  Exlibris #184 Alejandro Lerroux Cataleg d’exlibris #463 Colección de caricaturas de políticos publicadas como postales Exlibris de Alejandro Lerroux, realizado por Llorenç Brunet en 1903 Un enorme perro fiero sujeto con un bozal con la inscripción “inteligencia”, con 2 collares y rodeado de cadenas no puede alcanzar un trozo de quijada con dientes que cuelga de un gancho al lado de la inscripción “BARCELONA”, lleva enormes campanas, en una de ellas la inscripción “revolución”, de las cuales cuelga como badajo la corona real. en la parte trasera y delimitando un cuadrado se encuentran, una corona un sombrero cordobés con una banderilla, un gorro militar y un sombrero de la revolución francesa. Un detalle floral con 2 edelweis |
El paralelismo entre Sánchez y Lerroux. 30 ene 2025 Fernando Ramos Un libro fundamental, hoy difícilmente encontrable, para comprender los avatares de la II República y la guerra civil, es la obra del embajador de los Estados Unidos en nuestro país en aquel tiempo Claude G. Bowers, titulado “Misión en España. En el umbral de la II Guerra Mundial”. Es un libro preciso, documentado, muy bien escrito, lo que hace especialmente grata su lectura. La versión que poseo fue publicada por Grijalbo en México en 1955 y tuve la suerte de encontrarlo Como dice Bowers es un conflicto entre los escrúpulos y la ambición, aunque para ello haya que pactar con quien se proclamaba, como en el caso de Sánchez, línea roja infranqueable que, una vez traspasada, nutre y sostiene su propia estancia en la presidencia del Gobierno Refleja muy bien el clima de ilusiones y frustraciones en que se desarrolló la República, pero es especialmente interesante el retrato que hace de los diversos personajes del momento, donde cada uno queda perfectamente definido de modo objetivo y clarificador. A efectos del asunto que ahora nos ocupa, resulta especialmente curioso la forma en que describe la personalidad de Alejandro Lerroux, del Partido Radical, al que pinta como un sujeto maniobrero, de pocos escrúpulos en política, tras su curiosa evolución desde el extremismo anticlerical tan definido por sus afirmaciones sobre elevar a las novicias a la categoría de madres, al conservadurismo más radical. Obviamente, salvadas las distancias ideológicas, las maneras de Lerroux de lograr sus objetivos del modo que fuere, mediante alianzas o maniobras, con frecuencia al borde de la Constitución, coinciden curiosamente con las propias mañas del actual presidente del Gobierno, el doctor Pedro Sánchez, tan repetidamente experimentada, y sostenida por eso que este hombre que presume de principios, pero que se justifica porque cuando los abandona es que simplemente ha cambiado de opinión. Esto como la memorable frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros”. Como dice Bowers es un conflicto entre los escrúpulos y la ambición, aunque para ello haya que pactar con quien se proclamaba, como en el caso de Sánchez, línea roja infranqueable que, una vez traspasada, nutre y sostiene su propia estancia en la presidencia del Gobierno. La versatilidad de Sánchez es proverbial: unas horas después de anunciar que presentará de nuevo el decreto ómnibus resulta que quería decir que lo iba a trocear. Porque dispone de un buen equipo de escribidores de discursos, tiene Sánchez como Lerroux unos trucos retóricos evidentes, de modo que pretende que se reinterpreten sus palabras; o sea, que cuando decía que estaba en contra de que un político indulte a otro, o que lo de Cataluña de 2017 fue en toda regla un delito de “rebelión”, o que nunca llegaría a la Moncloa por pactar con ERC, o que la amnistía era imposible por no caber en la Constitución, quería decir justamente lo contrario. Y ese era uno de los trucos de Lerroux también, a quien Bowers califica de “pintoresca y vivida figura”. Dice el que fuera embajador de los Estados Unidos que Lerroux estaba interesado en el poder y el favoritismo, hasta el extremo de sostener que “La Constitución no significa nada entre amigos”. O sea, que puede estirarse o encogerse como convenga, como acabamos de ver y seguimos viendo en nuestro presente con aquella amnistía que no cabría en la Constitución, hasta que el fugado Puigdemont, que Sánchez se comprometiera a traer ante el juez, se plegara a su exigencia, a cambio de los siete famosos votos, imprescindibles para seguir en la Moncloa, como cada día se hace evidente. Bowers, observador preciso, subraya el cinismo de Lerroux, que inevitablemente avoca a otras formas parecidas. Cuando Lerroux perdía una votación, decía que aquel resultado adverso se debía a que el pueblo había perdido la confianza en las Cortes. Y si por ese modo no lograba imponer sus objetivos, buscaba otro. ¿Les suena? Por cierto, que Lerroux, cuya caída tuvo que ver con el escándalo de su tiempo del llamado “estraperlo”, es el gran antecedente, luego ampliamente repetido de la corrupción en España. Era una ruleta que ocultaba un dispositivo eléctrico que permitía su manipulación y pingües beneficios para la banca de los casinos de San Sebastián y en Baleares, cuyos empresarios, que aseguraban haber donado grandes cantidades de dinero a miembros del Gobierno a modo de sobornos, exigieron una indemnización e iniciaron una campaña de desprestigio y acoso que salpicó a Alejandro Lerroux. Curioso personaje, escapado a Portugal en la Guerra Civil, desde donde expresó su adhesión a Franco, como otros radicales. |
Historia  Alejandro Lerroux, el equilibrista radical manchado por la corrupción. Fundador del Partido Republicano Radical, Lerroux fue Presidente del Gobierno en tres ocasiones durante el bienio radical-cedista, pero su viraje hacia la derecha y el estallido de los casos de corrupción en los que estaba implicado acabaron con su carrera política Fue el rostro del centro político de la II República, un funambulista que intentó por todos los medios, hasta que los casos de corrupción destruyeron su carrera, encauzar la arquitectura de la España posterior a Alfonso XIII por la vía de la moderación frente a la creciente polarización del debate político. Nacido en la localidad cordobesa de La Rambla en 1864, Alejandro Lerroux se graduó en Derecho, pero su vocación era el periodismo y a él se dedicó en cuerpo y alma como director de los diarios El País, El Progreso y El Radical. Fue acusado por sus detractores de contribuir con sus artículos a la inestabilidad política crónica reinante en Cataluña, donde residió durante muchos años y se convirtió en el peor enemigo del nacionalismo y en el más firme opositor del catalanismo más radical. Su implicación en política fue in crescendo con el paso de los años, y desde muy joven comenzó una intensa actividad en este ámbito como militante de partidos como Unión Republicana, con el que logró por primera vez un escaño de diputado en 1901, o el Partido Republicano Radical, del que él mismo fue fundador y cuyo propósito principal no era otro que contrarrestar el auge de las formaciones políticas nacionalistas en Cataluña. Exiliado durante la dictadura. Lerroux era profundamente anticlerical, postura que propició la activa participación de su partido, y del propio Alejandro, en los sucesos de la Semana Trágica de 1909. Todo ello, sumado a su enconada defensa del republicanismo, acabó empujándolo temporalmente al exilio, y jugó un papel muy secundario durante los años de la dictadura de Primo de Rivera. Pero con la proclamación de la II República en abril de 1931 volvió con fuerza a la primera línea de la política nacional, asumiendo un papel protagonista en la formación del nuevo régimen. Poco a poco sus ideas más radicales fueron moderándose y, tras la quema de conventos de 1931, abandonó definitivamente su militante anticlericalismo. Cambio de rumbo. Al posicionar a su partido en el centro político, pudo oscilar siempre entre los dos extremos formando parte de gobiernos tanto de izquierdas como de derechas, si bien sus crecientes desencuentros con Manuel Azaña fueron empujándolo más y más a la derecha. En las elecciones de 1933, muy exitosas para el PRR, decidió formar coalición con el partido más votado, la CEDA de Gil Robles. Así, Lerroux ocupó la presidencia del Gobierno hasta en tres ocasiones entre 1933 y 1935. Pero el conflicto cada vez más encarnizado con las fuerzas de izquierda, que llevaron al país a una situación de desgobierno, fueron desgastando paulatinamente al PRR y, paralelamente, a la coalición de Gobierno. La implicación de Lerroux en dos sonados casos de corrupción, el escándalo del estraperlo –fraude con las ruletas del Casino de San Sebastián del que fueron cómplices varios miembros del partido– y el escándalo Nombela, terminaron por arruinar su carrera política. Lerroux se vio forzado a dimitir de su cargo de presidente en septiembre de 1935 y poco después fue definitivamente expulsado del Gobierno. Finalmente, Lerroux, coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil, emprendió el camino del exilio en dirección a Portugal. Once años después, pudo regresar a España para pasar sus últimos meses de vida. Falleció en Madrid el 27 de junio de 1949. El asunto Nombela. Aún fresca la vergüenza del escándalo del estraperlo, pocos días después de su salida del gobierno, Lerroux se vio envuelto en un segundo y clamoroso caso de corrupción. Antonio Nombela, funcionario de colonias, acusó a destacados dirigentes del Partido Republicano Radical de haber cometido un fraude en la gestión de un expediente en virtud del cual se proporcionaba una suculenta e injustificada indemnización a la Compañía de África Occidental, adjudicataria del contrato para la construcción de las infraestructuras que conectaban por barco las colonias de Guinea Ecuatorial y Fernando Poo. Nombela se negó a cumplir las órdenes y a pagar la indemnización y acudió a denunciar, sin demasiado éxito, el hecho ante el propio Gil-Robles. Finalmente recurrió a las Cortes, que dieron luz verde a una comisión de investigación que certificó la gravedad de las acusaciones. Aunque fue exculpado en la votación, Lerroux estaba implicado en primera persona en el escándalo. El caso supuso la ruptura de la coalición entre la CEDA y el PRR. |
El escándalo Nombela o asunto Nombela fue un caso de corrupción de gran impacto político que se produjo en España a finales de 1934 durante el segundo bienio de la Segunda República Española y en el que se vieron envueltos destacados miembros del Partido Republicano Radical y su líder Alejandro Lerroux, que en aquellos momentos era uno de los partidos que integraban el gobierno junto con la CEDA de José María Gil Robles, y que se sumó al "escándalo del estraperlo" que también había afectado a los radicales. Se denomina "escándalo" o "asunto Nombela" por el nombre del funcionario que lo denunció (Antonio Nombela). El caso Pocos días después de que se resolviera el "escándalo del estraperlo" con la salida de Alejandro Lerroux del gobierno de coalición radical-cedista presidido por Joaquín Chapaprieta, estalló en noviembre de 1935 un segundo escándalo que también afectó al Partido Republicano Radical. El funcionario de colonias Antonio Nombela acusó a varios dirigentes del partido de Lerroux, y especialmente al subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Moreno Calvo, de haber resuelto de forma fraudulenta un expediente por el que se indemnizaba a la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario catalán Antonio Tayá que había conseguido un contrato público para conectar por barco la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón, que había sido cancelado en 1929 por la pérdida de dos buques en la colonia española de Guinea Ecuatorial. El gobierno presidido por Alejandro Lerroux había aprobado la indemnización el 12 de julio y cuando Nombela se negó a pagarla y se dirigió a algunos miembros del gobierno para denunciar el caso, concretamente a los ministros de la CEDA, José María Gil Robles y Luis Lucia, el gobierno lo cesó, el día 26 de julio. Entonces Nombela llevó el asunto a las Cortes, donde se formó una comisión de investigación. A diferencia del "escándalo de estraperlo", Alejandro Lerroux estaba directamente implicado porque como presidente del gobierno había firmado el expediente. Cuando se produjo el debate parlamentario Alejandro Lerroux no fue capaz de dar unas explicaciones convincentes sobre las acusaciones de corrupción, aunque en la votación fue exculpado. Este segundo escándalo que afectó al Partido Republicano Radical lo hundió políticamente y aceleró su disgregación, lo que fue aprovechado por el líder de la CEDA José María Gil Robles para poner fin al apoyo al gobierno de coalición con los radicales presidido por Chapaprieta y exigir al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora que lo propusiera a las Cortes como nuevo jefe del gobierno. Pero Alcalá Zamora se negó a que ocupara el poder un partido que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un político de su confianza, el liberal Portela Valladares. Pero el gobierno de Portela que se constituyó el 15 de diciembre de 1935, formado por republicanos de centro-derecha y que dejaba fuera a la CEDA, no obtuvo la confianza de las Cortes, por lo que Alcalá Zamora decidió disolver las Cortes el 7 de enero de 1936 y convocar nuevas elecciones para febrero, que serían ganadas por la coalición de izquierdas llamada Frente Popular. |
Lerroux y el fracaso del centro en la Segunda República Una apuesta sin consenso Alejandro Lerroux es una de las figuras más controvertidas de la política española contemporánea. En uno de los inabarcables episodios de su vida, intentó atraerse a la derecha Francisco Martínez Hoyos 28/06/2024 Hoy en día en España, la palabra “Caudillo” es sinónimo de Franco. Sin embargo, antes de la Guerra Civil este apelativo se aplicaba a Alejandro Lerroux (1864-1949), el jefe incombustible del Partido Radical. Como la actual democracia española, la Segunda República también tuvo que plantearse cómo afrontar el desafío de las fuerzas de derechas e izquierdas que cuestionaban la validez de lo que se dominaba, entonces y ahora, “el régimen”. En el caso de los conservadores, el mayor problema venía de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), una coalición de dudosa lealtad a las instituciones, que parecía simpatizar peligrosamente con el fascismo. Lerroux, líder del Partido Radical y presidente del gobierno, quiso pactar con los de Gil Robles para incorporarlos al bloque republicano. Entendía que ese era el camino para ampliar la base social del sistema. Alejandro Lerroux, durante un mitin político. Nos encontramos ante un político con mala fama. Su nombre equivale, en nuestro imaginario, a demagogia –sería lo que hoy denominamos “populista”– y corrupción. Su figura, de todas formas, está lejos de suscitar acuerdo. Unos destacan los aspectos más controvertidos de su personalidad, otros prefieren hacer hincapié en su centrismo. Durante los años treinta, Lerroux estaba muy lejos de ser el político izquierdista y anticlerical de su juventud. Con los años, se había vuelto moderado y propugnaba una democracia liberal y burguesa. Descontento con el progresismo del primer bienio (1931-1933), se propuso centrar la República. En 1932, en la plaza de toros de Madrid, pronunció un discurso en el que abogó por la prudencia en cuestiones tan importantes como la relación con la Iglesia, convencido de que el gobierno había tensado la cuerda demasiado, o la reforma agraria, que a su juicio debía ser la obra de varias generaciones, no un proyecto que se acometiera con urgencia. En su opinión, la izquierda se proponía realizar reformas con un estilo que no era el correcto: “El fracaso suele consistir (…) en la falta de ductilidad, en la falta de oportunidad, si queréis hasta en la falta de cordialidad”. La realidad del gobierno de Lerroux Con un deseo evidente de llegar a la presidencia del gobierno, pronto tuvo la ocasión. La CEDA ganó las elecciones de 1933, aunque sin mayoría absoluta. El presidente de la República, Alcalá-Zamora, no quiso encargar la formación del gabinete a un político como Gil Robles, de cuestionable lealtad al régimen. Prefirió a Lerroux, el segundo más votado, porque este sí poseía credenciales republicanas. La aproximación del centro a la derecha tenía que haber estabilizado la República. Sucedió todo lo contrario. Nigel Townson, en La República que no pudo ser (Taurus, 2012), apunta que la CEDA, al incrementar su poder, se volvía más reaccionaria en lugar de más moderada. El Gobierno provisional de la Segunda República, presidido por Niceto Alcalá Zamora. De izquierda a derecha: Manuel Azaña (segundo por la izquierda), Álvaro de Albornoz, Alcalá Zamora, Miguel Maura y Gamazo, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Rios, Alejandro Lerroux y Santiago Casares Quiroga. / El Gobierno provisional de la Segunda República, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Alejandro Lerroux es el tercero por la derecha Terceros Dentro del Partido Radical surgieron voces disconformes con el rumbo que se seguía. La amnistía que impulsó Lerroux, que benefició al general Sanjurjo, el golpista de 1932, fue bien recibida en los círculos conservadores, pero sentó muy mal en otros ambientes. Muchos se escandalizaron de que la República perdonara a la misma gente que había intentado acabar con ella. Según Townson, el Partido Radical se mantuvo fiel, en lo esencial, a su ideario centrista, y demostró que se podía obligar a la derecha a llegar a acuerdos. El problema, para el hispanista británico, procedía de la incapacidad de los de Lerroux para llevar este proceso lo bastante lejos: “A cambio de su colaboración, los radicales debieron haber exigido un compromiso con los principios democráticos fundacionales del régimen”. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la apertura a la derecha se hizo con el sacrificio de la unidad interna de los radicales. Para Diego Martínez Barrio, una de sus figuras más prominentes, Lerroux había abandonado el centrismo en beneficio del sectarismo derechista. Martínez Barrio era masón y, como muchos de sus compañeros en las logias, no podía entender la alianza con una fuerza, la CEDA, que se distinguía por un fuerte sentimiento antimasónico. Cuesta abajo La situación se volvió explosiva cuando, meses después, en octubre de 1934, tres ministros cedistas entraron en el gobierno. Para la izquierda, estaba claro que no se proponían otra cosa que dinamitar el sistema desde dentro. Como reacción, estallaron dos importantes rebeliones, una en Catalunya, fácilmente sofocada, y otra en Asturias, donde se alcanzó un importante nivel de violencia. Según el historiador Andrés de Blas Guerrero, la intervención de Lerroux evitó una represión desproporcionada, con excepción de los primeros momentos de caos. Aunque era un orador excelente, el caudillo radical no supo utilizar esta cualidad para defenderse cuando estalló el escándalo del estraperlo. Sus intervenciones en el Congreso, para Blas Guerrero, fueron “breves, pobres y poco eficaces”. El citado especialista considera que el affaire constituyó, en realidad, un asunto menor. No podía compararse con otros casos de la historia española ni con los grandes escándalos de la III República francesa. En la práctica, sin embargo, se generó una polémica formidable. Francesc Cambó, el líder del catalanismo conservador, asistió con disgusto a algo que le parecía una especie de caza de brujas: “Si ha de bastar con que cualquiera en el Parlamento o fuera del Parlamento, formule una acusación por hechos presentes o pretéritos, que afecte a personas que están o hayan estado en el Gobierno, para que se constituya una comisión investigadora, llegaremos fatalmente al Comité de Salud Pública”. Cambó aludía a una institución que simbolizaba el periodo más radical de la Revolución Francesa, el Terror, en el que se perseguía a los opositores políticos sin contemplaciones. Pero algo más terrible que las guillotinas de 1793 iba a desencadenarse en 1936 con el estallido de la Guerra Civil. Lerroux, consciente por sus muchos contactos de que algo se preparaba, se marchó a Portugal. Hizo bien. En el bando republicano, los izquierdistas le acusaban de la represión en Asturias y saquearon su domicilio en Madrid. Los sublevados también le odiaban, en su caso porque no era lo bastante de derechas y no dejaba de simbolizar a la detestada República. De ahí que vandalizaran su residencia en el pueblo segoviano de San Rafael. En aquellas circunstancias dramáticas, el viejo jefe radical buscó, sobre todo, sobrevivir. El hecho de haber presidido el gobierno republicano no le impidió manifestar sus simpatías por unos rebeldes en los que veía la representación de la voluntad nacional. Los verdaderos sublevados, a su entender, no eran ellos, sino unos republicanos que no se habrían ajustado a la ley. Franco, sin embargo, no le prestó la mayor atención. Entre otros motivos, porque era un antimasón furibundo y Lerroux se había distinguido como miembro de la masonería. Lo más que hizo fue permitirle que regresara a España en los años cuarenta. En palabras de Blas Guerrero, la claudicación ante la dictadura “era el final, no por comprensible menos desairado, que el destino había deparado al viejo luchador”. |
Un mar de ruinas: los medios de comunicación y su retrato de la revolución de octubre de 1934. October 8, 2024 Hace más de noventa años, el 8 de septiembre de 1934, un discurso sacudió España. El líder ideológico de la CEDA –Confederación Española de Derechas Autónomas–, José María Gil-Robles, voceaba desde el Santuario de Covadonga sus anhelos gubernamentales. El 19 de noviembre de 1933 la CEDA había ganado las elecciones generales, pero había sido el Partido Radical de Alejandro Lerroux el encargado de formar gobierno. Para Gil-Robles, en septiembre del 34 ser un mero apoyo táctico escapaba a su deseo, ya inminente, de participar operativa y decisivamente en la Administración. Lo consiguió un mes después, cuando Lerroux incluyó a tres ministros de la CEDA en su nuevo Gobierno, responsables de Justicia, Agricultura y Trabajo. Esto provocó la mayor movilización obrera vista hasta la fecha, un movimiento huelguístico e insurreccional que se levantó frente al gobierno de derechas. Los inicios de la desinformación del 34 La Revolución de octubre de 1934 suele apellidarse “de Asturias” porque fue donde más impacto y duración tuvo. Dentro de la región, su génesis se focalizó en Mieres y su repercusión social en Oviedo. No fue esta, sin embargo, su única geografía. Hubo movilizaciones en Cataluña, Madrid, Castilla, León. Además, los episodios orquestados en el norte, entre el 5 y el 18 del citado mes, provocaron una segunda revolución: la mediática. Algunos medios nacionales fieles a la derecha política contribuyeron a maquetar la idea de una insurrección que rescataron, convenientemente, durante la posterior guerra civil española. Periódicos, revistas ilustradas y seminarios gráficos de actualidad le dedicaron crónicas, pequeños artículos y reportajes a doble página. Las cabeceras miraban al norte del país y repetían la misma cantina visual, la de la destrucción. Mientras tanto, si consultamos las hemerotecas históricas, vemos cómo los diarios regionales fueron suspendidos durante los principales días del conflicto. La sociedad asturiana estaba, por tanto, a merced de la desinformación. Tanto que la resistencia en Oviedo fue una víctima colateral de esta falta de noticias: el 14 de octubre se creía aún en el desarrollo de una revolución a escala nacional, cuando, a excepción de algunas zonas del norte del país, por esas fechas ya se habían ahogado todos los levantamientos. Tras la vuelta a las redacciones, a los pequeños cuadernos de anotaciones rápidas, máquinas de escribir y cámaras fotográficas de los ya conservadores El Carbayón, La Voz de Asturias y Región se sumaron los vecinos de la villa marinera de Gijón: El Comercio, La Prensa y El Noroeste –camaleónico éste último entre su apoyo al reformismo melquiadista y un supuesto progresismo–: los medios retrataron Asturias como un mar de ruinas, con especial énfasis en la capital vetusta. Las noticias que llenaron portadas durante algunas semanas en las cabeceras de gran tirada nacional ocuparon meses, e incluso años, en los talleres tipográficos de la región. Su exposición se ejecutó en varias escalas de acción, y evolucionó de lo mediático a lo cinematográfico e, inclusive, turístico. La pena de ser asturiano. En octubre y noviembre de 1934, los titulares de la prensa regional destacaban la pena, la indignación y la miseria que suponía sentirse asturiano, porque lo ocurrido no era español . Se tildó de antipatriótico a todo aquel vinculado con la revolución. No había apenas retratos; a sus protagonistas se les representaba con las huellas dejadas a su paso. En Oviedo, manzanas enteras de la calle Uría, numerosas construcciones eclesiásticas, el Hotel Inglés, la universidad, el Teatro Campoamor y hasta la Casa del Pueblo, sede del diario socialista Avance, se habían transformado en escombros. Todos, según se dijo, pasto del bando revolucionario. Hoy en día conocemos que algunos de estos desmanes –como el incendio en el edificio de la universidad– que se atribuyeron a los revolucionarios podrían no haber sido de su autoría, sino de las fuerzas represoras. La “Asturias leal” A finales de octubre, los vecinos de Oviedo recibieron la visita de sus ministros, quienes habían llegado a Asturias para comprobar tamañas destrucciones. Haciendo propaganda, jugaron a la esperanza, a la recomposición del país, la reconquista de la Patria o, al menos, su salvaguarda de una ideología que el Gobierno consideraba negativa. Los medios conservadores aprovecharon la situación para reconquistar esas ruinas. Modificaron la terminología, para indicar que las destrucciones no eran solo asturianas, sino también heridas hechas a España. La reconstrucción de Asturias se convirtió en urgencia nacional. Una vez asegurada la “Asturias leal” pero manteniendo aún el odio hacia los protagonistas revolucionarios, Acción Popular –partido integrado en la CEDA– deseaba posicionarse como el salvador de la situación. El diario Región relataba frecuentemente las continuas partidas de ropas y alimentos desde la generosidad española para el socorro de los damnificados. La destrucción se volvió cotidiana y banal, parte del día a día. Los restos de los edificios se transformaron en un elemento turístico de la capital asturiana. Mantener con andamios buena parte del arruinado perfil ovetense quizás fue una estrategia, nunca criticada desde la prensa, para recordar algo que no querían que fuese olvidado. El primer aniversario. La desinformación, los rumores, la desconfianza y, finalmente, el caso del estraperlo al que se vio arrastrado destruyeron la idea pública de Alejandro Lerroux en octubre de 1935. Sin embargo, ese mes en el que estuvo sumido en el escándalo no incluyó apenas imágenes periodísticas del político. Más bien, los diarios regionales distrajeron al público con fotografías del primer aniversario revolucionario, y se reutilizaron e intercalaron varias escenas de octubre del 34 con retratos de los honorables desfiles a los héroes militares. El periódico ovetense El Carbayón arrancó 1936 mencionando la revolución e indicando –con la vista puesta en las elecciones generales– la reconstrucción vetusta. Tanto esta publicación como Región relacionaban constantemente estas obras con la candidatura de Acción Popular, sin que el partido tuviese en ningún momento la potestad en la reconstrucción, buscando generar una relación de conceptos en la mente de los lectores. Sin embargo, los vecinos de la ciudad continuaban con sus calles andamiadas y arruinadas más de un año después. Tras el triunfo del Frente Popular, se empezó a hablar de las víctimas de la represión de la revolución, hasta entonces opacadas por la existente censura previa de imprenta. No todos los medios cubrieron estas historias, sino solo aquellos más afines a la izquierda, como el diario Avance (que incluso había visto cómo su publicación se suprimía en algunos momentos o se censuraba). Así, se habló de la muerte de la joven militante comunista Aida LaFuente, de los Mártires del Carbayín, detenidos y asesinados en la represión posterior a la revolución, y del periodista asesinado Luis de Sirval, entre otros. Esta otra visión convirtió a Asturias y su historia reciente en un lugar mitológico, mártir y víctima de la propaganda en diferentes sentidos. Más adelante, la Guerra Civil incrementó aun más esta leyenda. Franco reutilizó durante el combate la imagen de una Asturias rebelde que debía ser reconquistada. En 1937 se inició la última ofensiva sublevada en Asturias que dio lugar, meses después, a la caída del Frente Norte. Desde entonces, ha sido común el empleo de Asturias como escenario propagandístico, tanto durante la dictadura como en casos posteriores. La idea de la revolución cada vez está más desdibujada y más mitificada. Pero ni una ni la otra suponen una lectura correcta sobre lo ocurrido hace exactamente 90 años. |
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.svg.png) Primer bienio o bienio social-azañista (1931-1933) El primer bienio o bienio social-azañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional. Su propósito era modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. Segundo bienio o bienio radical-cedista (1934-1936)
El segundo bienio, llamado radical-cedista, rectificador o conservador, o también «bienio negro» según las izquierdas, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el parlamento y luego participando en el gobierno. Precisamente la entrada de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 desencadenó el hecho más importante del periodo: la Revolución de 1934, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT) aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del ejército (Revolución de Asturias). A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio (con los dos gobiernos presididos por Manuel Azaña), el segundo fue un periodo en que los gobiernos presididos por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de tres meses de vida (se formaron ocho gobiernos en dos años) y se turnaron tres presidentes distintos (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta), y aún duraron menos los dos últimos gobiernos del bienio, los presididos por el «centrista» Portela Valladares. Los gobiernos radicales de Alejandro Lerroux y Ricardo Samper (diciembre de 1933-octubre de 1934) El resultado de las elecciones de noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres (6 800 000 censadas), fue la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas y el triunfo de la derecha y del centroderecha, debido fundamentalmente a que los partidos de esa tendencia se presentaron unidos formando coaliciones, mientras que la izquierda se presentó dividida. La coalición de la derecha no republicana obtuvo en torno a los 200 diputados (de los cuales 115 eran de la CEDA), mientras que el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 diputados (102 el Partido Republicano Radical), y la izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios (59 el PSOE). Se había producido un vuelco espectacular respecto de las Cortes Constituyentes. El reparto de votos fue el siguiente: de los 8 535 200 votos emitidos, 3 365 700 fueron para partidos de derechas, 2 051 500 para partidos de centro y 3 118 000 para los partidos de izquierda. El líder del Partido Radical Alejandro Lerroux recibió el encargo del presidente de la república Alcalá-Zamora de formar un gobierno «puramente republicano», pero para conseguir la confianza de las Cortes necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA, que quedó fuera del gabinete (siguió sin hacer una declaración pública de adhesión a la República), y de otros partidos de centro-derecha (los agrarios y los liberal-demócratas que entraron en el Gobierno con un ministro cada uno) «Respaldado por su triunfo electoral José María Gil Robles se dispuso a llevar a la práctica la táctica [de tres fases] enunciada dos años antes: prestar su apoyo a un Gobierno presidido por Lerroux y dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno para recibir más tarde el encargo de presidirlo». El apoyo de la CEDA al gobierno de Lerroux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por los carlistas como una «traición» por lo que iniciaron los contactos con la Italia fascista de Mussolini para que les proporcionara dinero, armas y apoyo logístico para derribar a la república y restaurar la monarquía. Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una «traición a la República» el pacto radical-cedista e intentaron que el presidente de la república convocara nuevas elecciones antes de que llegaran a constituirse las Cortes recién elegidas. Los socialistas del PSOE y UGT fueron aún más lejos y acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno. La pretensión del gobierno de Lerroux era «rectificar» las reformas del primer bienio, no anularlas, con el objetivo de incorporar a la república a la derecha «accidentalista» (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario. El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía (uno de los tres puntos del «programa mínimo» de la CEDA, y que también figuraba en el programa electoral del Partido Republicano Radical) que suponía la excarcelación de todos los implicados en el golpe de Estado de 1932 (la Sanjurjada). El problema que se planteó fue la oposición del presidente de la república Niceto Alcalá-Zamora a la ley y Lerroux al constatar que había perdido la confianza del presidente presentó la dimisión. La solución a la crisis fue encontrar un nuevo dirigente radical que presidiera el gobierno. Fue el valenciano Ricardo Samper. El primer problema al que tuvieron que hacer frente los gobiernos radicales fue la insurrección anarquista de diciembre de 1933 que como las dos anteriores del primer bienio también resultó un completo fracaso. El balance de los siete días de la insurrección fue de 75 muertos y 101 heridos, entre los insurrectos, y 11 guardias civiles y 3 guardias de asalto muertos y 45 y 18 heridos, respectivamente, entre las fuerzas de orden público. En cuanto a las reformas del primer bienio, la reforma militar de Azaña se mantuvo aunque los gobiernos radicales imprimieron a su gestión una orientación marcadamente contraria de la etapa de Azaña, intentando atraerse a los militares descontentos. Respecto de la «cuestión religiosa», el gobierno de Lerroux aprobó un proyecto de ley por el que los clérigos que trabajaban en parroquias de menos de 3000 habitantes y que tenían más de 40 años en 1931, recibirían dos tercios de su sueldo de 1931. Pero cuando el Gobierno lo llevó al Parlamento en enero de 1934 la izquierda lo acusó de poner en práctica una política «antirrepublicana». La segunda medida que tomó el gobierno de Lerroux fue prorrogar el plazo de cierre de los colegios religiosos, que en la enseñanza primaria estaba previsto para diciembre de 1933, hasta que se hubieran construido las escuelas públicas suficientes para acoger a todos los alumnos de las escuelas de la Iglesia católica. Sin embargo, los gobiernos radicales fracasaron en su intento de alcanzar un acuerdo con la Santa Sede, porque este exigió la revisión de la Constitución de 1931. En cuanto a la «cuestión social» las reformas sociolaborales de Largo Caballero fueron parcialmente «rectificadas» bajo la presión de las organizaciones patronales, sin embargo la «contrarreforma laboral» que demandaban los empresarios no se llevó a cabo porque los sindicatos aún conservaron una gran capacidad de movilización lo que se tradujo en una creciente oleada de huelgas a lo largo de 1934, que por primera vez desde la proclamación de la república eran convocadas por comités conjuntos de UGT y CNT.  Respecto de la «cuestión agraria», el ministro Cirilo del Río Rodríguez, respetó el ritmo previsto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por lo que en 1934 se asentaron más campesinos que durante todo el bienio anterior, expropiándose el cuádruple de propiedades, aunque la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934 le devolvió a la nobleza «grande de España» una parte de las tierras que le había confiscado el gobierno de Azaña por la implicación de algunos de sus miembros en la Sanjurjada. Pero el objetivo principal de su política era desmontar el «poder socialista» en el campo, para lo que anuló o modificó sustancialmente los decretos agrarios del Gobierno Provisional. Además, en febrero de 1934 no se prorrogó el Decreto de Intensificación de Cultivos por lo que unas 28 000 familias fueron desalojadas de las parcelas que cultivaban en fincas que mantenían tierras incultas. La derogación de facto del decreto de Términos Municipales y la reforma de los Jurados Mixtos agrarios (cuyos presidentes nombrados por el gobierno se inclinaron cada vez más a favor de los patronos) les permitió a los propietarios volver a gozar de una casi completa libertad de contratación de los jornaleros que necesitaran y poder tomar represalias contra sus organizaciones. Como consecuencia de todo ello los salarios agrícolas, que habían aumentado durante el primer bienio, volvieron a caer. Esta política de «descuaje del poder socialista» en el campo obedecía a la ofensiva de los propietarios rurales que habían interpretado la victoria de la derecha y del centro derecha en las elecciones de noviembre como un triunfo sobre los jornaleros y los arrendatarios. Algunos de ellos utilizaban la expresión «¡comed República!» cuando los jornaleros les pedían trabajo o cuando desalojaban a los arrendatarios. La respuesta sindical fue la convocatoria por parte de la FNTT de una huelga general de jornaleros del campo para comienzos de junio, aun sin contar con la aprobación de la ejecutiva nacional de UGT (que estaba preparando una huelga general revolucionaria de ámbito nacional). El gobierno acabó apoyando la línea dura del ministro de la Gobernación Salazar Alonso que consideró la huelga un «movimiento revolucionario» y declaró de «interés nacional» la recogida de la cosecha, dando instrucciones para que se impidiera la actuación de las organizaciones campesinas. Así «la mayor huelga agraria de la historia» dio lugar a una represión sin precedentes en la República. Hubo más de 10 000 detenciones y unos 200 ayuntamientos de izquierda fueron destituidos y sustituidos por gestores de derechas nombrados por el gobierno. Los enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas de orden público (y con los esquiroles) causaron trece muertos y varias decenas de heridos. Como consecuencia de la desmedida actuación de Salazar Alonso el sindicalismo agrario fue prácticamente desmantelado. En cuanto a la «cuestión regional», los gobiernos del Partido Republicano Radical neutralizaron el impulso estatutario propio del Estado integral definido en la Constitución de 1931 (que según la CEDA suponía un peligro de «desintegración de la patria»), lo que provocó graves tensiones allí donde los procesos de autonomía ya estaban en marcha, como en Cataluña y en el País Vasco.[149] La tramitación del Estatuto de Autonomía del País Vasco fue paralizada y el 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes en señal de protesta. En el verano de 1934 surgió otro conflicto en torno al Concierto Económico vasco lo que provocó una rebelión institucional de los ayuntamientos que convocaron unas elecciones (sin la aprobación de las Cortes) con el fin de nombrar una Comisión que negociara la defensa del Concierto Económico y que el gobierno intentó impedir por todos los medios (detuvo y procesó a más de mil alcaldes y concejales y sustituyó a numerosos ayuntamientos por comisiones gestoras gubernamentales).El día 2 de septiembre los parlamentarios vascos celebraron una asamblea en Zumárraga en solidaridad con los municipios. El conflicto con la Generalidad de Cataluña fue a propósito de la promulgación el 14 de abril de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán, que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos (rabassaires) la compra de las parcelas tras cultivarlas durante quince años. Los propietarios protestaron y consiguieron con el apoyo de la Lliga Regionalista que el Gobierno llevara la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional. La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados de los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de ese momento el gobierno Samper intentó negociar con el de la Generalidad a lo largo del verano para intentar llegar a un acuerdo, pero la CEDA lo acusó de falta de energía en la «cuestión rabassaire» y acabó retirándole su apoyo, lo que abriría la crisis de octubre de 1934. La Revolución de octubre de 1934 Después del anuncio de la CEDA de que retiraba el apoyo parlamentario al gobierno de Ricardo Samper y exigía la entrada en el mismo, dimitió el Gobierno y el presidente de la república Niceto Alcalá Zamora propuso a Alejandro Lerroux de nuevo como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA. En cuanto se hizo pública la composición del nuevo gobierno los socialistas cumplieron su amenaza de que desencadenarían la «revolución social» si la CEDA accedía al gobierno y convocaron la «huelga general revolucionaria» que comenzaría a las 0:00 horas del día 5 de octubre. «Nada sería igual después de octubre de 1934». La radicalización de los socialistas se debió a que desde su «expulsión» del gobierno en septiembre de 1933 y especialmente tras la derrota en las elecciones de noviembre de 1933, abandonaron la «vía parlamentaria» para alcanzar el socialismo y optaron por la vía insurreccional para la toma del poder. «Esa decisión se vio reforzada por el activismo de las juventudes socialistas y por los acontecimientos de febrero de 1934 en Austria, cuando el canciller socialcristiano [el equivalente de la CEDA española] Dollfuss aplastó una rebelión socialista bombardeando los barrios obreros de Viena, acontecimientos interpretados por los socialistas españoles como una advertencia de lo que podía esperarles en caso de que la CEDA llegara al gobierno». El sector socialista que decidió el cambio de estrategia fue el encabezado por Francisco Largo Caballero, que desde enero de 1934 acumulaba los cargos de presidente del PSOE con el de secretario general de la UGT, además de ser el líder más aclamado por las Juventudes Socialistas. La anunciada «huelga general revolucionaria» se inició el día 5 de octubre y fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades (no así en el campo, que acababa de salir de su propia huelga), pero la insurrección armada quedó reducida, salvo en Asturias, a algunos tiroteos y ninguna población importante quedó en poder de los revolucionarlos. En el País Vasco, donde los nacionalistas no secundaron el alzamiento, la huelga se mantuvo en algunos puntos hasta el 12 de octubre y los enfrentamientos armados más duros se produjeron en la zona minera de Vizcaya. Murieron al menos 40 personas, en su mayoría huelguistas abatidos por los guardias. En Éibar y Mondragón las acciones violentas de los insurrectos causaron varias víctimas, entre ellas un destacado dirigente tradicionalista y diputado Marcelino Oreja. Sin conexión alguna con la huelga insurreccional socialista, el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys proclamó «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española» hacia las 8 de la tarde del sábado 6 de octubre, como una medida contra «las fuerzas monárquicas y fascistas... que habían asaltado el poder». A continuación Companys invitaba a la formación de un «Gobierno Provisional de la República» que tendría su sede en Barcelona. Pero la rebelión catalana, falta de toda planificación y del apoyo de la principal fuerza obrera de Cataluña, la CNT, fue rápidamente dominada el día 7 de octubre por la intervención del Ejército encabezado por el general Domingo Batet, cuya moderada actuación evitó que hubiera muchas más víctimas (murieron ocho soldados y treinta y ocho civiles). El Presidente y los Consejeros de la Generalidad fueron encarcelados y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 fue suspendido (aunque la derecha monárquica exigía su derogación definitiva). En Asturias, a diferencia del resto de España, sí se produjo un auténtico conato de revolución social: el «Octubre Rojo». Las razones de la «diferencia asturiana» hay que buscarlas en que allí la CNT sí se sumó a la Alianza Obrera propuesta por la organización obrera socialista (PSOE-UGT), hegemónica en Asturias (el Partido Comunista de España se incorporó muy tardíamente después de haber combatido la Alianza durante meses), y en que la insurrección fue preparada minuciosamente, con convocatorias de huelgas generales previas, y el aprovisionamiento de armas y de dinamita obtenidas mediante pequeños robos en las fábricas y en las minas, además del adiestramiento de grupos de milicias. Durante cerca de dos semanas las milicias obreras integradas por unos 20.000 obreros, en su mayoría mineros, se hicieron con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal y a continuación se apoderaron de Gijón y de Avilés y entraron en la capital Oviedo, aunque no pudieron ocuparla completamente (en el centro de la ciudad se produjeron violentos combates entre las fuerzas del orden y los revolucionarios). Un «comité revolucionario», dirigido por el diputado socialista Ramón González Peña, coordinó los comités locales que surgieron en todos los pueblos y trató de mantener el «orden revolucionario», aunque no pudo impedir la ola de violencia que se desató contra propietarios, personas de derechas y religiosos. De estos últimos fueron asesinados 34 (algo que no ocurría en España desde 1834-1835), además de ser incendiadas 58 iglesias y conventos, el palacio episcopal, el Seminario y la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, que fue dinamitada. Para dominar la «Comuna Asturiana» el gobierno tuvo que recurrir a las tropas coloniales (legionarios y regulares procedentes de África, al mando del coronel Yagüe), mientras que desde Galicia alcanzaba Oviedo una columna al mando el general Eduardo López Ochoa. Toda la operación estaba siendo dirigida desde Madrid por el general Franco, por encargo expreso del ministro de la guerra Diego Hidalgo. El día 18 de octubre los insurrectos se rendían.El balance de víctimas fue de unos 1100 muertos y 2000 heridos entre los insurrectos, y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército. La derecha española (tanto la monárquica de Renovación Española, como la «accidentalista» de la CEDA) interpretó la Revolución de Octubre como una obra de la «Anti-España», de la «anti-patria», en una visión «mítico-simbólica» en la que se identificaba el Bien con la Patria, España, que era definida según los valores y las ideas de la derecha. Esta idea de España se concretaba en la relación con el Ejército, como lo expresó el líder de Renovación Española José Calvo Sotelo en un discurso célebre en que dijo que el ejército era la «columna vertebral de la patria». En cambio la acción represiva de las tropas que sofocaron la sublevación fue apenas mencionada por los partidos de derechas o por su prensa, como ABC o El Debate. Además la derecha antirrepublicana aprovechó la insurrección de las izquierdas para incitar a una «revolución auténtica y salvadora para España». Así pues, «Octubre reafirmó en la derecha, y especialmente en los monárquicos, la convicción de que si el Estado había reaccionado esta vez a tiempo, no había sido por la eficacia de las instituciones políticas [democráticas republicanas], sino por la determinación de las Fuerzas Armadas de actuar rápida y contundentemente. El Ejército —«columna vertebral de la patria, le llamó entonces José Calvo Sotelo— constituía así la última garantía, la reserva de las fuerzas tradicionales frente al cambio revolucionario, que el régimen parlamentario parecía incapaz de conjurar». La represión gubernamental de la Revolución de Octubre fue muy dura. Se hicieron unos treinta mil prisioneros en todo el país y, especialmente, las cuencas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión militar, primero (hubo ejecuciones sumarias de presuntos insurrectos), y de la guardia civil, después, encabezada esta última por el comandante Lisardo Doval, que sería trasladado por orden del gobierno. Hubo torturas a los detenidos a causa de las cuales murieron varios de ellos. Asimismo fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierdas, entre ellos el comité revolucionario socialista encabezado por Francisco Largo Caballero, y los tribunales militares dictaron veinte penas de muerte aunque solo se ejecutaron dos, gracias a que el presidente de la república Niceto Alcalá Zamora las conmutó por cadena perpetua, resistiendo la presión de la CEDA y de Renovación Española que reclamaban una represión mucho más dura. También fue detenido el expresidente del gobierno Manuel Azaña en Barcelona, a donde había ido para asistir al entierro de un amigo, acusado injustamente de haber participado en la insurrección catalana. Inicialmente fue internado en el barco «Ciudad de Cádiz», anclado en el puerto de Barcelona y requisado por el gobierno como prisión, y después pasó a estar recluido en dos buques de la Armada republicana, donde recibió cada día cientos de cartas y de telegramas de solidaridad y apoyo. Incluso un grupo de intelectuales firmó una carta abierta al Gobierno denunciando la «persecución» de que estaba siendo objeto Azaña. Finalmente, el 24 de diciembre, el Tribunal Supremo desestimó por falta de pruebas la acusación contra Azaña y ordenó su inmediata puesta en libertad. La detención dudosamente legal de Azañá había durado noventa días. Los gobiernos radical-cedistas (octubre de 1934-diciembre de 1935) A pesar de que para la izquierda el fracaso de la Revolución de Octubre, de la que tanto socialistas como anarquistas salieron escindidos y muy debilitados, supuso abandonar la «vía insurreccional», «Octubre» hizo aumentar en la derecha su temor a que en un próximo intento la «revolución bolchevique» (como ellos la llamaban) acabara triunfando. acentuó su presión sobre su socio de gobierno, el Partido Radical, para llevar adelante una política más decididamente «antirreformista» («contrarrevolucionaria» decían ellos), lo que no dejó de producir crecientes tensiones entre el centro-derecha republicano y la derecha católica «accidentalista» de la CEDA y el Partido Agrario (jaleada desde fuera por la derecha monárquica y por los fascistas). Y en última instancia «Octubre» convenció a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el «giro autoritario» que el régimen necesitaba. La derrota de la Revolución de Octubre había mostrado el camino: bastaba con provocar continuas crisis de gobierno para avanzar posiciones. La crisis más grave que provocó la CEDA se produjo a principios de abril de 1935, cuando los tres ministros de su partido se negaron a aprobar la conmutación de la pena de muerte de dos de los dirigentes socialistas de la «Revolución de Asturias» (los diputados Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez). Lerroux buscó una salida formando un gobierno que dejara fuera a la CEDA pero el gobierno que formó no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar lo que le obligó finalmente a aceptar las exigencias de la derecha: la CEDA pasaría de tres a cinco ministros, uno de ellos el propio líder de la CEDA, José María Gil Robles, que exigió para sí mismo el Ministerio de la Guerra. Así en el nuevo gobierno de Lerroux formado el 6 de mayo de 1935 la mayoría ya no la tenían los republicanos de centro-derecha, sino la derecha no republicana (la CEDA y el Partido Agrario). «Comenzó entonces de verdad la «rectificación» de la República, con los radicales, que habían roto todos los puentes posibles con los republicanos de izquierda y los socialistas, sometidos a la voluntad de la CEDA y a las exigencias revanchistas de los patronos y terratenientes». En relación con la «cuestión agraria», se puso fin a la política reformista puesta en marcha desde octubre de 1934 hasta abril de 1935 por el cedista liberal Manuel Giménez Fernández (cuyo proyecto más ambicioso había sido la Ley de Yunteros que prorrogaba la ocupación de tierras por los campesinos extremeños, por lo que fue tildado de «bolchevique blanco» por las organizaciones de propietarios y por sus propios compañeros de partido), y el nuevo ministro de Agricultura Nicasio Velayos Velayos, miembro del Partido Agrario y gran terrateniente, inició inmediatamente una política claramente «contrarreformista». Lo primero que hizo al ocupar el ministerio fue no renovar la Ley de Yunteros por lo que miles de familias se vieron expulsadas inmediatamente de las tierras que cultivaban, y a continuación el 3 de julio presentó la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria, que fue aprobada el 1 de agosto de 1935, y que supuso la congelación definitiva de la reforma iniciada en el primer bienio. Asimismo, las organizaciones socialistas de jornaleros quedaron completamente desmanteladas, los jurados mixtos en el campo dejaron de funcionar y más de 2000 ayuntamientos socialistas y republicanos de izquierda fueron sustituidos por comisiones gestoras nombradas por el gobierno. Todo ello se tradujo en un notable deterioro de las condiciones de vida de los jornaleros, que tuvieron que aceptar salarios más bajos si querían tener trabajo. Respecto de la «cuestión social», se puso en marcha una «contrarreforma socio-laboral». Se suspendieron los Jurados Mixtos y se aprobó un decreto que declaraba ilegales las «huelgas abusivas» (las que no fueran estrictamente laborales o no contaran con autorización gubernativa). Miles de obreros fueron despedidos con el pretexto de haber participado en las huelgas de la Revolución de Octubre o simplemente por pertenecer a un sindicato. Las consecuencias de la «contrarreforma socio-laboral» fueron la congelación de los salarios, e incluso su disminución en determinados sectores, y el aumento de la jornada laboral en otros. Si a esto se le une el incremento del paro como consecuencia de la depresión económica se comprenderá la difícil situación que vivieron las clases trabajadoras en aquellos años. En cuanto a la «cuestión militar», Gil Robles acentuó la política iniciada por el ministro Diego Hidalgo de reforzar el papel de los militares de dudosa lealtad hacia la República. Así los más significados ocuparon los puestos clave en la cúpula militar: el general Fanjul, ocupó la subsecretaría del Ministerio; el general Franco, fue el jefe del Estado Mayor Central; el general Emilio Mola ocupó la jefatura del Ejército de Marruecos; el general Goded, la dirección general de Aeronáutica. Todos estos generales serán los que encabezarán la sublevación de julio de 1936 que inició la guerra civil española. En cambio los militares más fieles a la república fueron cesados de sus puestos y los oficiales considerados «izquierdistas» sufrieron represalias profesionales. Uno de los acuerdos pactados entre los cuatro partidos que formaban el nuevo gobierno de Lerroux (CEDA, Partido Agrario, Partido Republicano Liberal Demócrata y Partido Republicano Radical) formado en mayo de 1935 fue presentar un proyecto de «revisión» de la Constitución (que era el punto más importante del «programa mínimo» de la CEDA con el que se presentó a las elecciones). A comienzos de julio de 1935 llegaron a un principio de acuerdo y Lerroux presentó en las Cortes un anteproyecto que proponía el cambio o la supresión de 41 artículos pero los debates se eternizaron porque el anteproyecto no satisfacía plenamente a ningún partido. Estas desavenencias sobre el alcance de la reforma de la Constitución y la cuestión de la devolución a la Generalidad de Cataluña de algunas de las competencias que habían sido suspendidas con motivo de la Revolución de Octubre abrió una crisis en el gobierno. Lerroux fue sustituido en la presidencia del ejecutivo por un hombre de confianza del presidente de la república Alcalá Zamora, el financiero liberal Joaquín Chapaprieta, que mantuvo la alianza radical-cedista con Lerroux y Gil Robles en el gobierno, e incluyó un ministro de la Lliga Regionalista, para ampliar la base parlamentaria del mismo. Pero este gobierno, formado el 25 de septiembre, se vio afectado por el estallido del escándalo del estraperlo, que provocó la salida de Lerroux del gabinete el 29 de octubre y del resto de ministros radicales, y más tarde por el asunto Nombela que constituyó el golpe definitivo para el Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría. El hundimiento de los radicales convenció a Gil Robles de que había llegado el momento de poner en marcha la tercera fase de su estratega para alcanzar el poder y retiró el apoyo al gobierno de Chapaprieta, con el pretexto de su desacuerdo con el proyecto de reforma fiscal. El 9 de diciembre de 1935, el día en que se cumplían cuatro años de la Constitución de 1931 (por lo que a partir de ese momento no era necesaria la mayoría de 2/3 de los diputados para modificar la Constitución sino que era suficiente con la mayoría absoluta), exigió para sí mismo la presidencia del Gobierno. Pero el presidente de la república Alcalá Zamora se negó a dar el poder a una fuerza «accidentalista» que no había proclamado su fidelidad a la república y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza. Manuel Portela Valladares el 15 de diciembre formó un gabinete republicano de centro-derecha excluyendo a la CEDA, pero pronto se comprobó que esa opción no contaba con el suficiente respaldo en las Cortes y al final Alcalá Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936, la primera vuelta, y 1 de marzo, la segunda. Frente popular. El Frente Popular fue una coalición electoral española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero consiguió ganar las últimas elecciones de la Segunda República antes del golpe de Estado que desencadenaría la guerra civil. El Frente Popular no se presentó en Cataluña, donde una coalición equivalente llamada Front d'Esquerres, formada en torno a Esquerra Republicana de Catalunya, tomó su lugar. En Valencia también tomó el nombre de Front d'Esquerres. El Frente Popular no formó grupo parlamentario, sino que se articuló en diversas minorías parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes; ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta bien entrada la guerra civil, únicamente por los partidos republicanos de izquierda, bajo la presidencia, sucesivamente, de Manuel Azaña (que dejó la presidencia del Consejo para hacerse cargo de la Presidencia de la República en mayo de 1936), Santiago Casares Quiroga y José Giral. Con la constitución del primer gobierno de Francisco Largo Caballero en septiembre de 1936, y hasta el final de la guerra, los gobiernos de la República estuvieron integrados por representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres, así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los meses del gobierno en paz del Frente Popular —de febrero a julio de 1936— constituyen uno de los periodos de la historia de España que más atención han recibido y más controversias han suscitado. Muy frecuentemente el periodo ha sido presentado como el «prólogo» de la guerra civil, lo que conduce a la idea de que esta fue «inevitable». |
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uno de los grandes oradores de España, refleja una época importante de madre patria
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