió tanto al Curso de Derecho Político como al de Administrativo, Eduardo Pérez Pujol destacó la unidad de ambos tratados que formaban un “conjunto armónico”; según el también catedrático de la Universidad de Valencia, las obras de Santamaría de Paredes, escritas con el mayor rigor científico, suponían una importante novedad en la época.
El derecho político dejaba de limitarse a cuestiones formales, como era lo habitual, para ocuparse de los fines, medios y actividad del Estado. El fin primordial del Estado era “definir y asegurar el Derecho” pero, además, tenía “funciones tutelares” respecto a materias que la sociedad no podía resolver por carecer todavía de una organización adecuada. Entre las principales innovaciones del Curso, destacaba el concepto de “poder moderador”, o cuarto poder, que Santamaría desarrollaba a partir de las doctrinas de Gumersindo de Azcárate, y que justificaba los atributos esenciales de la Monarquía. El derecho administrativo, por otra parte, era considerado como una rama del derecho político —en lugar de algo independiente del mismo—, “referente a la organización, funciones y procedimientos del Poder Ejecutivo, según la Constitución, para el cumplimiento de la misión del Estado en la vida”.
El nombre de Santamaría de Paredes está unido a la Ley sobre ejercicio de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa de 13 de septiembre de 1888, una ley de larga vigencia, ya que estuvo en vigor hasta 1956. Santamaría de Paredes formó parte de la Comisión del Congreso de los Diputados que dictaminó el proyecto presentado por el gobierno Sagasta, y fue considerado el verdadero inspirador de la misma. En la defensa que hizo en el Congreso del dictamen de la Comisión, el 14 de diciembre de 1887, expuso con gran claridad y sentido pedagógico los tres principales aspectos del mismo: 1) la definición de la materia contencioso-administrativa como los actos de la Administración Pública que están regulados por leyes, reglamentos u otros preceptos administrativos; es decir la actividad reglada, no discrecional, de la Administración siempre que actúa como poder del Estado y no como mera persona jurídica; 2) la organización de los tribunales contencioso-administrativos, cuestión en la que frente a posiciones extremas y opuestas, de carácter administrativo o judicial —que propugnaban que los tribunales fueran bien un mero órgano de la administración o bien una pura extensión de la justicia ordinaria—, y en contra del proyecto gubernamental —mas bien favorable a las tesis judiciales—, propuso la creación de tribunales especiales independientes, compuestos a partes iguales por miembros del Consejo de Estado y por magistrados del Tribunal Supremo; una solución que, a su juicio, no sólo podía contentar a todos los partidos sino que era “una solución científica que responde al estado de la legislación y de la opinión en Europa”; y 3) el procedimiento contencioso administrativo. Aquel dictamen, sin embargo, sufrió importantes modificaciones durante su tramitación parlamentaria, que alteraron sustancialmente el carácter ecléctico y armónico del mismo, aproximándolo a las tesis administrativistas defendidas por el partido conservador.
Así, los consejeros de Estado terminaron predominando sobre los magistrados del Supremo en los tribunales contencioso-administrativos y, respecto al procedimiento, se introdujo la posibilidad de suspender la ejecución de las sentencias y se recuperó el recurso extraordinario de revisión. Como ha señalado Luis Martín Rebollo, Santamaría de Paredes se negó a firmar el Acta de la Comisión Mixta Congreso- Senado que fijó definitivamente la Ley.
Al mismo tiempo que su labor docente y jurídica, Santamaría de Paredes realizó numerosos estudios sobre cuestiones sociales de actualidad. Pensaba que si el “problema político” había sido “el fundamental y principalísimo del siglo XIX”, el “problema social” —del que “la lucha entre el capital y el trabajo” era el aspecto más grave— era el que “ha de aspirar a resolver el siglo XX”. Entre sus estudios destacan, La defensa del derecho de propiedad y sus relaciones con el trabajo, que ganó el concurso extraordinario convocado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1872; El movimiento obrero contemporáneo, que fue su discurso de ingreso en la citada Academia; El concepto de organismo social; Sentido general en que debe llevarse a cabo la reforma de la enseñanza en España; El concepto de sociedad, que fue su discurso en la inauguración del curso 1901-1902, de la Universidad Central; y el Discurso pronunciado en el Senado [...] sobre el proyecto de ley relativo a los niños y adolescentes dedicados a la mendicidad o abandonados por sus padres. Le fueron encargados diversos dictámenes como el relativo al conflicto obrero-patronal de Gijón, de 1910 y, fuera de España, sobre la cuestión de los límites entre las repúblicas de Perú y del Ecuador (1907).
Además de formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1903 fue elegido miembro de la Real Academia de la Historia, aunque no llegó a leer su discurso de ingreso ni a incorporarse a la Institución. Miembro de la Comisión de Reformas Sociales, en cuyos debates intervino en numerosas ocasiones, siendo ponente en destacados proyectos como los relativos al descanso dominical y al trabajo de la mujer. Fue vicepresidente del Consejo directivo del Instituto de Reformas Sociales y formó parte, desde su constitución en 1907, de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, aunque nada tuvo que ver con la Institución Libre de Enseñanza, verdadera inspiradora, como se sabe, de aquel proyecto. Perteneció también al Instituto Internacional de Sociología y fue vocal del Consejo Superior de Protección a la Infancia.
Su preocupación por —y competencia en— las cuestiones sociales se hicieron patentes en su participación en la vida política, que realizó dentro del Partido Liberal. En 1886 fue elegido diputado por primera vez, por Motilla del Palancar (Cuenca), distrito que volvió a representar en 1898. En 1893 obtuvo el acta de Cuenca, y en 1901, fue elegido senador por la misma provincia. En 1903 fue nombrado senador vitalicio; y director general de Instrucción Pública, vocal secretario de la Junta de reformas administrativas de Ultramar, consejero y presidente del Consejo de Instrucción Pública, y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno Moret, de 1 de diciembre de 1905 a 10 de junio de 1906. En aquellos años iniciales del reinado de Alfonso XIII, tras la muerte de Sagasta en 1903, el Partido Liberal se encontraba inmerso en una dura lucha por el liderazgo, que se disputaban principalmente los grupos encabezados por Eugenio Montero Ríos, Segismundo Moret, y José Canalejas Méndez. Santamaría de Paredes apenas estuvo implicado en la lucha partidista.
Cuando Moret presentó a los miembros de su gobierno ante el Congreso de los diputados se refirió a Santamaría de Paredes como “catedrático distinguidísimo, escritor, pensador de altos vuelos y de móviles generosos”, y la oposición estuvo de acuerdo en considerar que tenía “una brillantísima carrera científica y técnica [...], méritos sobrados para desempeñar un Ministerio”, pero que apenas tenía historia política y no se sabía cuál era su significación dentro del banco ministerial.
Durante su breve paso por el Ministerio, presentó un proyecto de ley sobre Organización de las Universidades del Reino, que reproducía el proyecto llamado de “autonomía universitaria” presentado por otro gobierno liberal en 1901, debatido y reformado por las Cortes, pero que no había llegado a entrar en vigor al no ser votado definitivamente por el Senado. Santamaría de Paredes expuso sus principales ideas sobre los problemas de la enseñanza en España con motivo de la discusión en el Senado de los presupuestos para el año 1906. Estos problemas se referían principalmente a tres cuestiones relativas a la legislación, el carácter de la enseñanza, y la política económica. En primer lugar, deploró “este tejer y destejer de la legislación en materia de enseñanza que ha venido a producir un verdadero caos”. En segundo lugar y en cuanto al carácter de la enseñanza, afirmaba que su finalidad propia “se reduce sencillamente a enseñar bien”, para lo que era preciso “instruir y educar”; con la instrucción se trataba de satisfacer la necesidad de proporcionar una competencia técnica que permitiera el acceso a un puesto de trabajo; pero no bastaba con eso, además era preciso “educar”, es decir, “hacer hombres, hombres y hombres”, una “aspiración que se advierte en todas partes, algo como grito que resuena en todos los ámbitos de la Europa moderna”; esta educación abarcaba las esferas física, intelectual y moral, porque educar, decía, no era sólo enseñar urbanidad y la cortesía —que buena falta hacía en España—, sino “desenvolver las aptitudes, facilitar el libre juego de las facultades del alma [...], fortificar los sentimientos del corazón, y sobre todo fortalecer la voluntad, formar caracteres”, porque lo que más necesitaba el país era “crear hombres de firmeza, de carácter y recta conciencia, sobre todo de perseverancia en el cumplimiento de sus deberes, para que atiendan las obligaciones que tienen con sus semejantes”; y en tercer y último lugar, con relación a la política económica, manifestaba la necesidad de dedicar la mayor parte de los medios disponibles al pago regular de los maestros —y al aumento de los mismos— así como a la construcción de nuevas escuelas primarias y a la mejora de las existentes —que habían sido calificadas por el gobernador civil de Madrid, Ruiz Jiménez, como “matadero de niños y adolescentes”—.
Con todo, sus prioridades declaradas eran la reforma de las Escuelas Normales y una ley de Inspección de la Enseñanza.
Pero no tuvo oportunidad de poner en práctica nada de aquello. Aquel primer gobierno Moret superó el escollo de la aprobación parlamentaria de la Ley de Jurisdicciones —que sometía al control del Ejército los delitos “contra el Ejército y contra la patria”— pero sufrió su primera crisis a raíz del atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, en la calle Mayor de Madrid. Moret quiso sustituir al ministro de la Gobernación, el conde de Romanones, a quien hizo responsable de la imprevisión policial, y planteó en el Consejo de Ministros su propósito de solicitar del Rey el decreto de disolución de Cortes. En el fondo, lo que pretendía era fabricarse una mayoría propia en el Parlamento y afianzar su liderazgo en el partido.
Según Carlos Seco Serrano, “Santamaría de Paredes y García Prieto, se manifestaron en contra del presidente, al que presentaron su dimisión”. El 10 de junio quedó constituido un nuevo gobierno en el que Alejandro San Martín sustituyó a Santamaría al frente del Ministerio de Instrucción. Fue un gobierno efímero, de menos de un mes de duración, ya que el Rey se negó a entregar a Moret el decreto solicitado y a secundar su proyecto de reforma constitucional.
Tras su paso por el Ministerio, Santamaría de Paredes disminuyó considerablemente su actividad política.
Sólo intervino en el Senado, a partir de entonces, en un gran debate, el del proyecto de Ley de Administración Local del gobierno Maura, en la legislatura de 1908-1909. Fue nombrado miembro del Consejo de Estado durante el bienio 1914-1916 y su presidente entre junio de 1917 y enero de 1919. En 1920 le fue concedido el título de conde de Santamaría de Paredes. Estuvo casado con Isabel de Rojas y Belda y tuvo dos hijas y dos hijos.
Obras de ~: Principios del Derecho Penal con aplicación al Código español, Madrid, P. Núñez, 1871; La defensa del derecho de propiedad y sus relaciones con el trabajo, Madrid, Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1874; Curso de Derecho Político, según la filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente, Valencia, Ferrer de Orga, 1880- 1881; Curso de Derecho Administrativo según principios generales y la legislación actual de España, Madrid, Ricardo Fe, 1885; El movimiento obrero contemporáneo. Discursos leídos en la Real Academia de Ciencias Morales y políticas en la recepción pública de ~, Madrid, Ricardo Fé, 1893; El concepto de organismo social, Madrid, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1896; Informe dirigido al [...] ministro de la Gobernación acerca de un proyecto de ley sobre los niños habitualmente dedicados a la mendicidad o abandonados por sus padres, 1899; Sentido general en que debe llevarse a cabo la reforma de la enseñanza en España, Madrid, Asilo de Huérfanos, 1900; Discurso leído en la Universidad central en la solemne inauguración del curso 1901 a 1902, Madrid, Colonial, 1901; Discurso pronunciado en el Senado [...] sobre el proyecto de ley relativo a los niños y adolescentes dedicados a la mendicidad o abandonados por sus padres, Madrid, Hijos de J.A. García, 1903; Estudio de la cuestión de límites entre la repúblicas de Perú y del Ecuador, Madrid, M. G. Hernández, 1907; Informe acerca del conflicto obrero-patronal de Gijón, Madrid, Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1910.
Bibl.: J. J. Gil Cremades, El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo, Barcelona, Ariel, 1969; L. Martín Rebollo, El proceso de elaboración de la ley de lo contencioso-administrativo de 13 de septiembre de 1888, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1975; Marqués de Siete Iglesias, “Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos. Noticias sacadas de su archivo”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CLXXVIII, cuad. I (enero-abril de 1981), pág. 85; C. Seco Serrano, La España de Alfonso XIII. El Estado y la política (1902-1931). Vol. I: De los comienzos del reinado a los problemas de la posguerra, 1902- 1922, en J. M.ª Jover Zamora (dir.), Historia de España de Menéndez Pidal, vol. XXVIII/I, Madrid, Espasa Calpe, 1996; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Editorial Actas, 1998, págs. 814-817; L. Aguiar de Luque y J. M. Saudinós, “El gobierno de los liberales: 3. La obra legislativa. El perfeccionamiento formal del Estado liberal y democrático”, en M. Espadas Burgos, La época de la Restauración (1875-1902). Vol. I: Estado, Política e Islas de Ultramar, en J. M.ª Jover Zamora (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, vol. XXXVI/I, Madrid, Espasa Calpe, 2000, págs. 371-417.
Historia de los Condes de Santamaría de Paredes
Vicente Santamaría de Paredes, I conde de Santamaría de Paredes.
Casó con Isabel Rojas y Belda. Le sucedió, en 1929, su hijo:
Vicente Santamaría de Paredes y Rojas (f. en 1961), II conde de Santamaría de Paredes. Mayordomo de semana del Rey Alfonso XIII.
Casó con María Conradi y Benito. Le sucedió, en 1962, su hijo:
Vicente Santamaría de Paredes y Conradi († en 2009), III conde de Santamaría de Paredes.
Casó con Mercedes Castillo Moreno. Le sucedió, en 2010, su hijo:
Vicente Santamaría de Paredes y Castillo, IV conde de Santamaría de Paredes.
Casó con María de los Ángeles Fernández-Durán y Roca de Togores, marquesa de Perales del Río. Le sucede el hijo de ambos:
Vicente Santamaría de Paredes y Fernández-Durán (n. en 1989), V conde de Santamaría de Paredes.
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